Los funcionarios afirman que la ley es el decreto "maquillado"

Centenares de funcionarios y empleados públicos de la Junta se han concentrado esta tarde a las puertas del Parlamento andaluz para protestar contra la aprobación del decreto ley de reordenación del sector público, que se debatía a la misma hora en el Pleno de la Cámara autonómica.

En una convocatoria conjunta de plataformas, asociaciones y sindicatos, los trabajadores han hecho sonar bocinas y silbatos, han mostrado caretas con el rostro del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y pancartas en las que se podía leer "Enchufesrrupción" o "Por un servicio público en Andalucía, no a la privatización".

Los participantes en la protesta, que han coreado consignas como "Griñán, reptil, vete ya de aquí" o "Pumba, pumba, pumba, el cortijo se derrumba", han mostrado también un féretro de cartón con el que representaban el entierro de "Doña Administración Pública de Andalucía".

Desde la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía, Alegría Jiménez ha asegurado a Efe que rechazan el proyecto de ley que hoy se ha aprobado porque es un "maquillaje" del decreto aprobado por la Junta, ya que "el grupo socialista sólo ha aprobado las enmiendas que ellos mismos se han querido confeccionar", y ha reclamado "que el decreto no salga adelante y negociar partiendo de cero".

Jiménez ha criticado que la nueva norma quiera "privatizar todo" y permita "entrar por la puerta de atrás en la administración", además de provocar que se pierda "la razón de ser de los funcionarios, que no es otra que la neutralidad y no estar con ningún partido político", por lo que ha pedido "un servicio público de calidad y transparente".

Por su parte, Alicia Martos, responsable del Sector de Administración Autonómica de CSIF Andalucía, ha recordado que llevan ocho meses -desde la aprobación del primer decreto de la Junta- reivindicando "una administración más justa, independiente y al servicio de todos los ciudadanos y no sólo de intereses partidistas".

Según Martos, si no se atienden esas reivindicaciones, que "no pasan por pedir más dinero ni mejores condiciones laborales" -ha recordado-, se va a cometer un "gravísimo atentado" contra un modelo de administración que "defiende mayor justicia para el conjunto de los ciudadanos y que el empleo público sea patrimonio de ellos".

"A partir de hoy -ha dicho Martos- tendremos una ley aprobada haciendo uso de la mayoría socialista, sin el apoyo de ningún otro grupo político y sin escuchar la voz unánime de los empleados públicos", que a partir de ahora seguirán "pidiendo en la calle que esta ley se derogue si queremos una sociedad más justa", ha avanzado.

Además, ha advertido de que habrá que esperar "las resoluciones judiciales que tienen que venir a raíz de esta ley", no sólo los recursos que se interpusieron en su día contra el acuerdo del Consejo de Gobierno y los decretos leyes "sino los que están por venir en el desarrollo de la ley", como los decretos que aprobarán los estatutos de las agencias que se creen y que serán recurridos.

El presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, Alfredo Pérez, ha mostrado también su rechazo al proyecto de ley, una "copia exacta" de los decretos anteriores "en los que se usurpan derechos de funcionarios y ciudadanía al establecer que servicios públicos se gestionen por agencias públicas empresariales", lo que supone su "privatización".