La fiscalía no encuentra documentos que justifiquen el sobrecoste del Palma Arena
Un ex alto cargo de Matas admite que usó su puesto para favorecer a su empresa
La Fiscalía Anticorrupción continuó ayer los interrogatorios a los detenidos en la llamada Operación Espada, entre ellos cuatro ex altos cargos del PP en Baleares, por su relación con una supuesta trama de corrupción en el seno del Consorcio para la Construcción del Velódromo Palma Arena, un complejo deportivo que fue la obra estrella del último gobierno de Jaume Matas. Los fiscales no han hallado ningún expediente ni consta ninguna contratación posterior que explique el sobrecoste de casi 50 millones del proyecto, presupuestado en 47 millones de euros y con un coste final de casi 100.
La investigación se centra ahora en aclarar la contratación a dedo de los arquitectos García-Ruiz, también imputados en la causa, para finalizar la obra. Por este trabajo percibieron unos honorarios de 8,9 millones de euros y, según se desprende de las declaraciones de los imputados, también obtuvieron carta blanca para gastar en el pozo sin fondo en que se convirtió el velódromo balear.
Los fiscales investigan un contrato 'a dedo' de ocho millones
La cubierta del velódromo no figura en el plan original
En el consorcio estaban representadas las tres instituciones que financiaron el proyecto: el Gobierno autonómico, el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca. Tres ex cargos del PP en estos organismos han pasado en los últimos días por la comisaría: el ex director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester; el ex concejal de Deportes del consistorio, Rafael Duran, y el ex responsable de Deportes en el Consell, Antoni Palerm.
Palerm fue puesto ayer en libertad con cargos tras prestar declaración, imputado en un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, y después de admitir que se aprovechó de su cargo para vender materiales de su propia empresa para la construcción del velódromo. También quedaron en libertad, tras efectuar sus declaraciones, el arquitecto Ignacio Antonio Sáez y el ingeniero Miquel Àngel Verger.
Por su parte, Ballester y Duran -que se han negado a declarar ante los fiscales- pasarán hoy a disposición judicial, tras agotarse el plazo de 72 horas tras su detención. También continúan en los calabozos de la comisaría el antiguo gerente del velódromo, Jorge Moisés, y el presidente de la Unión Temporal de Empresas que construyó el recinto, el publicista Miguel Romero.
En sus declaraciones, el personal técnico que trabajó en la construcción del velódromo achaca el astronómico sobreprecio de las obras a "una falta de planificación política" y, por otro lado, a que "el proyecto original presentaba deficiencias desde el inicio".
La investigación está revelando que, por ejemplo, partidas como la correspondiente a la cubierta del recinto no figuraban en los planos originales del proyecto. No hubo apenas colaboración entre el ingeniero alemán Ralph Schürmann, que fue apartado de las obras, y los hermanos arquitectos García-Ruiz, que tomaron el control por designio de Jaume Matas. Se omitieron los trámites obligatorios en todo proceso público ante cada nueva rectificación o ampliación del proyecto, debido a las presiones para culminar en un año una obra que estaba prevista para tres.
Mientras se desarrolla la operación y de forma oficial, el PP se ciñe a su tesis habitual en este tipo de casos, la que esgrimió el portavoz autonómico Carlos Simarro: "Las acusaciones de la fiscalía son únicamente acusaciones de parte. No la condena de las personas presuntamente implicadas".
Pero ayer, el vicepresidente del PP balear y alcalde de Inca, Pere Rotger, endureció el tono: "El PSOE utiliza todos los instrumentos del Estado para ir a por nosotros. Esto es una persecución política".
Por su parte, las Nuevas Generaciones del PP denunciaron "saña" en la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, que calificaron de "espectáculo lamentable y partidario".
"Es un infierno pasar tantas noches en el calabozo"
La cúpula del consorcio encargado de la construcción del velódromo de Palma Arena entre 2005 y 2007 se ha dado cita esta semana en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Palma.
Allí, los ex altos cargos del PP de Jaume Matas han coincidido, entre otros, con el director de la agencia de publicidad Nimbus, Miguel Romero, al que se investiga por sacar tajada, presuntamente, de unos servicios de promoción cuyo precio se infló y que, en algunos casos, ni siquiera se llegaron a realizar. Su declaración será clave para aclarar si participó de algún modo en una supuesta financiación irregular de la campaña electoral del Partido Popular en las autonómicas de 2007. El interrogatorio se alargó durante toda la mañana de ayer y dejó exhaustos tanto al imputado como a su abogado, Antoni Coll. El letrado se quejó de la "actuación excesiva" de la fiscalía, que ha supuesto que su cliente pase tres días en comisaría: "Es un infierno pasar tantas noches en los calabozos".
Rafael Duran, número uno del PP de Palma, detenido desde el miércoles, quiso irse a casa de madrugada. Su representante legal, José Ramón Orta, militante del PP, tramitó una petición de habeas corpus, una acción para obtener el amparo de un detenido, con el fin de que éste sea puesto de inmediato a disposición del juez de guardia o, directamente, en libertad. La juez de guardia, Piedad Marín, con el informe a favor del fiscal, rechazó la petición. Duran fue arrestado en el Ayuntamiento de Palma y es el primer cargo público palmesano detenido en el edificio municipal en democracia. Una actuación de la policía que, según su abogado, "estuvo absolutamente injustificada".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, se refirió ayer a esta nueva presunta trama de corrupción en Baleares: "Los dirigentes del PP deberían serenarse. Si hay indicios de un delito se investiga, se produzca donde se produzca y afecte al partido que afecte. En el caso de Palma, la investigación afecta al PP, por lo que es ese partido el que debe dar las oportunas explicaciones y respetar a los tribunales".
Por su parte, la portavoz del Gobierno balear, Joana Barceló, dijo lamentar "profundamente" este nuevo caso de corrupción y exigió: "Quien sea culpable, que lo pague". "Nos duele muchísimo que estas islas sean noticia por la corrupción", añadió, porque la administración pública "pierde credibilidad".
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