El hermano de Couso acusa al Gobierno de "connivencia en la ocultación de delitos"

"Estupefactos", "engañados" y "absolutamente indignados". Así se sienten los familiares de José Couso, el cámara de Telecinco muerto por el proyectil de un carro de combate de EE UU durante la toma de Bagdad, tras conocer que EE UU maniobró a través de su Embajada en Madrid para que fiscales y altos cargos españoles ayudaran a dar carpetazo al caso. Javier Couso, hermano del cámara, opina que la soberanía nacional está "en entredicho" por la intromisión de EE UU en la justicia española, acusa al Gobierno de "connivencia en la ocultación de delitos" y anuncia que emprenderán acciones legales por unas actuaciones que pueden suponer a su juicio una conculcación del Estatuto de la Fiscalía y una vulneración de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tanto el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, como el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, aparecen citados como colaboradores con los que contactó EE UU para conseguir archivar causas judiciales abiertas en España contra militares y políticos estadounidenses, según publica hoy EL PAÍS de acuerdo con la información de los cables de la Administración estadounidense filtrados a Wikileaks. Entre las graves revelaciones sobre el caso, destaca una frase textual de Eduardo Aguirre, embajador estadounidense en España durante la etapa del presidente George W. Bush, que llegó a advertir en 2007 al Gobierno: "Se me está acabando la paciencia". Hablaba de "los comentarios desleales del PSOE sobre Estados Unidos" con el principal asesor diplomático de La Moncloa. "Es de república bananera", ha declarado por teléfono a este periódico Javier Couso. Otras de las conversaciones registradas en un cable -el informe confidencial del 19 de julio de 2007- recoge que Conde-Pumpido transmitió al embajador Aguirre que él quería archivar el caso Couso.

"Nos han estado mintiendo de manera descarada"

El fiscal general del Estado explicó ayer a EL PAÍS que "a veces" traslada información a EE UU, pero que siempre son "datos públicos facilitados a petición de la embajada". También la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de La Vega llegó a asegurar en 2007 al embajador que ella estaba "muy implicada" en el seguimiento del caso Couso y que una de las opciones que se estaba planteando era la de "presentar un recurso". "Nunca pensamos que iba a llegar a este nivel de escándalo contra la soberanía nacional de nuestro país, a esa doble moral con los derechos humanos y esa connivencia de un Gobierno en la ocultación de delitos con un nacional como era mi hermano", ha subrayado Couso, hermano del cámara asesinado. Además del asesinato de su hermano, la Embajada de EE UU en Madrid también presionó a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía General del Estado para bloquear las causas sobre Guantánamo y los vuelos de la CIA.

Couso ha acusado al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no solo de no defender a su hermano sino de "connivencia en la ocultación de delitos" y ha asegurado que la familia estudiará con sus abogados acciones legales tras conocerse los cables de la embajada filtrados por Wikileaks. "Pensamos que ha quedado en papel mojado el Estatuto de la Fiscalía, que debe investigar delitos y en lugar de eso los ocultan y al servicio de otro país", ha explicado Couso, para añadir que también ven "una posible vulneración de la Ley de Enjuiciamiento Civil", entre otros delitos e irregularidades. "No descartamos nada, ni siquiera la prevaricación, pero tienen que verlo nuestros abogados", ha añadido.

"Sabía que estaban encima de la mesa siempre las relaciones bilaterales", ha reconocido Couso para recordar que denunciaron "conversaciones del fiscal general del Estado con su homólogo de EE UU y las exigencias de cerrar el caso". Sin embargo, lo descubierto hoy sobrepasa lo que la familia del periodista fallecido imaginaba. Para Javier Couso, "esto es la constatación de que la soberanía nacional está en entredicho, no existe". En lugar de un "Gobierno aliado", de una "potencia media", lo que hay es "vasallaje y sumisión". "Nos han estado mintiendo de manera descarada", ha agregado Couso sobre un Gobierno que hizo bandera de la oposición a la guerra de Irak y de la salida de las tropas. Además, Couso ha señalado que la familia espera y reclama las dimisiones de Conde-Pumpido y de Zaragoza. Ambos "debían haber dimitido ya tras los dos reveses del Supremo", ha precisado, en referencia a la devolución del caso a la Audiencia Nacional tras su cierre en falso. "En este país, solo los jueces del Supremo y los de instrucción defienden el Estado de Derecho y la soberanía nacional, lo que no hace el Gobierno", ha sentenciado.

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