"El mundo necesita jueces como Garzón, que se enfrenten al poder"

Su trabajo consiste en intentar que todo el mundo viva bajo las reglas del Estado de derecho. Una tarea descomunal para la que tiene menos de una década. Luis Moreno Ocampo (Buenos Aires, 1952) asumió en 2003 y por nueve años el cargo de fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), una institución cuyo fin es acabar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidios. Le quedan dos años y ocho meses para conseguirlo y, aunque ha perdido algún pulso -"arrestar a un presidente en ejercicio no es tarea de un día"- puede poner ejemplos de sus progresos: 110 países, incluida España, están dispuestos a que ese tribunal les juzgue. "Por ejemplo, si ningún juez español hubiese actuado por los atentados del 11-M, habría intervenido yo", dice.

"Al primer fiscal que se enfrentó a un gobernante lo colgaron"

"Ejércitos de todo el mundo ajustan sus reglas a lo que juzga la Corte"

Habla con pasión pero sin romanticismo - "no es una utopía, se puede hacer"- de su cometido, al que se refiere como "la revolución", y durante una fugaz visita a Madrid para recibir el premio que la familia de una víctima del franquismo, Enrique Ruano, le concedió por su trabajo en defensa de los derechos humanos, el fiscal que interrogó a la cúpula militar argentina en el juicio a la dictadura de Videla en 1985, habló también del juez Garzón y del delicado momento que atraviesa.

Pregunta. Investiga posibles delitos contra la humanidad en Darfur, Congo, Kenia, Colombia... El juez Garzón abrió una causa contra el franquismo por considerarlo un plan de exterminio. ¿Cometió Franco un delito de lesa humanidad?

Respuesta. Un crimen de lesa humanidad es un ataque sistemático contra la población civil y no prescribe. Aceptar la investigación de crímenes masivos es una decisión difícil. En Argentina se logró en parte porque los militares fueron derrotados en Malvinas y no tenían el mismo poder, pero en Chile fue muy difícil y en Uruguay hubo un referéndum y la gente pidió que no se investigaran los crímenes. La CPI investiga a partir de 2002, por eso no puedo hablar de este caso.

P. ¿Pero cree que son perseguibles los crímenes del franquismo? ¿El hecho de que los verdugos hayan muerto impide investigar el paradero de las víctimas?

R. En Argentina hubo leyes que no permitían castigar a personas, y hubo jueces que hicieron juicios por la verdad, sabiendo que no podían procesar a nadie.

P. ¿Conoce el proceso contra Garzón por abrir esta causa? ¿Le parece justificado?

R. Garzón abrió el primer gran caso de justicia universal. Tiene el prestigio mundial de haber requerido la extradición de Pinochet. Fue un caso fundamental para el fin de la impunidad. Es un hombre que intenta ponerle límites al poder, y eso siempre es duro. El primer fiscal que lo hizo se llamaba John Cooke. Era 1649 y el gobernante al que se enfrentó, el rey Carlos I, 25 años después, el hijo de Carlos I le abrió un juicio. Cooke se defendió: "Yo apliqué la ley", dijo. Y el jurado consideró esto una agravante. Lo colgaron en la misma sala de la corte. Cuando uno investiga gente con poder, sabe que corre el riesgo de ser atacado. Eso es lo que le pasa a Garzón. Se metió en muchos temas duros. Un fiscal, un juez, no tiene amigos. Termina siempre solo. Pero el mundo necesita esos jueces y fiscales y que la ley se aplique también contra los poderosos. ¿Cometer un delito por abrir una investigación? Eso suena muy raro. De todos modos, muestra que cuando uno investiga el poder, tiene conflictos. Y así como yo considero a John Cooke mi predecesor, en un par de siglos la gente hablará de Garzón, el juez que abrió el primer caso de justicia universal. Cuando estaba en Harvard había un seminario para estudiar sus casos porque, entre otras cosas, es el único juez del mundo que investigó al servicio secreto de su país.

P. ¿Ha recibido algún ataque parecido en su carrera?

R. Son gajes del oficio. Si te dedicas a investigar crímenes cometidos por gente con poder, tu vida no va a ser de color de rosa. El fiscal Gerardo Colombo me dijo un día: "Cuando empezamos a investigar la corrupción en Italia, luchábamos arropados por la sociedad y perseguíamos a los acusados, que se escapaban por una escalera. Íbamos todos juntos subiendo detrás, estábamos en el primer piso y la gente nos aplaudía desde el hall; 10 años después, vamos por el piso 47, se siguen escapando y en el hall no queda nadie, pero ahora hay francotiradores disparándonos".

P. Este verano se abrió en España la primera fosa con supervisión judicial. Todavía hoy son los propios familiares quienes exhuman los cuerpos con ayuda de expertos voluntarios. ¿Es normal que la justicia no intervenga?

R. La gente no se hace idea de la importancia que tiene conocer la verdad y enterrar con dignidad a los muertos. En el juicio de las juntas militares, un hombre me decía: "Mi hija fue secuestrada hace 15 años. Yo estoy seguro de que la mataron, pero una parte de mí sigue esperando que esté viva y todavía recorro hospitales para ver si la encuentro". Esa es la desazón de no poder enterrar a tu muerto. No saber la verdad es un dolor permanente para las víctimas. Tienen derecho a la verdad.

P. EE UU aún no ha firmado el Estatuto de Roma para someterse a su tribunal. ¿Se han dirigido a la Administración de Obama para pedírselo?

R. Cuando empecé, eran un poco hostiles hacia la Corte pero cuando se aceptó el caso Darfur la relación con la Administración Bush mejoró. A los países grandes, como China o EE UU, les cuesta mucho más sumarse a la Corte porque se defienden con su ejército. La idea de que la ley les va a proteger no es tan clara para ellos. Pero en 20 ó 30 años estarán en la Corte, porque es un proceso inexorable. Si no, el mundo no tendrá futuro.

P. ¿Dónde están las lagunas de impunidad del mundo?

R. ¡Es un océano! Pero el concepto de impunidad está terminando. Los crímenes masivos los cometen líderes y si saben que pueden acabar presos, no los cometen. La Corte resuelve casos individuales pero genera reglas generales, como cualquier tribunal, con la ventaja de que cuando genera esas reglas, es para, al menos, 110 países. Ejércitos de todo el mundo ajustan sus reglas a lo que juzga la Corte. En Colombia, las FARC discuten si deben reclutar a menores como soldados.