Los 11 escorpiones dentro de la botella

"Nueve escorpiones en una botella". Quizá les pueda parecer que la frase corresponde a un experimento de Nature o a un reportaje de National Geographic, pero no. Es la irónica descripción del Tribunal Supremo de Estados Unidos, realizada por el legendario Oliver Wendel Holmes, hijo, uno de sus más prestigiosos y longevos magistrados que perteneció a la institución durante 30 años, de 1902 a 1932, de modo que algún conocimiento tenía del asunto.

Porque, quizá les parezca raro, pero hace un siglo en los debates jurídicos del más alto tribunal de Estados Unidos se producían grandes enfrentamientos políticos y por ello tenían más importancia las posiciones ideológicas de los partidos políticos -y los nombramientos de los jueces se hacían en función de eso- que el propio texto de la ley, que se retorcía lo que hiciera falta para apoyar lo que fuera conveniente. ¿Les suena de algo?

La división de los jueces por Bildu continúa con la 'doctrina Parot'

Lo contó Max Lerner, uno de los más incisivos periodistas de tribunales estadounidenses, que durante 60 años cubrió la información del Supremo y que utilizó la frase de Holmes para titular su libro sobre las batallas jurídicas y políticas de los jueces del alto tribunal.

Esa politización de las más altas instancias jurídicas en Estados Unidos ha sido objeto de parodia en numerosas ocasiones, aunque probablemente la más célebre fue la del gran humorista de principios del siglo pasado Finley Peter Dunne, que decía que la Constitución sigue la bandera y el Tribunal Supremo sigue el resultado de las elecciones.

Parafraseando a Holmes, en España, el Constitucional, que ha ido atesorando politización y desprestigio a partes iguales en los últimos años, podría describirse como 11 escorpiones en una botella. Los magistrados son nombrados a propuesta de las Cámaras, el Gobierno y el Poder Judicial, pero no por la excelencia en sus conocimientos jurídicos e incorruptible independencia, como debería ser, sino en función de su docilidad al interpretar los deseos de los partidos y votar en consecuencia. Solo así se explica que los periodistas puedan adivinar el resultado de la mayor parte de sus votaciones y que etiqueten y encasillen con acierto a los magistrados en bloques, progresista o conservador, de acuerdo con la formación política que los propuso. O las vergonzosas demoras en las renovaciones de sus miembros por parte del Parlamento, que en tres años ha sido incapaz de cubrir la vacante dejada por el fallecimiento de Roberto García Calvo. Por eso son 11, en lugar de 12.

De infausto recuerdo son los cuatro años de deliberaciones y votaciones prospectivas sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña.

Ahora, con un nuevo presidente, Pascual Sala, que ha sustituido a la desgastada María Emilia Casas, que había excedido notablemente su mandato, el Constitucional, profundamente dividido, ha llevado la contraria al Tribunal Supremo y ha permitido por un solo voto de diferencia que la coalición Bildu -que agrupa a Eusko Alkartasuna, Alternatiba y especialmente a la izquierda abertzale- pueda presentarse a las elecciones. Las críticas del PP y del sector perdedor, acerca de que el tribunal se ha excedido en sus atribuciones y ha abierto a los terroristas de ETA la puerta de las instituciones, no se han hecho esperar.

Por si no fuera bastante, el siguiente reto es abordar la doctrina Parot, que de una tacada puede suponer la salida de prisión de algunos de los más sanguinarios etarras, como José Javier Zabaleta, Baldo; Isidro Garalde, Mamarru; Domingo Troitiño, hermano del fugado Antonio Troitiño; José Antonio López Ruiz, Kubati; Josu Arkauz, Josu de Mondragón; Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi; José Miguel Latasa, Fermín; Juan Carlos Arruti, Paterra; Inés del Río o Santiago Arrospide, Santi Potros, entre otros muchos, además de presos comunes de indudable relevancia, como Miguel Ricart, uno de los asesinos de las niñas de Alcasser.

La doctrina Parot fue el último intento del Tribunal Supremo de paliar la aplicación de los delirantes beneficios penitenciarios previstos en el Código Penal de 1973 y evitar que presos con cientos e incluso miles de años de condena fueran excarcelados tras pasar realmente en prisión entre 15 y 18 años y no 30, que era el máximo legal establecido. La sentencia dictada el 28 de febrero de 2006 se llamó doctrina Parot, porque fue Henri Parot, Unai, jefe del comando itinerante, condenado a 4.799 años, quien planteó el recurso.

La sentencia del Supremo era jurídicamente muy discutible y ahora el Constitucional se inclina por revocarla revisando caso por caso, pero la división del tribunal se ha acentuado. El bloque progresista -Pascual Sala, Adela Asúa, Pablo Pérez Tremps, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Luis Ignacio Ortega- es partidario de anular la doctrina Parot y que el cómputo de los beneficios se haga sobre el tope de 30 años en lugar de la totalidad de la pena impuesta, lo que permitiría la salida de los etarras. El bloque conservador -Javier Delgado, Francisco José Hernando, Francisco Pérez de los Cobos, Ramón Rodríguez Arribas-, al que, al parecer, se ha unido el progresista Manuel Aragón, como ya hiciera con el asunto de Bildu, prefiere confirmar la resolución del Supremo. Lo paradójico del caso es que a Parot no le servirá de nada, porque en 2007 fue condenado de nuevo a 11 años de cárcel por una carta enviada en 2001 a la dirección de ETA desde la cárcel de Córdoba en la que animaba a realizar nuevos atentados.

Decía Aristóteles que "la ley es la razón libre de la pasión". Los 11 escorpiones están ya dentro de la botella.