La juez de los ERE atiende la petición del PP e indaga la gestión de Griñán

A solo tres días del cierre de la campaña electoral, la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, disparó ayer su dinamita procesal para situar el foco del escándalo que investiga sobre el presidente de la Junta andaluza, José Antonio Griñán. Después de que la semana pasada el candidato socialista al Congreso Alfonso Guerra arremetiera contra la magistrada y tras protagonizar un sonado enfrentamiento con la Junta por las actas de los Consejos de Gobierno que dilucidó el Supremo a su favor, ayer Alaya fue de nuevo el centro de la polémica política, no judicial.

El PP, personado en la causa, había pedido numerosas diligencias en un escrito. Y el pasado jueves, al día siguiente de las críticas de Guerra, Alaya dio respuesta a las peticiones del PP con un auto, conocido ayer, que analiza "la concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década". La juez exige a la Junta andaluza que le informe de las operaciones de endeudamiento de más de 1,2 millones autorizadas por "el titular de la Consejería de Economía", cargo que ostentó Griñán, tal y como subraya Alaya.

Alaya pide datos sobre la empresa Matsa, que ya investigó el Supremo

La instructora extiende las pesquisas a los fondos europeos

Esta era una petición expresa del PP, que ha situado a Griñán en el centro del caso, pese a que el epicentro del escándalo estaba en la Consejería de Empleo. La cercanía de las elecciones autonómicas andaluzas, que se celebrarán en marzo de 2012, ha intensificado la estrategia del PP de cercar al rival de Javier Arenas en las urnas.

Sin embargo, en el auto de ayer, la magistrada cometió un error "de bulto", según fuentes jurídicas, ya que la supuesta autorización que reclamaba el PP y que la juez ha ordenado investigar, no existe. En un comunicado de respuesta al auto de Alaya, el Gobierno autónomo asegura que Economía y Hacienda no daba el visto bueno "a la concesión de subvenciones" superiores a 1,2 millones de euros. A partir de esa cantidad, la aprobación corresponde al Consejo de Gobierno. Lo que sí debe autorizar la consejería que dirigía Griñán eran las operaciones de endeudamiento (obtención de ingresos) de la Agencia IDEA. Fuentes del Gobierno indicaron que durante la etapa de Griñán no hubo autorización de endeudamiento.

"La prescripción legal que se menciona no afecta a los casos investigados, no afecta a la concesión de subvenciones sino a operaciones de endeudamiento de la Agencia IDEA (...) El Gobierno deplora la confusión deliberada, provocada por el PP, al remitirse a obligaciones legales inexistentes", subrayó el Ejecutivo en un comunicado. Además, la Junta recordó a la magistrada que "puede comprobar en las actas" de los Consejos de Gobierno que le entregó por orden del Supremo, cómo "no existe ratificación por parte del Consejo de Gobierno de los acuerdos del IFA o IDEA".

No es la primera vez que Alaya vincula a Griñán con el escándalo de los ERE. En un auto de la pasada primavera, la magistrada expresó su convencimiento de que Griñán, en su etapa como consejero de Economía, conoció los informes de la Intervención General, que consideraron inadecuado el procedimiento administrativo empleado para el fondo con el que se han pagado los ERE y ayudado a empresas en crisis, dotado con 647 millones.

Mientras, en el auto de ayer llama la atención una petición concreta: "Procede reclamar la vida laboral de la empresa Matsa" y las subvenciones que recibió de la Junta andaluza. Con este requerimiento, la magistrada reabre el caso Matsa, que tiene su origen en una subvención de 10 millones que el Ejecutivo andaluz concedió a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), donde trabaja como apoderada Paula Chaves, hija del vicepresidente del Gobierno y expresidente del Ejecutivo andaluz Manuel Chaves. Este participó en la aprobación de la subvención, pero el Supremo y el TSJA han dado por cerrado este caso, tanto en la vía penal como en la contencioso-administrativa.

Además, Alaya reclama en su auto información del ERE en las minas de la Faja Pirítica de Huelva que afectó a 796 trabajadores. La juez sospecha que numerosas pólizas fueron cobradas ilegalmente. Para averiguarlo, solicita copia del Plan Único que diseñó el Gobierno central para la reconversión de la Faja Pirítica en 2002. Pero en lugar de pedírselo al Ejecutivo central, la juez se dirige al PP por el simple hecho de que los populares están personados en la causa y entonces están al frente del Gobierno central. El PP pidió a la juez que corrija el "error" en que ha incurrido. Alaya también le solicita el plan a la Junta para contar con este "a la mayor brevedad".

La instructora imputa en la causa al exdelegado de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés y extiende sus sospechas de un "presunto uso abusivo de fondos públicos" a la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía.

Mientras, hace tres semanas la Junta presentó a la juez un extenso informe en el que denuncia la existencia de una trama integrada por 18 empresas que habrían percibido de manera irregular unos 20 millones. En el informe enviado a la instructora se cita a siete personas -entre las que figura el exconcejal socialista y empresario José Enrique Rosendo Ríos- que ostentaban u ostentan los cargos de administración de esas sociedades.