La oposición critica el atajo legal de Espinosa

La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, afirmó ayer que "no hay ninguna modificación" de la Ley de Costas, informa Efe. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Navegación Marítima, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre y actualmente en tramitación, modifica en su disposición final la Ley de Costas. Con la reforma, las concesiones otorgadas a las viviendas construidas sobre la playa antes de la ley de 1988 podrán venderse y comprarse. Hasta ahora, sólo se podían heredar y estaba prohibida, salvo excepciones, la venta.

La reforma, que no ha pasado por el Consejo de Estado, se tramitará en la Comisión de Justicia del Congreso (no la de Medio Ambiente) y no pasará por el pleno de la Cámara. Aunque el Gobierno defiende esa tramitación y afirma que es un cambio puntual, la oposición y los ecologistas cargaron ayer contra la decisión de Espinosa.

El portavoz de Medio Ambiente del PP, Carlos Floriano, arremetió contra "el trampeo" en la modificación de la ley: "La norma está ocasionando problemas a propietarios y constructores de buena fe y eso hay que arreglarlo. Pero no así, no de tapadillo en una ley que no es la de Costas y en otra comisión". El PP estudia si pide una reforma en toda regla de la ley. Según Floriano, hay que proteger las casas construidas legalmente antes de 1988 en dominio público, "ya que no es lo mismo que las construidas después de la ley a sabiendas de que no se podía ocupar la playa". Floriano añadió que "la ley se está aplicando a pueblos de pescadores pero no a ricos propietarios". Y concluyó: "Como con el agua, el Gobierno tampoco tiene un proyecto para la costa".

El diputado de ICV, Joan Herrera, anunció que pedirá la comparecencia de Espinosa ante el Congreso. "No son formas democráticas. Es un paso atrás muy grave que deberían explicar y luego corregir".

Los ecologistas también arremetieron contra la reforma. Ecologistas en Acción consideró que la tramitación es "una muestra de la cobardía ante la presión de los propietarios de viviendas en el dominio público" y que "favorece la especulación urbanística y la destrucción del litoral". Greenpeace y WWF/Adena afirmaron que supondrá "acabar con los esfuerzos de protección de costas de la anterior legislatura" y expresaron su "malestar" por no haber sido informados.