La difícil agenda de 2012

Los bloques informativos de campaña en las televisiones públicas son un engaño al público que los presentadores de TVE pregonan a diario en términos más eufemísticos. Lo que supuestamente es un espacio de noticias está minutado por la Junta Electoral Central y las imágenes son distribuidas por los partidos. Una más de las anacrónicas anomalías -como la prohibición de publicar encuestas desde cinco días antes de los comicios- que perduran en nuestra normativa electoral y que los usos partidistas han llevado hasta la caricatura.

El seguimiento de esta propaganda de partido permite, sin embargo, intuir por dónde van las preocupaciones de los estrategas de campaña y el discurso que quieren potenciar en cada momento. Durante los días que siguieron al debate Rajoy-Rubalcaba, el PP puso el foco sobre su compromiso de mantener intacto el Estado de bienestar, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, asegurar una sanidad pública universal, etc. Otro tanto haría Alberto Ruiz-Gallardón en el debate posterior a cinco bandas, donde solemnizó que no habrá subidas del IVA.

Rajoy tendrá que imponer una férrea disciplina fiscal a las comunidades y los Ayuntamientos que gobierna su partido

En opinión de un experto electoral, se trataría así de contrarrestar el miedo que Rubalcaba pudo haber sembrado en los sectores más vulnerables de la población a los recortes asociados a una victoria popular. Más allá de quién ganara aquel duelo, parece que el candidato socialista abrió alguna grieta en el sólido acorazado popular a juzgar por el rumbo de sus mensajes, que luego han vuelto a centrarse sobre el paro.

Los últimos informes europeos sobre el riesgo cierto de una recesión en España, seguida de una larga etapa de estancamiento, obligarán al ganador de las elecciones del 20-N a poner en marcha un paquete de medidas urgentes en el que Rajoy se propone encajar la reducción del déficit con el mantenimiento de todo el gasto social sin subir ningún impuesto.

Un dirigente popular de alto rango entiende que en el primer nivel de prioridades de Rajoy están la reforma laboral y la financiera. La primera para eliminar los obstáculos a la contratación que a su juicio existen en las leyes de trabajo vigentes y la segunda para acabar con la sequía del crédito a las empresas, sobre todo pequeñas y medianas. En todo caso admite que el efecto de esas reformas no será inmediato y todos los analistas anticipan un primer semestre con más paro y un crecimiento negativo o estancado. Esto es, con menos ingresos del Tesoro.

Los compromisos adquiridos con Europa limitan el déficit de todas las Administraciones públicas para el año próximo al 4,4%. Nadie apuesta un euro por que este año se vaya a cumplir el objetivo del 6% y cada punto porcentual equivale a un recorte de 12.000 millones. Por otro lado, el Reino de España tiene que renovar en 2012 un volumen de deuda pública de 173.000 millones a un precio creciente por las dudas sobre la solvencia de España y el efecto colateral de las turbulencias que se han instalado sobre el arco mediterráneo. No hay fe más volátil que la de los mercados, como se está demostrando estos días tras el nombramiento de Monti en Italia.

Un sombrío panorama en el que hace falta algo más que sentido común y "un Gobierno potable" para salir airoso. Si se cumple lo que anticipan las encuestas, Rajoy tendrá que empezar por imponer una férrea disciplina fiscal a las comunidades autónomas y los Ayuntamientos que gobierna su partido, lo que demanda una autoridad que hasta ahora no figura entre los rasgos dominantes de su carácter.

En el actual estado de cosas el ganador del 20-N ni siquiera tendrá el margen de respeto de los cien días. No podrá esperar a las elecciones andaluzas de marzo, como desearía Arenas, para destapar las cartas más crudas que todavía están ocultas. Cuando se presente a su primer examen en Bruselas, a comienzos de febrero, tal vez caiga en la cuenta de que no era tan mala la idea de Rubalcaba de proponer al Eurogrupo un plazo adicional de dos años para alcanzar el objetivo de déficit del 3%.