La consulta soberanista de Barcelona coge con el paso cambiado a CiU

El portavoz de CiU, Oriol Pujol, lleva una semana cuando menos curiosa: el lunes dijo que la Generalitat no tiene apenas dinero para pagar las nóminas -fue incluso desautorizado por su padre, Jordi Pujol- y ayer discrepó del presidente Artur Mas, que confesó que ahora tiene un dilema respecto a si debe votar o no, por razón de su cargo -hace un año creía que sí-, en la consulta soberanista de Barcelona del 10 de abril. "Yo iré y votaré que sí. Yo quiero dar mi parecer", se desmarcó Oriol Pujol en Ràdio Estel. "No arrastro ningún dilema. Tengo una responsabilidad en CiU, pero puedo actuar con libertad de conciencia votando lo que me parezca mejor".

Mientras Mas mide al milímetro sus palabras con una pulcritud extrema, Oriol Pujol, número de dos de CDC, ahora alejado del día a día del Parlament, no cesa de coger el altavoz, provocando en su partido un sobresalto diario. "Cualquier nacionalista tiene este anhelo y esto configura mi forma de actuar", abundó recordando que CiU acoge en su seno a muchos independentistas.

Pero no todos lo son. Unió se ha desmarcado siempre de estas votaciones y de la estrategia de su socio, que no las ha liderado sí las "ha acompañado", según la interpretación de sus propios dirigentes. Pero lo han hecho con diferente intensidad. Tanto Oriol Pujol como su antecesor en el cargo y actual consejero de Interior, Felip Puig, participaron en actos en favor de las consultas desde 2009 de forma intermitente. Mas se mantuvo al margen.

La realidad es que la cita del 10 de abril llega en un momento incómodo para CiU, enfrascada en su tarea en dirigir la Generalitat y reconducir la crisis. La votación se celebrará a las puertas de las elecciones municipales -el 22 de mayo- y la papeleta para CiU, que cree muerta la vía autonómica, no es fácil. El mismo Jordi Pujol acaba de abrazar el independentismo, pero consideró que las votaciones tienen un claro interés electoral. No es el único dirigente de CiU de la vieja guardia que piensa de esa forma.

De entrada, el Gobierno catalán ya ha movido ficha. El Departamento de Gobernación, dirigido por la democristiana Joana Ortega, ha decidido seguir la senda de su antecesor, el republicano, Jordi Ausàs, y ceder 300 urnas a los organizadores. Fuentes de Esquerra recordaron que CiU les reprochó en su día que se involucrara en la iniciativa. Gobernación disponía de dos informes que se contradecían sobre la legalidad de la cesión y una consulta con un tercer jurista forzó el desempate. "No hay ninguna ley que impida cederlas", alegó el portavoz del Gobierno, Francesc Homs.

CiU abraza tantas familias y sensibilidades respecto a la cuestión nacional que su Gobierno es un reflejo de ello: desde Mas a Ortega, pasando por la consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal. El día de Sant Jordi del año pasado, Mas declaró que, "obviamente", ejercería su derecho al voto en una consulta en Barcelona. Nunca ha negado que diría que sí. Pero ahora duda: dice que, además de ser el "ciudadano Mas", se siente presidente de 7,5 millones de ciudadanos, algunos a favor del Estado propio y otros no, y que tiene que despejar la duda. Mientras, Ortega "no descarta" acercarse a las urnas porque le merece un respeto la iniciativa democrática. Nunca se ha declarado soberanista. Y todo apunta a que si vota lo hará por él Quien parece que no tendrá mucho interés en depositar su papeleta es Fernández Bozal, que, en su calidad de abogada del Estado, firmó dos escritos para paralizar la consulta de Arenys, la primera de la oleada. En los textos, la comparó con "la cesión de unas dependencias municipales para instalar la capilla ardiente de un etarra" o el caso del Consistorio de Gatika, que imprimió carteles en favor del traslado de presos.