Del olvido de ETA a los permisos del Gobierno para salir de prisión

ETA aparcó a sus presos durante la negociación de la última tregua. Prefirió centrarse en sus reivindicaciones políticas históricas -la autodeterminación y la incorporación de Navarra al País Vasco- y dejar la política penitenciaria para una segunda fase que nunca llegó. Aquel fatídico 30 de diciembre de 2006 en el que la banda terrorista hizo estallar un coche bomba en el aparcamiento de la T-4 del aeropuerto de Barajas se dinamitó cualquier posibilidad de acuerdo sobre la reinserción de los reclusos. En el intento posterior, último, fugaz e inútil por reflotar el proceso de paz meses después, que se rompió definitivamente en junio de 2007, tampoco llegó a abordarse la cuestión.

El Gobierno comenzó hace dos años con su política de premios y castigos

Los presos llevan meses expectantes tras el comunicado anterior de ETA

A partir de entonces, con el alto el fuego hecho añicos, Interior pasó a la ofensiva en todos los frentes. También, y con especial dedicación, en el de makos, el penitenciario, endureciendo las condiciones de cumplimiento de los más radicales y suavizando las de los más favorables al final de la violencia. El Gobierno trataba así de aprovechar el descontento que la gestión del proceso de paz de los dirigentes de la banda -y su violento final- había generado en parte de los 750 miembros del colectivo de presos, que criticaron el olvido de la dirección de ETA sobre su situación durante las conversaciones. Romper la férrea disciplina impuesta al colectivo, de la que (casi) nadie se atrevía a apartarse, era una cuestión clave para debilitar a la banda.

El baile comenzó en noviembre de 2008. Instituciones Penitenciarias trasladó antes de fin de año a una decena de ex dirigentes y miembros destacados de la banda -como Francisco Mujika Garmendia, Pakito, miembro de la dirección entre 1987 y 1992; Iñaki de Rentería, Joseba Urrusolo Sistiaga, Valentín Lasarte o Carmen Gisasola, ex jefa del comando Vizcaya- a las prisiones de Villabona (Asturias) y Zuera (Zaragoza), cercanas al País Vasco, desde el sur de la península.

Todos ellos habían criticado la deriva de la banda terrorista y abogado por el fin de la violencia. El veterano Mujika Garmendia había suscrito cuatro años antes, en agosto de 2004, junto a otros históricos de la banda, una carta dirigida a la dirección de ETA en la que pedía el abandono de las armas. "Nunca nos hemos encontrado tan mal", reconocían. "En las actuales circunstancias, la lucha armada que desarrollamos hoy en día no sirve". Un año después fueron expulsados.

El malestar era mucho mayor en 2008 que en 2004, y el Gobierno aprovechó cada una de las fisuras dentro del colectivo en su estrategia antiterrorista. El goteo de traslados de disidentes no cesó. Pocos meses después estaban también en Zuera José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y Kepa Pikabea, dos históricos que llevaban años rechazando la violencia, ambos expulsados de la banda y también del colectivo de presos, que los apartó formalmente a comienzos de 2008 -aunque en realidad habían sido ellos quienes se habían desvinculado voluntariamente-. Txelis y Pikabea habían escrito una carta tras la ruptura del último proceso de paz en la que denunciaban la marginación de los presos, la "inutilidad de la lucha armada" y acusaban a ETA de haberse convertido en un obstáculo para el avance de la izquierda abertzale.

El movimiento de presos supuso un cambio notable en la estrategia penitenciaria de los últimos Gobiernos. En 2008, cuando comenzó el acercamiento, hacía casi 10 años que no se aproximaba al País Vasco a ningún recluso de ETA. El Ejecutivo de José María Aznar paralizó esa política en noviembre de 1999 con el final de la tregua del año anterior. Desde que el PP llegó a La Moncloa en 1996 hasta ese momento, el Ejecutivo había acercado a 195 reclusos a Euskadi. Después, ni Aznar ni posteriormente Zapatero habían seguido adelante. Ni siquiera durante el último proceso de paz.

Los movimientos hacia Zuera y Villabona tenían como destino final la cárcel de Nanclares de Oca, en Álava. El País Vasco era el premio. A Zuera y Villabona llegaban los disidentes que más o menos habían expresado, o se creía que podrían hacerlo, su rechazo a la violencia. Muchos de ellos comenzaron a trabajar en el economato y a participar en los talleres y en las actividades usuales de las prisiones; es decir, a hacer todo aquello que prohibía la disciplina del colectivo. Pero el objetivo final de los reclusos era acortar su estancia en prisión y empezar a pedir permisos, evoluciones de grado y libertades condicionales, algo también proscrito por la banda terrorista.

Solo los que daban un paso más y firmaban una carta rechazando la violencia, pidiendo perdón a las víctimas y comprometiéndose a hacer frente a las indemnizaciones podían llegar a Nanclares de Oca. A lo largo de 2009 y 2010 han ido aterrizando en la prisión históricos como José Luis Urrusolo Sistiaga, Kepa Pikabea, Idoia López Riaño o José Luis Álvarez Santacristina. Otros también han firmado escritos renunciando a la violencia pero aún no han sido trasladados. Algunos ni siquiera lo desean por lo que significa ahora Nanclares de Oca: el principal centro de reclusos disidentes de la organización.

En las Navidades de 2009, el Gobierno, a través de las juntas de tratamiento de Nanclares y Zuera, informó a favor de los primeros permisos penitenciarios de hasta 36 días al año a algunos de estos presos que, con el apoyo del fiscal, fueron aprobados por el juez central de Vigilancia Penitenciaria José Luis de Castro.

La pasada primavera, Instituciones Penitenciarias fue aun más allá -siempre con el apoyo del fiscal y del juez- y comenzó a aprobar modelos específicos de cumplimiento para estos reclusos disidentes que les permiten salir a diario de prisión para trabajar o estudiar volviendo a la cárcel los fines de semana. Hasta el momento han accedido a esa situación, recogida en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, cinco presos. El más destacado es el ex ideólogo y jefe político de la organización a principios de los noventa, Txelis.

El programa de acercamientos y permisos ha afectado a 65 presos, pero se ha frenado en los últimos meses por el nuevo alto el fuego de ETA y la nueva línea de la izquierda abertzale. Los reclusos, que han seguido con sumo interés los comunicados de la banda, las entrevistas de Arnaldo Otegi y los movimientos de Batasuna, esperan una solución general para todos sin tener que sufrir el rechazo que implica condenar a ETA y las consecuencias para sus familiares. Y sin tener que reconocer que sus años como miembros de la banda terrorista han sido en balde. Están a la expectativa. El colectivo oficial, por su parte, ha pedido al Gobierno, a través del diario Gara, que deje de "tentarlos" con los beneficios penitenciarios. Los presos, tanto los disidentes como los que dudan y los más cercanos a la banda, reivindican un espacio ante un hipotético fin de la violencia.