Tres letras para acosar al comisario del 'caso Malaya'

Un ataque frontal con la única munición de tres letras. El comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González García, máximo responsable de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, está sufriendo una incesante ofensiva a cuenta de tres letras -una J, una A y una G- que coinciden con las siglas de su nombre y su primer apellido. En un papel hallado en 2006 en un trastero de Juan Antonio Roca, presunto cerebro marbellí del caso Malaya, figura una anotación manuscrita: JAG. Y con ese argumento, el defensor de uno de los imputados en esa red de corrupción pretende sostener que el comisario Juan Antonio González estaba a sueldo de Roca. Un argumento cuando menos kafkiano: porque si fuera cierto que el policía estaba comprado por Roca, ¿cómo se explica que fuera ese mismo policía el que desató la operación contra Roca y sus adláteres?

El patrimonio de González y su mujer fue investigado sin hallar nada sucio

Un juez archivó el caso, sin ningún indicio de conexión del policía con Roca

El 4 de abril de 2006, la policía, el juez Miguel Ángel Torres y el fiscal registraron un trastero del número 6 de la calle de Estébañez Calderón en Marbella. Era propiedad de Roca, gerente municipal de Urbanismo, sospechoso de uno de los mayores escándalos de corrupción. Sobre una caja fuerte existente en el trastero fue hallada una libreta con unas hojas manuscritas.

El 10 de enero de 2007, el grupo III de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de Málaga (Udyco) envió un informe al juez Torres desmenuzando las anotaciones, muchas de ellas en clave. Varias de ellas estaban encabezadas por el epígrafe LL, que supuestamente corresponde a las llamadas recibidas por Roca. En ese apartado hay una anotación que dice: "JAG (Fco de Paula) Comisario Marbella / José Luis Olivera (?) Amigo AK / Pepe Marín (Comis. Gral Polic Jud) Willy".

A partir de esa críptica anotación, los investigadores de Málaga dedujeron que Roca hizo ese apunte y todos los demás en torno a diciembre de 2005, teniendo en cuenta que Francisco de Paula García Vélez fue nombrado comisario de Marbella el 20 de diciembre de 2005.

En otra de las hojas incautadas vuelven a aparecer, bajo el rótulo P (pagos) las iniciales JAG, junto a la cifra 200. Punto. Nada más. Sin embargo, los agentes que realizaron el informe para el juez extraen literalmente las siguientes conclusiones:

"1. El llamante es JAG.

2. La previsión de cobro se produce a favor de JAG.

3. La persona tras la que se oculta el acrónimo JAG debe corresponder, sin haberse efectuado ningún otro tipo de investigación al respecto, a alguien que conoce perfectamente la estructura policial.

4. A mayor abundamiento, en dicha anotación de presunta llamada JAG comunicó a Roca:

a) El nombre de la persona que asumiría el puesto de jefe de la comisaría local de Marbella.

b) El nombre de la persona que ostenta la jefatura de la UDEF central, unidad encargada de la dirección de la presente investigación.

c) La relación de amistad del [comisario] José Luis Olivera con AK, siglas que ocultan a una persona pendiente de identificación en este momento de la investigación. Esta persona necesariamente era conocida por Roca, ya que éste la oculta bajo el acrónimo de AK.

d) Por último, el nombre de la tercera persona, Pepe Marín, se correspondería con el que es en la actualidad jefe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana (y no de la Comisaría General de Policía Judicial, como aparece en la anotación). Se anota además, correlacionado con esta persona, la palabra Willy. Se desconoce si dicha palabra se pudiera corresponder con el apodo con el que se pudiera conocer a este alto cargo".

El mismo informe, realizado por dos policías conocidos por sus compañeros como Batman y Robin, agregaba: "Del análisis de los archivos informáticos de Maras Auxiliares de Caja de la Contabilidad de la organización liderada por Roca no se ha encontrado ningún pago que se relacione directamente con la sigla JAG".

Pese a la endeblez de los indicios, el juez Torres decidió abrir una investigación separada y secreta para tratar de confirmar si JAG era el comisario Juan Antonio González. Este era el máximo responsable de la Operación Malaya, que estalló en marzo de 2006 y que a lo largo de los meses se saldó con la detención de decenas de supuestos corruptos. Ahora se está celebrando el juicio contra 96 imputados en esa redada.

El alto mando policial no se enteró de las sospechas vertidas contra él hasta que el magistrado levantó el secreto del sumario.

Los policías de la Costa del Sol jamás lograron apuntalar ni consolidar su hipótesis. "Tampoco encontraron nada sospechoso los agentes de la Unidad de Asuntos Internos que, ayudados por la Agencia Tributaria, rastrearon durante un año todas las cuentas y propiedades de Juan Antonio González, de su esposa y de otros miembros de su familia. El rastreo de sus llamadas telefónicas durante los meses sospechosos determinó que jamás había hablado con Roca", explica un amigo. El comisario general ha rehusado hablar.

A la vista de que no había ningún indicio en contra del comisario general, el juez Óscar Pérez decidió en 2008 el archivo provisional del caso, contando con el visto bueno del fiscal.

Juan Antonio González, natural de Cáceres, lleva 38 de sus 62 años en la policía. Tras ascender a comisario en 1992, fue nombrado jefe de la Brigada de Policía Judicial de Madrid y en 1996 fue ascendido por el Gobierno del PP a jefe de la Unidad Central de Policía Judicial, con la responsabilidad de luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia económica en toda España. En diciembre de 2000, el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja (PP), le elevó al grado de jefe superior de Policía de Murcia. En el verano de 2004, el ministro José Antonio Alonso (PSOE) le aupó a la cúspide de la Policía Judicial.

Él creía que aquel asunto de las iniciales había quedado atrás, hasta que la pesadilla resurgió hace unos días por mor del abogado Antonio Urdiales, defensor del constructor Rafael Gómez, Sandokán, juzgado por el caso Malaya. "Si de otra persona se tratase, estaría más que detenido", proclamó el letrado, sin aportar ni un dato más a los ya conocidos.

El PP viene fustigando en el Parlamento al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba con preguntas constantes sobre las iniciales de marras. El próximo miércoles volverá a hacerlo. "Nunca imaginé que el PP trajera al Congreso la estrategia de defensa de un procesado en el caso Malaya", se quejó Rubalcaba el pasado día 13. Y, tras añadir que un juez ha archivado el asunto, remachó: "No es que exista presunción de inocencia; es que hay inocencia".

¿No encubrirá esta pertinaz ofensiva contra González una maniobra para tratar de tumbar su investigación del caso Gürtel? No hay que olvidar que en este asunto están las iniciales L. B., presuntamente correspondientes al ex senador del PP Luis Bárcenas. "Pero es que en el caso de L. B. hay muchos otros indicios contra él, no solo unas iniciales", replica un allegado al comisario.

Compañeros de González consideran injusto que esté siendo víctima de semejante acoso alguien en cuyo historial figuran desde la detención de los GRAPO que pusieron la bomba en la cafetería California 47 y los asesinos de los abogados laboralistas de Atocha, hasta la captura de Luis Roldán, ex director general de la Policía, y los secuestradores y asesinos de la joven Anabel Segura.

Considerado un madero madero (policía policía), de talante conservador, encabeza desde hace años la lucha contra la corrupción. Tanto en episodios que afectan al PP como en otros que salpican al PSOE: la Operación Astapa en Estepona, el Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia) y el caso Ciempozuelos (Madrid).