Un parapléjico y un abogado, detenidos como supuestos grapos
La Guardia Civil detuvo ayer a cinco personas en Madrid, Galicia y el País Vasco miembros de Socorro Rojo Internacional -SRI, una red de apoyo a presos comunistas y anarquistas-, a los que se acusa de pertenecer a los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO), una organización terrorista que se consideraba prácticamente extinta.
Entre los detenidos se encuentra el histórico abogado de terroristas de esta banda, Juan Manuel Olarieta, así como José Luis Fernández González, un grapo que quedó parapléjico en 1980 tras recibir un disparo en la espalda durante una persecución y que hasta el año pasado vendía cupones de la ONCE en Vigo.
Están acusados de integrar "la estructura legal" de la banda. Sus nombres estaban en la documentación incautada a la jefatura de la banda y a su único comando durante una operación desarrollada en junio de 2007 en Barcelona. Olarieta, Fernández, Fernando Cantabrana, Fernando Rodríguez Blanco y Carlos Cela Seoane (sus dos hermanos fueron condenados por pertenencia a los GRAPO) están acusados "actividades de propaganda, financiación, captación, proselitismo, formación, relaciones internacionales y obtención de información".
Socorro Rojo
Montserrat Pérez, la compañera de José Luis Fernández, un hombre muy popular como vendedor de los ciegos en Vigo, negó ayer cualquier relación con los GRAPO en la actualidad. "No le pueden acusar de nada, a no ser que se lo lleven por pensar como piensa". Pérez reconoció que ambos prestaban ayuda a los presos a través de Socorro Rojo. Según relató, les llevaban libros de ideología comunista, así como novelas y poesía que forman parte de los 8.000 volúmenes que atesoraban en su casa. La hija de la pareja, Iria Fernández, subrayó que la paraplejia severa que sufre su padre reduce considerablemente su margen de actuación: "Solo puede mover la cabeza y las manos, por lo que poco puede hacer en ese sentido".
SRI ha convocado para hoy una protesta contra las detenciones, al tiempo que niega cualquier relación de los detenidos con el terrorismo. Admite que recaudaban dinero, "pero no para los GRAPO, sino para las necesidades de los presos y presas políticos en las cárceles".
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