El fiscal denuncia un "mercado negro" del agua en Murcia

La Fiscalía de Madrid ha remitido a la de Murcia un informe demoledor contra los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura. En él se indica que en Murcia existe "un mercado negro del agua" y que el citado organismo ha consentido, pese a las denuncias de la Guardia Civil, la creación de pozos clandestinos cuya agua está siendo "monopolizada" por "grupos económicos" que, a su vez, la venden a "sus legítimos dueños", los agricultores.

El informe, elaborado por el fiscal Emilio Valerio a instancia de la Fiscalía General, ocupa 32 folios, y ha sido enviado por el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, a su homólogo de Murcia. En él, se insta a la fiscalía murciana a que se depuren las oportunas responsabilidades contra funcionarios de la Confederación del Segura. Entre los denunciados figura su presidente, Juan Cánovas Cuenca. En su declaración ante el fiscal, Cánovas sostuvo: "Conocer con precisión la superficie regada y el origen del agua es complejo, porque puede tratarse de agua pública o privada". Cánovas añadió que la Confederación había encargado un estudio para determinar las superficies regadas.

La fiscalía subraya en el informe que en la Confederación del Segura existe "una gestión caótica de la protección del dominio público del agua (...) que ha favorecido ilícitamente a determinados grupos económicos muy conocidos en Murcia". Estos grupos han comprado "a bajos precios" tierras rústicas y han horadado pozos ilegales cuyos recursos hídricos han destinado a crear urbanizaciones o la han vendido a agricultores.

Ante la proliferación ilegal de pozos, la Confederación del Segura -organismo público de Medio Ambiente que se encarga de gestionar los recursos hídricos de esa zona- ha actuado de dos formas, según la fiscalía: una, clausurando todos aquellos pozos excavados "por personas particulares"; y, dos, abriendo expedientes a los acometidos por "determinados grupos". Los primeros están clausurados casi todos; los segundos, siguen funcionando, subraya el fiscal.

Ello ha conducido a que en Murcia se haya creado un "mer

cado negro con el agua", puesto que los dueños de los pozos no clausurados venden la misma a agricultores y urbanizaciones surgidas al socaire de estas ilícitas extracciones hídricas. El agua se vende a los agricultores "a razón de 0,39 céntimos el metro cúbico, dinero pagado con dinero negro y con el consiguiente perjuicio millonario y defraudatorio a la Hacienda", según la fiscalía.

Trasvase Tajo-Segura

El total de agua extraída ilegalmente se eleva, según el fiscal, a unos 60 hectómetros, un tercio de la que representa para esta región el trasvase Tajo-Segura. Y las plusvalías generadas se acercan "a 120 millones de euros".

La fiscalía de Madrid asegura que "es bien conocido en Murcia el grupo o grupos económicos" que compraron terrenos rústicos donde la Confederación "siempre había negado a los agricultores, los más desposeídos", la posibilidad de extraer más agua.

Los pozos ilegales no son difíciles de descubrir para los agentes fluviales. "(...) Se trata de una notable red de estructuras, maquinaria, cañerías, desviaciones y tuberías bien visibles", dice el informe. Afirma la fiscalía que mientras los guardas fluviales y la Guardia Civil "denunciaban reiteradamente detracciones de agua y conducciones que agotaban otros pozos" de la región, en "los órganos rectores del Ministerio de Ambiente y de la Confederación Hidrográfica, así como en la tramitación de los expedientes a que daban lugar las denuncias, se observaba una especial permisividad con determinados grupos económicos".

Revela el informe que con esa agua de extracción ilegal y procedente en parte del trasvase Tajo-Segura se ha "favorecido" la construcción de campos de golf y urbanizaciones que están generando multimillonarias plusvalías a sus dueños. 17 denuncias hay, por ejemplo, contra el campo de golf de Algorfa, de la urbanización Villa Martín. Denuncias interpuestas entre 2002 y 2003. Este campo de golf se alimenta de agua extraída ilegalmente dado que carece de autorización para ello, según el fiscal. En parecida situación que este campo de golf están los de El Saldillo, Mosa Trajectun y Alto Real.

La fiscalía asegura que las personas supuestamente implicadas en estos hechos son -además del presidente de la Confederación del Segura-: José Alemán, comisario de Aguas de este organismo; Gerardo Cuz, secretario técnico, y Rafael López Casares, funcionario de la citada confederación. La fiscalía enumera en su informe los accionistas de las empresas que se habrían beneficiado de estas supuestas irregularidades. Cita, por ejemplo, al empresario Mariano Roca Meroño. La fiscalía imputa a los responsables de las empresas supuestamente implicadas "un delito contra la Administración pública"; y a los funcionarios, otro "de prevaricación".