La juez de los ERE andaluces implica al director de Trabajo en el fraude

Del pasado al presente. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha imputado al primer alto cargo del actual Gobierno andaluz. La decisión de acusar al director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, pone en jaque la política de transparencia y revisión de este escándalo por parte de la Junta y cuyos verbos hasta ahora se conjugaban en pasado. Desde ayer el escenario del caso, que marca la precampaña electoral andaluza y ya acumula 48 imputados, ha dado un vuelco.

La magistrada ha imputado a Rivera, pero también a su antecesor Juan Márquez, por lo que ya están acusados los tres directores generales de Trabajo de la Junta desde 1999. Alaya acusa a ambos altos cargos de haber autorizado el pago del ERE de la empresa Surcolor, donde se prejubilaron dos intrusos (personas que nunca trabajaron en la compañía). "Se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración", señala en un auto. Además, Alaya subraya que Rivera autorizó el abono de la prima de 175.998 euros, competencia que atañe al consejero según la Ley de Subvenciones, y ordena investigar si el alto cargo autorizó un pago de 109.620 euros a la empresa Acyco para mantener 144 puestos de trabajo. Esta cantidad coincide "exactamente" con los honorarios cobrados por el bufete Garrigues por la tramitación del ERE.

La Guardia Civil explicó en un atestado las irregularidades detectadas: "Los sucesores de Javier Guerrero [primer director general] no solo dan continuidad a los acuerdos alcanzados por este sin formalidad y con una clara y patente falta de procedimiento, sino que además han dado forma a los mismos mediante la emisión de resoluciones posteriores".

La Junta defendió ayer la labor de Rivera porque la póliza fue tramitada cuatro años antes de su nombramiento como director general y porque cuando este autorizó los pagos, no había indicios de irregularidades. "No tiene la menor responsabilidad", señaló el Gobierno andaluz, que destacó que Rivera adoptó las primeras decisiones de paralización de pagos en el expediente de Mercasevilla nada más saltar el caso. Además, fue el instructor de la investigación interna de la Junta para detectar intrusos.

El caso dio un paso de gigante ayer porque además de acusar al actual Ejecutivo andaluz de continuar con un protocolo de actuación viciado e ilegal para los ERE, la juez ha imputado a otras 18 personas (había ya 30 acusados) tras analizar solo cuatro empresas beneficiadas. Entre los nuevos imputados están dos abogados del bufete Garrigues y otros del despacho Villasís; dos sindicalistas de CC OO, seis empresarios, un intruso y tres consultores de Uniter y Vitalia. La juez resalta cómo la Junta abonó a estas dos firmas intermediarias un sobrecoste de 1,3 millones en comisiones. Por último, Alaya ordena investigar si algunas ayudas a empresas que ha dado la Junta vulneran la normativa europea.