Las heridas, todavía abiertas, del atentado de Hipercor

José Vargas Rincón todavía conserva el recibo del aparcamiento de Hipercor de aquel macabro día. Marca las 15.30 del 19 de junio de 1987; 38 minutos después estalló un coche bomba colocado por ETA con 30 kilos de amonal y cien litros de gasolina. Murieron 21 personas y 45 resultaron heridas en el atentado más grave reivindicado por la banda. Cuatro etarras fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas de casi 800 años cada uno en dos juicios celebrados en 1989 y 2003.

Aquellas sentencias son las únicas en la historia judicial española que reconocen la responsabilidad patrimonial del Estado por un atentado terrorista. En este caso, por la pasividad con que actuó la policía, porque transcurrieron 35 minutos entre el aviso de bomba y la explosión. Ese insólito pronunciamiento implica el derecho de las víctimas o sus familiares a ser indemnizados.

"Los magistrados se han pasado las leyes por el lomo. No es serio decir que estamos fuera de plazo"

"Es más fácil una nueva resurrección de Jesucristo que el reconocimiento de un error por parte de los jueces"

La misma sentencia de la Audiencia Nacional que niega el derecho a unos afectados lo reconoce a otros

"Si es cierta la sensibilidad que tanto se pregona, esperamos una llamada del ministerio"

Ya han pasado 20 años del atentado. Vargas y otros 24 afectados no han cobrado. La Justicia entendió que su petición se presentó fuera de plazo y les negó ese derecho. Primero fue la Audiencia Nacional, el 19 de enero de 2000, y después el Tribunal Supremo, el 8 de marzo de 2004. Otras 14 víctimas tuvieron más suerte, sortearon el obstáculo de la prescripción y en su día ya fueron resarcidos por el Estado.

Vargas es un hombre que va de cara y que distingue lo justo de lo legal. Asegura que no entiende ni quiere entender de plazos judiciales ni de prescripciones. "Los señores magistrados se han pasado las leyes por el lomo. Ningún juez serio puede decir que estamos fuera de plazo, porque cuando dictaron la primera sentencia todavía faltaban tres años para que juzgasen a Santi Potros y Rafel Caride", explica. Para él, los apellidos o los apodos de los terroristas que pudieron matar a su hijo, que entonces tenía dos años y medio, y a su esposa, son algo casi familiar.

Vargas recuerda, además, que la misma sentencia de la Audiencia Nacional que denegó las indemnizaciones a 25 personas, las reconoció para otras seis. Los jueces les otorgaron entre 600.000 y dos millones de pesetas (3.600 a 12.000 euros) porque años después de celebrarse el primer juicio contra los etarras Mercedes Arneaga y Domingo Troitiño, en el año 1989, les aparecieron nuevas secuelas que no se reflejaban en aquellas sentencias condenatorias.

"Lo que no se entiende es que haya dos varas de medir. Yo pensaba que la ley era igual para todos", se lamenta Vargas. "Que nos den una explicación. A lo mejor si me lo explican lo entiendo, pero hasta ahora sólo sé que hay dos sentencias favorables para unos cuantos y otra desfavorable para la mayoría".

El pasado 19 de junio se celebró el 20º aniversario del atentado. En los años del plomo de ETA, sólo las víctimas se acordaban de la efeméride, pero este año asistieron infinidad de cargos públicos. Entre otros, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien escuchó las reclamaciones de las víctimas y se comprometió a buscar una solución para combatir "la tediosa burocracia". La culpable, en su opinión, de que Vargas y el resto aún no hayan cobrado. Rubalcaba les reclamó todos los documentos de su largo periplo por los tribunales y la administración. Desde hace unos días ya los tiene en el ministerio para estudiar una solución.

"Es más fácil una nueva resurrección de Jesucristo que el reconocimiento de su error por parte de los jueces. Por eso pienso que sólo un acuerdo del Gobierno puede arreglar este caso", explica este catalán de adopción, antes de lamentarse de la "pasividad y dejación" con la que, a su entender, actuó el abogado que debía defenderles. Así se entiende la contundencia de sus afirmaciones. "En la Justicia hace mucho tiempo que no creo, pero en los jueces, menos".

Afirma la Audiencia Nacional que, al margen de que la reclamación se presentó fuera de plazo, las víctimas no tienen derecho a indemnización porque las secuelas que dicen sufrir no son consecuencia del atentado "sino de razones diferentes en relación a pronunciamientos contenidos en la sentencia penal" contra los terroristas. El informe que avalaba la petición de Vargas estaba redactado por el gabinete psicológico de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Los jueces sentenciaron que eso no bastaba y que, ese informe sólo ratifica "el síndrome depresivo postraumático con agresividad continuada" que sufre. Como ningún certificado avala que Vargas recibió o está recibiendo asistencia médica o psicológica, no puede cobrar.

A renglón seguido de su caso se relata el de otra víctima. El caso es semejante, que no idéntico, pero el pronunciamiento judicial radicalmente distinto. Ese reclamante sufrió heridas en ambas manos y le quedaron como secuelas unas cicatrices queloideas diseminadas. La Audiencia Nacional consideró que el derecho a reclamar por responsabilidad patrimonial del Estado también está prescrito, pero matiza que persiste el perjuicio estético de las lesiones y que eso incide en el "síndrome depresivo postraumático" del afectado. Ese demandante tuvo más suerte que Vargas y en su día cobró dos millones de pesetas.

Puestos ya a explicar las heridas todavía abiertas del atentado de Hipercor, Vargas relata otro dato poco conocido. Y es que nueve heridos que tienen derecho a ser indemnización a raíz de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo que se aprobó en 1999 nunca fueron localizados. Se ignora si cambiaron de domicilio, si han renunciado deliberadamente al dinero que les corresponde o qué pudo ocurrir. "Estoy seguro de que si fuesen ellos los que tuviesen que pagar, el Estado ya les habría localizado de una manera u otra", se lamenta con sorna.

Dos décadas después del atentado y ya con 56 años, Vargas dedica casi todo su tiempo libre a la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), creada tras la escisión de la AVT. "Es una cuestión de dignidad, no de dinero, Al fin y al cabo yo sufrí cuatro heridas y lo puedo contar pero hay gente a la que le mataron a la mujer y a los hijos", afirma.

"Si es cierta la sensibilidad y la solidaridad con las víctimas que tanto se pregona, esperamos una llamada del ministerio y poder cerrar esta herida para siempre", remata Robert Manrique, empleado de Hipercor y víctima de atentado, además de vicepresidente de la ACVOT. Él tuvo más suerte y ya fue indemnizado. Además, lo puede contar.