El 'caso Lasa y Zabala', un juicio con enigma

Los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala desaparecieron en Bayona, sur de Francia, el 15 de octubre de 1983. Sus restos mortales, los huesos con orificios de bala en la cabeza y unas vendas, fueron hallados en una fosa de la localidad alicantina de Busot en 1985, aunque por entonces nadie los relacionó con ellos y reposaron durante 10 años en el cementerio de Alicante. Fue en 1995, cuando un policía alicantino vinculó el hallazgo de los restos con los etarras desaparecidos. A partir de ahí, el caso que mañana será juzgado, y en el que hay imputadas siete personas, tomó un nuevo curso.Jesús Santos, teniente fiscal de la Audiencia Nacional y encargado del caso, cree que hay pruebas para demostrar que los etarras fueron secuestrados por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de San Sebastián, siguiendo órdenes del entonces comandante, y hoy general, Enrique Rodríguez Galindo y del gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga; que después fueron torturados en un interrogatorio brutal y finalmente asesinados por los mismos agentes. La defensa, por el contrario, considera que no existen pruebas y que la acusación sólo cuenta con testigos de referencia: nadie vio nada por sí mismo.

Durante cierto tiempo, lo único seguro fue la desaparición de Lasa y Zabala y que ambos tuvieron una muerte violenta. Los análisis del ADN de los restos encontrados en Busot confirmaron la identidad de las víctimas. Los estudios forenses concluyeron también que ambos habían experimentado grandes sufrimientos y finalmente murieron por disparos en la nuca. Zabala recibió dos disparos; Lasa, uno.

Casi de inmediato se sospechó de los agentes del servicio de información de la Guardia Civil de la Comandancia de San Sebastián. Un presunto contrabandista de tabaco y drogas blandas, Pedro Luis Miguéliz, Chofo, que había tenido relación de amistad con el ex sargento Enrique Dorado Villalobos, facilitó la primera versión, que, según dijo, le había contado éste mientras esperaban un alijo en la falda del monte Igueldo, en San Sebastián. Dorado alardeó de sus hazañas y le puso al corriente de lo ocurrido. Se trataba de un testigo sin credibilidad que conocía los hechos sólo de oídas.

Persona de confianza

Un paso importante en las pesquisas lo constituyó el testimonio del policía Ángel López Carrillo, persona de confianza de Elgorriaga, quien relató al juez que Lasa y Zabala fueron interrogados en el palacio La Cumbre, de San Sebastián, que por entonces se hallaba deshabitado. El policía explicó que fueron a inspeccionar el lugar de un atentado en Aretxabaleta (Guipúzcoa) en el que había muerto un guardia, y cuando regresaban del hospital de Mondragón de visitar a los heridos en el Ford Granada del gobernador civil, acompañados del comandante Rodríguez Galindo, el chófer de éste, que les seguía en otro coche oficial, les hizo señas. Por la emisora avisaban a Galindo de que llamase urgentemente a la comandancia. Hizo la llamada, y cuando volvió al coche del gobernador le dijo que había recibido buenas noticias, pues habían "caído dos peces en el anzuelo".

López Carrillo se enteró al día siguiente, por boca de Elgorriaga, de que éste y Galindo habían ido a interrogar a los etarras a La Cumbre y, encapuchados, se habían hecho pasar por agentes del Mosad, los servicios secretos israelíes. También supo la identidad de los secuestrados: dos miembros de ETA llamados Lasa y Zabala.

El testimonio de López Carrillo era importante, pero sólo se trataba de un testigo directo respecto de la llamada recibida por Galindo. Para lo demás, seguía hablando por boca de otros. Además, tanto Galindo como Elgorriaga negaban las afirmaciones del policía y que éste tuviera acceso al gobernador ni pudiera ir con él en su coche oficial. López Carrillo presentó fotografías en las que se le veía en domicilios particulares con Elgorriaga.

Otro policía, Julio Vázquez Ayra, compañero de piso de López Carrillo en la época de los asesinatos, confirmó punto por punto la versión ofrecida por éste, pero con la particularidad de que López Carrillo se la contó en 1983.

