El juez Varela abre el juicio a Garzón

El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela decretó en la mañana de ayer la apertura del juicio oral contra el juez central número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por su investigación de los crímenes del franquismo, decisión que llevará seguramente aparejada la suspensión de funciones por parte del Consejo General del Poder Judicial. Dicha suspensión impedirá en principio la retirada de Garzón al Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya, como asesor externo de la Fiscalía de esa corte.

La decisión de Varela no cabe interpretarla sino como una reacción frente a la solicitud de Garzón de pasar a la situación de servicios especiales para ser destinado temporalmente al Tribunal Penal Internacional, a fin de cortarle esa retirada. Para ello, Varela forzó a tope la maquinaria procesal, de forma que en la misma mañana notificó hasta siete resoluciones sobre recursos en trámite -cuatro autos y tres providencias-, algunas de ellas incluso con fecha posterior al auto de apertura de juicio oral.

En cuanto Garzón sea suspendido, no podrá ir a la Corte Penal de La Haya

En sincronía con el auto del instructor, siete vocales del PP piden la suspensión

Varela no considera "relevantes" los 53 folios que retiró a Manos Limpias

El juez querellado se enfrentará a 20 años de inhabilitación quizá antes de junio

La situación de servicios especiales solicitada por Garzón no conlleva la pérdida de destino ni de fuero, es decir, que no perdería su plaza en la Audiencia Nacional y seguiría sometido a la jurisdicción del Tribunal Supremo. De habérsele concedido sin impedimentos, no hubiera sido preciso suspenderle de funciones. Sin embargo, una vez suspendido, un juez no puede ser destinado a servicios especiales. De ahí que la fulminante apertura de juicio por Varela, precedida de siete notificaciones, no tenga otra acepción que la de forzar la suspensión de Garzón para que no pueda ser destinado al Tribunal Penal Internacional.

Inmediatamente después del auto de apertura de juicio, el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, remitió la resolución al Consejo del Poder Judicial "para estudio por el Pleno y adopción de la resolución que proceda". En perfecta sincronía con esta remisión, siete vocales afines al PP reclamaron de inmediato la convocatoria de un pleno para examinar la suspensión de Garzón, que quedó fijado, con ese único punto en el orden del día, para el próximo viernes a las 11 de la mañana.

El mensaje implícito en el auto de Varela es que el Supremo no acepta el exilio voluntario de Garzón en La Haya, y quiere poner fin a su carrera. Al juez Garzón le quedan tres opciones: pedir destino fuera de la Audiencia Nacional, lo que implicaría la pérdida del fuero y que las tres causas que tiene abiertas pasasen al Tribunal Superior de Madrid que acaba de condenar las escuchas en prisión ordenadas por Garzón a la trama Gürtel; renunciar a la carrera judicial; o esperar la suspensión y el resultado del juicio por su investigación del franquismo y de los otros dos procesos que tiene pendientes. En realidad, ninguna de las tres parará los procesos abiertos pero su salida de la Audiencia o la renuncia a la carrera podría evitarle las condenas por prevaricación y demás delitos que se le imputan.

En su histórico auto de apertura de juicio que sienta en el banquillo a Garzón, Varela apenas dedica tres líneas a explicar que los hechos contenidos en el escrito de acusación de Manos Limpias pudieran ser constitutivos del delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, por lo que "procede ordenar, y ordeno, la apertura del juicio oral en la presente causa".

Varela dedica casi todo el resto del auto a solventar una cuestión personal con la Fiscalía, cual es la interpretación que hace esta institución de los votos particulares del magistrado sobre la conocida como doctrina Botín, que, en síntesis, impide la apertura de juicio cuando no acusan ni el Ministerio Fiscal ni el ofendido o perjudicado por el delito. En realidad, esa es la tesis que siempre ha mantenido la Fiscalía, pero Varela dedica cinco folios a examinar sus propias decisiones antes de concluir que lo que él siempre ha dicho es que "la acción popular debe ser suficiente para justificar la apertura de juicio". Por eso se "alegraba" de que con la revisión de la doctrina Botín en el caso Atutxa, "los ciudadanos iban a poder, en muchos más casos, suplir las inhibiciones del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción penal".

El juez del Supremo señala después que los hechos imputados en el escrito de acusación de Manos Limpias "no difieren ni desbordan" los que él mismo fijó como "objeto admisible para la acusación". Dicho escrito, sostiene Varela, se ha formulado por Manos Limpias "sin cambio relevante" respecto al inicialmente presentado por esa acusación. El instructor no considera relevante "excluir un apartado", ni cree que suponga "una sobreañadida argumentación jurídica" apostillar que Garzón actuó "a sabiendas" de la injusticia de sus decisiones, en los sucesivos escritos presentados por Manos Limpias siguiendo las instrucciones del propio Varela.

El instructor notificó además en la mañana de ayer otros tres autos, en los que rechaza un recurso de Garzón contra la denegación de todas las pruebas solicitadas por su defensa. También rechaza otros dos recursos de Falange contra su expulsión del procedimiento y otras tres providencias de trámite. Quedan pendientes de resolver por la Sala Penal el recurso de Garzón por nulidad de actuaciones en los escritos de acusación, que apoya el Ministerio Fiscal.

La aperturad de juicio determina que, salvo el improbable caso de que la Sala Penal admita la doctrina Botín o estime que los escritos de acusación son nulos, el juez Garzón afrontará un juicio, quizá antes del verano, en el que se pide para él una pena de 20 años de inhabilitación para ejercer la judicatura.