La juez de los ERE insinúa que Griñán puede alterar las actas del Gobierno

Mercedes Alaya, la juez que investiga el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha ordenado a la Junta de Andalucía que le envíe en un sobre lacrado las 480 actas de los Consejos de Gobierno de los últimos 10 años. La juez ha adoptado esta medida cautelar antes de decidir si envía al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo la negativa de la Junta a entregarle las actas por ser reservadas. En un auto, la magistrada advierte al Ejecutivo andaluz de que si no entrega copia de las actas en las próximas 72 horas cometería un delito de quebrantamiento de medida cautelar. La Junta se mostró ayer dispuesta a aceptar esta nueva exigencia.

La Junta está dispuesta a aceptar la nueva petición de la instructora

La magistrada alerta al Ejecutivo de la comisión de dos posibles delitos

La juez busca "evitar en el terreno de las hipótesis que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas" por la Junta mientras se resuelve el conflicto jurisdiccional. Además, advierte al Gobierno autónomo de que incurriría en desobediencia a la autoridad judicial si no le envía también las actas de los consejos de dirección de las consejerías de Presidencia, Empleo, Hacienda y Economía e Innovación de la última década.

El enfrentamiento entre la magistrada y la Junta andaluza es frontal y se recrudece con el paso de los días. Al principio, el Gobierno de José Antonio Griñán agarró la bandera de la transparencia e incluso creó un equipo especial para atender todas las solicitudes de información de la juez, pero ante la petición "indiscriminada" de las actas de los Consejos de Gobierno, la Junta se plantó y se negó a entregarlas, al entender que contienen información reservada.

La clave está en si la investigación judicial de los ERE fraudulentos puede justificar el examen que pretende hacer la juez de la gestión del Gobierno andaluz durante una década, o si supone una injerencia del Poder Judicial en el Ejecutivo. La Junta ha identificado en su investigación interna de los ERE subvencionados 111 irregularidades administrativas y 72 intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas).

La magistrada había solicitado las actas porque considera que no son "ni reservadas ni secretas" y solo considera "secretos las deliberaciones, opiniones y votos emitidos", según un auto de la semana pasada. El letrado de la Junta reiteró el pasado lunes su negativa a entregar esta documentación y la magistrada ha respondido con otro auto aún más contundente que el anterior, en el que ordena con términos muy duros la entrega en tres días de las actas como medida cautelar porque desconfía de que la Junta las manipule. Para Alaya son "medidas imprescindibles para evitar que se eluda la acción de la justicia, se produzca un grave perjuicio al interés público y se originen daños graves e irreparables" en la investigación.

La magistrada cree que el presidente José Antonio Griñán, en su etapa como consejero de Economía, y los exconsejeros de Economía e Innovación Magdalena Álvarez (posteriormente ministra de Fomento) y Francisco Vallejo, conocieron los informes de la Intervención General, que consideraron inadecuado el procedimiento administrativo empleado para el fondo con el que se han pagado los ERE y ayudado a empresas en crisis, dotado con 647 millones.

El Ejecutivo andaluz niega la mayor, pero Alaya apunta a la comisión de un delito de prevaricación por ignorar los informes contrarios de la Intervención a estas subvenciones, denominadas por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero como "fondo de reptiles", aunque luego se retractó.En su petición de inhibición, la Junta alegó que entre los 55 documentos solicitados por la juez, las actas de los Consejos de Gobierno afectan al "ámbito competencial propio del Poder Ejecutivo, cuyas competencias son irrenunciables". En su argumentación, el propio Griñán recuerda en un escrito dirigido a Alaya, que el Consejo de Gobierno "es un órgano político y no administrativo".

La Junta contestó ayer al requerimiento de la juez que no tiene ningún reparo en enviar actas lacradas porque de esta forma se salvaguarda la confidencialidad. "Nos parece una buena solución para colaborar con la Justicia sin renunciar al fuero", señaló la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, quien, por primera vez desde que estalló el caso, reconoció que el Gobierno andaluz tiene un "juicio muy crítico" sobre algunas actuaciones y consideraciones que refleja Ayala en los autos, informa Isabel Pedrote.

Respecto a las actas de los consejos de dirección de cuatro consejerías, un equipo de funcionarios recopila ahora la información, aunque muchas de estas reuniones carecen de actas y solo incluyeron un orden del día, según fuentes de la Junta. Moreno destacó el contraste con el caso Gürtel y la Comunidad de Madrid: "Esperanza Aguirre lleva seis meses bloqueando la información que le ha pedido el juez y que no tiene carácter reservado".

La juez, que ha admitido parcialmente la querella interpuesta por el PP contra varios altos cargos, considera que la Junta debe añadir a los 150.000 folios ya entregados, las actas de los Consejos de Gobierno que incluirían un informe de la Intervención que debió alertar del "menoscabo de fondos públicos". La Junta niega que dicho informe exista.