La defensa más mendaz

Federico Trillo, ex ministro de Defensa y ahora coordinador de Justicia del PP, volvió a desplegar ayer un abanico de argumentos donde abundaban las falsedades e inexactitudes. Su defensa mendaz intentaba desacreditar a quienes trabajan para aclarar las corruptelas que implican a dirigentes de su partido.

Trillo tiene su propia tesis sobre la investigación abierta por corrupción: "Se utiliza el aparato coactivo del Estado de una forma desproporcionada y sectaria contra el PP: la policía judicial, la Fiscalía Anticorrupción y algún juez que se apunta a un bombardeo, como fue inicialmente el juez Garzón o como podría ser ahora el juez de Palma de Mallorca", declaró ayer en Onda Cero.

Y sostiene esa tesis pese a que los indicios sobre las tropelías cometidas por una red empresarial corrupta afín al PP han sido corroboradas por media docena de jueces y fiscales en la Audiencia Nacional, el Supremo y el Tribunal Superior de Madrid; y pese a que el caso mantiene a más de 100 personas imputadas, una decena de ellas, cargos públicos del PP, entre los que se encuentran el tesorero nacional, varios diputados y varios alcaldes.

Para probar sus acusaciones, que se han situado por méritos propios entre las más graves conocidas en democracia, Trillo deslizó ayer, sin ofrecer ni una sola prueba solvente, algunos de los supuestos indicios de esos delitos mayúsculos que el PP imputa a todos los poderes del Estado.

La llamada policial a Camps. El ex ministro asegura que tiene una grabación de la conversación que mantuvieron a primeros de marzo de este año un inspector de policía y Francisco Camps. Eso, según Trillo, es una prueba de escucha ilegal aunque ayer no supo o no quiso decir quién había grabado la conversación y se limitó a sugerir que no fue el presidente valenciano porque "es un manazas". "Le llamó a Camps] un inspector de la UDEF a las diez y media de la noche, cuando las notificaciones judiciales jamás se hacen por vía telefónica y jamás por la policía. Y Camps le dijo: '¿Por qué me llama?' '¿Cómo tiene mi número?'. El inspector le respondió que era el responsable del caso y Camps le contestó: '¿Pero qué caso?'. Porque todo esto era al comenzar el caso Gürtel".

Según Trillo, el presidente valenciano no sabía nada. O tal vez se hizo el tonto, porque cuando recibió esa llamada (marzo de 2009), el caso Gürtel llevaba un mes en la vida pública y Camps conocía todos los detalles de su implicación desde, al menos, el 19 de febrero de 2009, cuando EL PAÍS reveló que la fiscalía le implicaba en la trama. Ese día, el presidente valenciano compareció ante la prensa para leer una declaración institucional. E incluso algunas semanas antes había llamado insistentemente por teléfono al sastre de Forever Young, José Tomás, para recabar información sobre las preguntas que le hacían los fiscales sobre el regalo de trajes. Así que cuando recibió la llamada del policía a las diez y media de la noche pidiéndole un número de fax para notificarle un auto judicial, Camps sabía de sobra de qué le estaban hablando. Trillo intentó colar ayer que su compañero lo ignoraba todo.

El PP ya había denunciado el asunto de la llamada policial el 12 de marzo ante el Consejo General del Poder Judicial. Entonces pidió Trillo que sancionaran al juez Garzón por la instrucción del caso. En esa queja incluían la llamada policial a Camps y otra parecida al ex vicepresidente valenciano Victor Campos. La denuncia del PP fue archivada.

Grabación ilegal de 2006. "A un presunto implicado", contó ayer Trillo, "se le graba una conversación telefónica en 2006 que emite la Cadena SER mientras el sumario del caso Gürtel se inicia en agosto de 2008. Clara, manifiesta y rotundamente: escucha ilegal sin autorización judicial".

El ex ministro evita explicar, porque lo debe de saber dado que es el hombre del PP que ha leído todos los documentos judiciales sobre este asunto, que esa grabación es una de las muchas que hizo el ex concejal del PP José Luis Peñas cuando colaboraba con Francisco Correa, jefe de la trama corrupta. Las grabaciones de Peña, que se iniciaron el 7 de febrero de 2006 y concluyeron el 10 de octubre de 2007, fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, que investigó la veracidad de las mismas antes de actuar contra la red de corrupción vinculada al PP.

Rita Barberá y la querella. Trillo explicó ayer una versión muy peculiar de otros hechos: "Cuando Rita Barberá interpone querella criminal contra EL PAÍS y el PP la acoge en su denuncia, en ese momento dejan de hablar de los bolsos de Louis Vuitton que supuestamente le regaló uno de los jefes de la trama corrupta] y ahora [EL PAÍS] se refiere a facturas durante su etapa de presidenta de la FEMP. Lo que quiere ver el juez es la capacidad de contratación que tenía el secretario general [de la FEMP], el señor De la Cruz, porque su nombre aparece en la caja B de la Gürtel con una cantidad equivalente a un millón de las antiguas pesetas. Ahora [en EL PAÍS] lo repescan con motivo de la transferencia de un papel entre dos organismos oficiales". La "transferencia" de un papel entre dos organismos oficiales es en realidad la reclamación del juez que lleva el caso en Madrid a la FEMP de todos los contratos adjudicados durante el mandato de Barberá a 11 empresas de la red corrupta. En la caja B no se atribuye el cobro de "un millón de pesetas" a De la Cruz, sino de 30.000 euros (cinco millones de pesetas). De la Cruz no era el secretario general de la FEMP por oposición sino el hombre de confianza de Barberá en ese organismo, con capacidad para adjudicar a dedo cientos de miles de euros, que beneficiaron casualmente a Correa. EL PAÍS no repesca nada. Es el juez que investiga la trama vinculada al PP quien pide esa documentación.