El fiscal apoya la recusación de Garzón a cinco jueces del Supremo

La Fiscalía del Supremo se ha adherido a la recusación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra cinco de los magistrados del alto tribunal que deben juzgarle por su investigación de los crímenes del franquismo, según el informe presentado ayer ante la Sala de lo Penal. Que se recuerde, es la primera vez que la fiscalía apoya la recusación de miembros del tribunal.

El fiscal se adhiere a la primera recusación formulada por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, relativa al principio general de que quien participa en la instrucción de una causa está inhabilitado para juzgar ese mismo asunto. Así lo prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial en el número 11º del artículo 219. Según la primera causa de recusación, los magistrados que forman parte del tribunal; el presidente de la sala, Juan Saavedra; el ponente, Adolfo Prego; y los magistrados Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo admitieron las querellas contra Garzón, participaron en la instrucción y ahora pretenden juzgarle.

Utiliza para ello una sentencia favorable a Gómez de Liaño

El fiscal Luis Navajas, que ha elaborado el informe, explica que en el enjuiciamiento de Garzón debe quedar reforzada la "imparcialidad objetiva" del tribunal, ya que el Supremo le juzga en primera y única instancia, lo que "cierra cualquier posibilidad de recurso". La ausencia de una segunda instancia exige además un reforzamiento de las garantías del imputado, "espantando cualquier sombra de sospecha que pudiera empañar el recto ejercicio de la función de juzgar".

Curiosamente, el fiscal utiliza después la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso del juez Javier Gómez de Liaño para apoyar las tesis de Garzón. Según aquella sentencia, la imparcialidad del Supremo suscitó serias dudas dado que sus magistrados habían participado en la instrucción de la causa a través de una serie de resoluciones.

Por eso, Navajas analiza las resoluciones de la Sala de lo Penal que pueden afectar a la "imparcialidad objetiva" de sus magistrados, y señala que en la admisión de la querella de Manos Limpias la sala hizo ya una valoración "muy profunda" de los argumentos de los querellantes y de las resoluciones supuestamente "prevaricadoras", y más tarde desestimó el recurso de Garzón contra la admisión.

Además, los magistrados recusados asumieron un "acentuado protagonismo" al valorar el intento de personación de las asociaciones de víctimas de los crímenes del franquismo, y dieron "amparo y respaldo absoluto" a las resoluciones del juez instructor, Luciano Varela, que admitieron los escritos de las acusaciones populares, realizados siguiendo las directrices del propio Varela.

Para el fiscal, en "numerosas resoluciones" los magistrados ahora recusados "admitieron las querellas, han respaldado sin fisuras la labor del instructor y han rechazado todos los recursos del querellado, así como las insistentes y muy fundadas peticiones de sobreseimiento solicitadas por el fiscal".

Aunque el fiscal no duda de que la sala juzgará con imparcialidad a Garzón, se adhiere a la recusación para solventar cualquier duda de parcialidad, "sólo y exclusivamente con una finalidad preventiva".

En cambio, el fiscal no apoya la segunda causa de recusación formulada por el abogado Martínez-Fresneda, por haber intentado los magistrados salvaguardar su propia competencia, mostrando con ello un "interés indirecto" en ser ellos mismos los que juzguen a Garzón.

El alto tribunal deberá nombrar ahora un instructor de la recusación y, una vez que este realice las diligencias que entienda convenientes, el incidente deberá ser resuelto por la Sala Especial del 61.