El pacto antitransfuguismo será ley antes de que acabe el año

El pacto contra el transfuguismo pasará a ser ley antes de que acabe el año, tras el acuerdo adoptado ayer por la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso. De este modo, los concejales que abandonen su grupo municipal o sean expulsados no pasarán al Grupo Mixto sino que pertenecerán a la categoría de no adscritos y, por tanto, no percibirán las subvenciones y beneficios derivados de su pertenencia a un grupo municipal.

Esta reforma, a propuesta del PSOE, se incluirá en la Ley para la modernización del Gobierno local, tras el pacto alcanzado el lunes por la noche entre el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, y los socialistas Álvaro Cuesta y Ángel Martínez Sanjuán, y que aprobará el pleno del Congreso en 15 días. Hasta el momento el pacto contra el transfuguismo, alcanzado por todos los partidos en 1998, sólo tenía el rango de compromiso político, pero no de obligación legal.

La pretensión de darle rango legal al acuerdo político es, según el Gobierno y el PSOE, contribuir a la regeneración de la vida municipal, tras los escándalos de transfuguismo suscitados tras las elecciones locales de mayo ya que "el abandono por parte de un representante político de la formación a través de la cual resulta elegido por los ciudadanos debilita la estabilidad en los ayuntamientos y deteriora los fundamentos del sistema democrático".

- Titularidad del grupo. También adquiere rango de ley que en los casos de transfuguismo, la titularidad del grupo municipal se la quedan los que siguen perteneciendo al grupo y no los tránsfugas. Así se evitaría lo sucedido en Marbella, en agosto, cuando la mayoría del grupo socialista abandonó el grupo y se llevó con él su titularidad.

- Mociones de censura. Asimismo, se obligará por ley a que las mociones de censura como las de confianza, realizadas en los ayuntamientos, sean públicas y se realicen mediante llamamiento nominal para que la transparencia garantice su limpieza.

- Grandes ciudades desde 75.000 habitantes.El Gobierno y el PSOE han decidido bajar el listón para que los municipios pasen a formar parte de la categoría de "grandes ciudades" que les otorga, una vez aprobada la ley, importantes atribuciones que refuerzan la figura del alcalde. Entre ellas figura la elección por parte de alcalde de una parte de su equipo de Gobierno sin necesidad de que los concejales hayan integrado las listas municipales así como la separación del gobierno municipal del pleno.

En el anteproyecto de ley tenían el rango de "grandes ciudades", previo al acuerdo de ayer, los municipios de más de 250.000 habitantes; las capitales de provincia de más de 200.000 habitantes y capitales de comunidad autónoma. Ahora lo serán todas las capitales de provincia lo que afecta, por ejemplo, a Albacete. "Con ello se evita la discriminación que suponía que Toledo, con menor población, fuera "gran ciudad" por ser capital de comunidad autónoma y Albacete, con más población, no lo fuera por tener menos de 250.000 habitantes".

También serán "grandes ciudades" los municipios de más de 75.000 habitantes que "presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales", esto es, desde localidades con mucha población veraniega, especialmente en las costas españolas, hasta otras como Elche. El único requisito para el municipio es que, tras solicitar formalmente la categoría de "gran ciudad", lo apruebe el Parlamento autonómico.

- Gobierno local. El acuerdo de ayer reduce el número de concejales no electos que puede nombrar el alcalde para integrar su equipo de gobierno en las "grandes ciudades". El proyecto original permitía un nombramiento de no electos hasta del 50% que, tras el acuerdo de ayer, se reduce a un tercio del total de miembros del equipo municipal.

- Carta de Barcelona. El acuerdo de ayer compromete al Gobierno a aprobar una ley específica para regular la capitalidad de Barcelona en la medida que los partidos aprobaron, en comisión, una cláusula que aclara que esta ley no se aplicará a la capital catalana. No obstante, los socialistas no lograron arrancar del Ejecutivo el compromiso de que en tres meses haya una ley específica para Barcelona que permitiría su aprobación en esta legislatura, antes de la disolución de las cámaras, lo que sí sucederá con la Ley de Modernización del Gobierno Local.