Los testigos protegidos -desde José María Velázquez Soriano, Chema, al testigo 1964-S, que fue atacado por desconocidos y sodomizado con un objeto romo poco antes de que le pusieran la escolta- tampoco tienen gran cosa que aportar. Se trata de comentarios que oyeron.

El testimonio de Luis Roldán tampoco tiene mayor consistencia. El ex director general de la Guardia Civil ha acusado a varios oficiales de participar en el enterramiento de Lasa y Zabala. Sólo uno de ellos, el capitán Ángel Vaquero, ha sido procesado, pero no por las declaraciones de Roldán.

Tras la desclasificación de los papeles del Cesid en abril de 1997, se incorporó a la causa con plena validez como prueba lo que se denominó Acta Fundacional de los GAL, documento elaborado por los servicios secretos y que lleva fecha de 6 de julio de 1983. El acta examina los pros y los contras de la guerra sucia contra ETA y se plantea las formas de actuación en el sur de Francia. El documento concluye con la frase "en cualquier circunstancia se considera que la forma de acción más aconsejable es la desaparición por secuestro". Una nota de despacho del Cesid de 28 de septiembre del mismo año anuncia la inminencia de acciones violentas en el sur de Francia. Es un marco de referencia que establece las formas de actuación, pero que no implica a personas concretas. Hasta ese momento, y pese a haber varios imputados, nadie declaró en el sumario haber visto vivos a Lasa y Zabala en España después del 15 de octubre de 1983.

El punto de inflexión se produce en agosto de 1997. El cabo Felipe Bayo, considerado uno de los autores materiales del secuestro, torturas y asesinato de Lasa y Zabala, cambia de abogado defensor y de estrategia de defensa. Lleva muchos meses en la cárcel y su paciencia se agota. Sus superiores le habían prometido que saldría pronto, pero la libertad no llega. Ha estado en tratamiento psiquiátrico por las fuertes depresiones que padece e incluso ha intentado suicidarse. Del 12 al 26 de agosto declara en cuatro ocasiones. Señala que ha estado callado tanto tiempo "por una mal entendida lealtad al general Galindo" y confiesa que él, junto con Dorado, custodió a Lasa y Zabala en La Cumbre. Asegura que no participó en el secuestro, pero que la noche del 15 de octubre de 1983 el teniente Fidel del Hoyo les llevó a La Cumbre por orden de Galindo a vigilar a los etarras. Al llegar allí, además de Galindo, estaban Elgorriaga y Vaquero. Habían narcotizado a los etarras y cuando despertaron les interrogaron por separado haciéndose pasar por agentes israelíes. Bayo era consciente de la ilegalidad de la detención, pues no se hizo atestado oficial y los guardias civiles que participaron (seis o siete) nunca vistieron el uniforme. Bayo declara que no se torturó a los detenidos y que fue la única vez que se llevó a detenidos a La Cumbre.

Al cabo de tres días, el capitán Vaquero les ordenó que se retiraran del servicio y Bayo nunca supo qué pasó con los detenidos, aunque supuso que los habrían dejado marchar o se habrían fugado. Vaquero se quedó con los documentos de identidad de Lasa y Zabala.

Al testimonio de Bayo y López Carrillo hay que añadir algunos otros datos. Los asesinatos de Lasa y Zabala fueron reivindicados en nombre de los GAL por una llamada telefónica a la SER en Alicante el 21 de enero de 1984.

El 19 y 24 de enero de 1984, la Guardia Civil realizó dos redadas entre vecinos de Tolosa, entre ellos una gran parte de amigos y conocidos de Lasa y Zabala, que fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional. Las detenciones se realizaron con los datos obtenidos en los interrogatorios de los fallecidos, según declara el propio Bayo.

El 13 de abril de 1998, Bayo participó en una inspección ocular del palacio de La Cumbre junto con el juez instructor, el fiscal y el resto de las partes en el proceso, y dejó impresionados a los asistentes por su "excelente memoria".

El testimonio de Bayo lo ha cambiado todo. Y ahora todo depende de lo que diga en el juicio, cosa que continúa siendo un enigma. Él ha denunciado presiones para mantener primero el silencio y después para exculpar a sus superiores. El fiscal quiere que declare el último, y las defensas, el primero. La estrategia que adopten dependerá de lo que diga. El juicio puede deparar muchas sorpresas.