La rebelión de alcaldes y la alarma de Chaves obligan a rectificar a Salgado

Todas las señales de alarma se encendieron en la dirección del PSOE y en la vicepresidencia tercera y de Política Territorial, dirigida por Manuel Chaves, cuando Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Getafe (PSOE), advirtió de la rebelión de muchos Ayuntamientos de toda España si se les cerraba el grifo del crédito hasta 2012. Pero, al final, después de movimientos en muchas direcciones, llamadas y presiones al máximo nivel durante todo el lunes, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, accedió a modificar el decreto de medidas contra el déficit, que se convalidará mañana en el Congreso. Los Ayuntamientos podrán solicitar créditos durante los siete meses que restan de 2010. Y a partir de ahora los alcaldes tratarán de que esta tregua se extienda a 2011, porque "las obras que empiezan en 2010 siguen el año siguiente", señalan en la FEMP.

Muchos alcaldes llamaron a ministros para frenar la propuesta

Aunque desde el Gobierno se ha intentado transmitir que solo se ha hecho una mera "corrección" a un "error", lo cierto es que esta nueva rectificación ha tenido un gran calado político. Otra vez. Y van demasiadas.

Al final todo se precipitó en una reunión celebrada en la sede federal del PSOE de Madrid. La cita empezó sobre las cinco de la tarde. Allí se volcaron todas las presiones y se multiplicaron las conversaciones, muchas por teléfono, para que al final, en torno a las once de la noche, la vicepresidenta económica accediera a modificar el decreto.

Chaves, que ya había alertado a Salgado del problema nada más aprobarse el decreto, volvió a comprobar la gravedad de la situación tras escuchar a alcaldes socialistas, entre ellos Pedro Castro, regidor de Getafe; Abel Caballero, de Vigo; Paz Fernández Felgueroso, de Gijón; Alejandro Soler, de Elche, y otros, junto a Antonio Hernando, responsable municipal del PSOE, y Octavio Granado, titular de Economía del PSOE y secretario de Estado de la Seguridad Social.

Desde su despacho, la secretaria de Organización, Leire Pajín, también hizo las llamadas al máximo nivel para favorecer la rectificación, mientras que en la reunión se hablaba de "situación de emergencia para los Ayuntamientos". Horas antes, en el Senado, donde comparecía el presidente de la Generalitat, José Montilla, Chaves advirtió de su preocupación a Pajín y al portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso. A Alonso porque éste era consciente de que esa medida ponía en peligro la convalidación del decreto con el resto de los ajustes, ya que CiU y el PNV pasarían de la abstención -aún no confirmada- al no. En esos momentos, muchos Ayuntamientos ya celebraban plenos extraordinarios para prepararse para la medida.

También decidió actuar el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, que advirtió por teléfono al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de la gravedad de esa medida.

En paralelo, muchos alcaldes llamaban a los miembros del Gobierno con los que tienen relación para frenar la propuesta. Se contactó con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega; el ministro de Fomento, José Blanco; el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; el titular de Industria y Comercio, Miguel Sebastián, y hasta el jefe del gabinete del Presidente, José Enrique Serrano. Tanto trabajo dio su fruto. Hubo rectificación. Por eso, Castro pudo acudir ayer tranquilo a la reunión de la FEMP. Se había parado el golpe.

"Estábamos muertos y ahora solo moribundos", admitió el portavoz del PP en la FEMP, Fernando Martínez Maíllo, presidente de la Diputación de Zamora. Martínez Maíllo avisó sobre la paralización de miles de proyectos si "desde hoy" se les impedía endeudarse con más créditos. El PP se quejó, a su vez, de que esta medida no se contó en el pleno del Congreso del 12 de mayo ni en el Consejo de Ministros en el que se aprobó el decreto con el ajuste. El presidente tampoco aludió a este recorte en el mitin del domingo de Elche ante alcaldes de su partido.