Los médicos recelan de la futura Ley de Muerte Digna andaluza

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Carlos González-Vilardell, ha lamentado hoy que la profesión médica tenga que trabajar "bajo presiones de posibles multas", en referencia a las sanciones de hasta un millón de euros que plantea el anteproyecto de Ley de Muerte Digna de Andalucía a aquellos médicos que se obstinen en practicar el llamado encarnizamiento terapéutico. Según avanzó ayer ELPAÍS.com, la Consejería de Salud podrá sancionar con hasta un millón de euros a los médicos que se obcequen en mantener la vida de un enfermo terminal, sin posibilidad de recuperación. Cataluña y Comunidad Valenciana ya han dicho hoy que no piensan seguir los pasos de Andalucía mientras voces como la de la Asociación Derecho a Morir Dignamente piden una ley estatal.

La norma ya ha cosechado el recelo de los médicos entre los médicos. González Vilardell ha declarado que, aunque hay que esperar a que se concrete la ley, no están de acuerdo en que los profesionales tengan "que actuar bajo la espada de Damocles ante posibles sanciones". Según el máximo responsable de la entidad colegial, "actuar bajo el miedo a algo que vaya contra el criterio deontológico y ético del propio médico es peligroso", si bien ha subrayado que los profesionales de la medicina "ni quieren practicar mal su profesión ni se le forma para ello, sino que su labor es la de ayudar a la vida y también a la buena muerte". González-Vilardell, que ha tildado de "palabra muy cruda" el vocablo ensañamiento terapéutico con el paciente, ha asegurado que en sus "muchos años" de profesión "no conozco casos de ensañamiento terapéutico". Asimismo, ha incidido en el hecho de que ante sospechas de mala praxis "son los mismos médicos y los colegios los que informan de ello a la Fiscalía".

"Lo que me sorprende en todo este tipo de cosas es que lo que salga siempre sean las sanciones a los médicos; creo que ya está bien", ha criticado el presidente del Consejo Andaluz, quien ha dicho que "parece que lo más significativo es el 'palo' que le pueden dar al médico que haga estas cosas, pero no los beneficios que pueden obtener con esta ley pacientes, familiares o médicos en el ejercicio de su profesión". Sea como fuere, ha recordado que el anteproyecto de Ley "tiene que pasar aún por su trámite parlamentario", periodo durante el cual espera que se pida el asesoramiento de los agentes sociales y los colegios profesionales. "Elevaremos las alegaciones que estimemos oportunas, ya que somos los primeros implicados", ha agregado.

El "cariño y apoyo" de Camps

La titular del ramo, María Jesús Montero, declaró ayer en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que dicha norma hará prevalecer, dentro de la legalidad vigente, los derechos del paciente a no recibir determinados tratamientos, así como al obligado cumplimiento de las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria, ya sea pública o privada, inclusive de orden religioso. Montero, aclaró de esta forma que la futura ley solventa así situaciones como la vivida el pasado año con Inmaculada Echeverría, cuando la Orden Hospitalaria San Juan Dios pidió su traslado del Hospital San Rafael de Granada, dependiente la citada orden religiosa y donde permanecía la enferma, a otro centro de titularidad pública y una vez se autorizó la desconexión de la ventilación mecánica que la mantenía con vida.

La mayoría de las comunidades autónomas guarda silencio y las únicas dos que se se han pronunciado lo han hecho en contra. Así, la consejera de Salud de la Generalitat, Marina Geli, descartó hoy multar a médicos. "Desde Cataluña hemos trabajado siempre con un pacto entre profesionales, familiares y pacientes, y por lo tanto, las decisiones se toman a través del diálogo", ha afirmado Geli, que ha destacado que la imposición de multas "no es necesaria", debido a su contexto cultural y sanitario catalán. Desde el arco político opuesto, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado que los médicos de la Comunitat Valenciana tendrán "todo" su "cariño y apoyo" y "nunca un plan de multas en relación a cómo tienen que realizar su tarea profesional".

Frente a ellos, el presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Salvador Pániker, ha pedido al Ejecutivo una ley nacional de muerte digna, en línea con la que prepara el Gobierno andaluz. Pániker ha opinado que la ley en la que trabaja el Ejecutivo de Manuel Chaves "viene a regular lo que está ya, en principio, en la práctica medica vigente". A su juicio, esa ley "es un paso más en la dirección de principio de autonomía del enfermo, ampara las sedaciones paliativas, aunque corten la vida, se contemplan los cuidados paliativos a domicilio, se institucionaliza la eutanasia pasiva y se prohíbe la obstinación terapéutica".

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