El macrojuicio de la Operación Mago ha costado 120 millones de pesetas

El macrojuicio por la Operación Mago, que ha sentado en el banquillo a los principales capos del narcotráfico gallego, ha costado alrededor de 120 millones de pesetas. En esta cantidad no se incluyen los, gastos del despliegue policial de seguridad ni los traslados de los procesados desde distintas prisiones de la periferia madrileña a la sede del tribunal, en la Casa de Campo de Madrid, durante las 87 jornadas que ha durado el proceso. A las 18.20 de ayer se ponía punto final a la última jornada, en la que 14 de los acusados expusieron sus últimas alegaciones. El fiscal pide 700 años para los 45 procesados.

Sólo los gastos generados por el acondicionamiento y utilización del pabellón de la Casa de Campo donde se ha celebrado el juicio ascendieron a 86.838.543 pesetas, según la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, cuyo titular es Fernando Escribano.De esa cantidad, la mayor partida, 44 millones de pesetas, se la llevaron las obras de adaptación de un pabellón de la Casa de Campo que, sirviera para, acoger al medio centenar de acusados y sus respectivos abogados, además del tribunal, las acusaciones y el personal judicial y de seguridad. El alquiler del pabellón, desde el 12 de julio de 1993 hasta este mes, ascendió a 26 millones. Otros 15 millones costaron el detector de metales, las fotocopiadoras, las máquinas de escribir y el mobiliario.

En gastos extraordinarios de personal, debido a la prolongación de jornada por la sesiones de tarde, comidas, y personal de refuerzo a la Sección Tercera Penal de la Audiencia Nacional, se gastaron otros 5,1 millones. La limpieza, asistencia, técnica, megafonía, transcripción de las escuchas telefónicas y consumo de energía arrojaron un saldo de 24 millones más.

José María Collado, subdirector general de Relaciones con la Justicia, explicó que aún faltan por cuantificar las indemnizaciones a peritos y testigos, aunque ése es un capítulo menor". Collado, precisó que dentro de esos costes no se incluye el despliegue policial de seguridad -alrededor de medio centenar de agentes, ocasionalmente con perros y caballos-, ni los traslados de los presos a cargo de Instituciones Penitenciarias.

En la jornada de ayer expusieron sus últimos alegatos algunos de los acusados que quedaban por hacerlo. Carlos Goyanes dijo que se ha visto incriminado por "una denuncia sin fundamento y falsa" del arrepentido Ricardo Portabales. Manuel Charlín Gama, uno de los presuntos capos, afirmó que está "condenado de antemano". Laureano Oubiña y su mujer, Esther Lago, no hicieron uso, de su derecho ante el tribunal. El colombiano Hernando López Ayala, detenido anteanoche tras la sesión del juicio bajo la acusación de participar en un tiroteo, aseguró que es objeto "de una persecución policial".

El presidente del tribunal, Francisco Castro Meije, expreso su confianza de que antes del 1 de agosto pueda haber sentencia, que será una de las más extensas de las dictadas por los tribunales españoles.