"Ya no caben más dilaciones. La sociedad y las víctimas no pueden esperar más"

La escritora Almudena Grandes, el jurista Carlos Jiménez Villarejo y representantes de las asociaciones de Memoria Histórica presentaron ayer un manifiesto, avalado por 500 firmas de intelectuales y juristas, en el que urgen a aprobar de una vez la ley de reparación de las víctimas del franquismo, aún en tramitación en el Congreso.

"Ya no caben más dilaciones. La sociedad democrática, las asociaciones cívicas y, sobre todo, las víctimas que padecieron la represión de la dictadura ya no pueden esperar más", reza el manifiesto, que exige también introducir en la ley una condena expresa del franquismo y la nulidad de los juicios de la dictadura.

Los promotores del manifiesto han recogido más de 500 firmas de adhesión, entre las que figuran las de Joseba Azkárraga, consejero de Justicia vasco; los cineastas Pere Portabella y Pedro Almodóvar; los historiadores Paul Preston y Francisco Espinosa, los juristas Carlos Castresana y José María Mena, actores como Pilar Bardem, Juan Diego Botto o Mercedes Sampietro y los escritores Ángel González, José Manuel Caballero Bonald y Rosa Regás. La iniciativa fue promovida por la Asociación de la Memoria Social y Democrática y contó con el apoyo del coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, quien recalcó que el PSOE "tiene que mover ficha en horas, no en días, para que sea posible" que la futura ley sea realmente "de memoria, de justicia y de reparación".

Llamazares criticó la actitud "timorata" de los socialistas, que, a su juicio y ante la "reacción" del PP, están intentando "diluir" los acuerdos alcanzados con IU y las asociaciones de la Memoria Histórica, en particular en lo que se refiere a la condena del franquismo y a los efectos jurídicos de la nulidad de los juicios, informa Efe.

El ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo insistió en la necesidad de que la ley establezca la nulidad de los juicios o que impulse que sea el aparato del Estado el que promueva esa nulidad, "porque lo permiten las leyes vigentes". "Las sentencias no eran sentencias, eran decisiones inspiradas en la venganza", subrayó Jiménez Villarejo, y argumentó que los tribunales que las dictaron no eran legítimos, ni independientes ni imparciales.

"Un pacto de silencio"

Por su parte, la escritora Almudena Grandes señaló que uno de los crímenes de la dictadura fue "cortar los hilos de la memoria", y afirmó que la generación que hizo la transición a la democracia "no comprendió que el pacto de silencio" iba a ser "inservible" treinta años después.

Los firmantes del escrito recalcan que la Ley de Extensión de Derechos a los afectados por la Guerra Civil y por la Dictadura, que inicialmente se denominó Ley de la Memoria Histórica y que está encallada en el Congreso, es "manifiestamente insuficiente" y añaden que "continúa sin tramitarse cuando está a punto de agotarse la legislatura". Reclaman que el texto legal recoja una condena "formal" de la dictadura franquista y que declare que su "aparato represivo -consejos de guerra y tribunales especiales"- estuvo "viciado de raíz por su ilegitimidad de origen", por lo que exigen la nulidad de sus sentencias.

El manifiesto solicita que sea el Ministerio de Justicia y el Fiscal General del Estado quienes impulsen y planteen ante el Tribunal Supremo la declaración de nulidad de pleno derecho de las sentencias. Por último, pide que el Estado asuma como "políticas públicas" la preservación de lo que denominan Memoria Democrática, promoviendo "la localización de los represaliados desaparecidos, el acceso a los archivos históricos y la desaparición de la simbología franquista de las vías y edificios públicos".

Fernando Reinlein, portavoz de la asociación militar Foro Milicia y Democracia; Pedro Zamora, de la Comisión Permanente de la Iglesia Evangélica en España, y Julio Lois, de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII, participaron también en la presentación de este manifiesto que han suscrito sus asociaciones.