Una bandera republicana en el Arco de la Victoria

Medio centenar de personas se ha concentrado esta tarde frente al Arco de la Victoria de Moncloa, en Madrid, para pedir la retirada de símbolos franquistas. Entre restos de un botellón y en presencia de la policía han colocado una bandera republicana de unos cinco metros de largo en el monumento que inmortaliza la victoria del bando franquista de la Guerra Civil.

El arco, de 40 metros de altura, se diseñó nada más terminar el conflicto, pero no se terminó hasta 1956. Lleva una placa en la que se lee en latín: "A las armas aquí vencedoras, la mente que vencerá siempre le dedica este monumento", y en principio formaba parte de un complejo conmemorativo más amplio, con un monumento a José Antonio Primo de Rivera, que continúa detrás del arco, y una estatua ecuestre de Franco que finalmente decidió trasladarse al espacio que ocupó hasta hace cinco años en Nuevos Ministerios. "Cuando se terminó de construir el arco, los tiempos habían cambiado. Los aliados de Franco habían perdido la Segunda Guerra Mundial y el régimen, que entonces quería acercarse a EE UU prefirió ser más discreto. Por eso al terminarse, no se inauguró el arco y la estatua se llevó a otro lugar", explica Jesús de Andrés, profesor de ciencias políticas en la UNED experto en símbolos del franquismo.

Terapia de grupo

Mientras, el aula de la facultad de Relaciones Laborales de la Complutense donde tiene lugar el encierro voluntario en apoyo del juez Garzón ha acogido hoy una sesión de terapia de grupo. Familiares de víctimas del franquismo, como Carmen Páez, que busca a su abuelo, un guardia de asalto que dejó cinco hijos, o Fausto Canales, que lucha para rescatar los restos de su padre del Valle de los Caídos, adonde fueron llevados sin su consentimiento, compartieron sus historias.

Todos elevaron la voz, de indignación, al recordar el final de su proceso, la paralización de la investigación que le reclamaron al juez Garzón. "Me daba confianza, me sentía arropada por él. ¿Ahora quién nos va ayudar a dignificar el nombre de mi abuelo y el de todos los que lucharon por España? Todavía somos malos y rojos? ¿Todavía tenemos que tener miedo?", se preguntaba Carmen Páez.

Después, un hombre que no dice su nombre toma la palabra: "A mi hermano lo condenaron a muerte, al final se salvó. Yo soy un niño del auxilio social. Con diez años, he hecho trabajos forzados. Quería dar las gracias al juez Garzón porque nos ha dado un motivo para unirnos y recordar las tropelías y penalidades que pasamos. No podemos olvidar víctimas".

Sin recursos suficientes

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) atiende a los familiares de las víctimas del franquismo en una oficina en la calle Francisco Madariaga, 30, en Madrid todos los miércoles. El local se lo ha cedido Psicólogos sin Fronteras. Están desbordados y denuncian que la oficina de atención a las víctimas del franquismo del Ministerio de Justicia ha llegado a remitirles cinco casos.

"La oficina estatal es una ventanilla. Allí no les escuchan, ni les dan ayuda psicológica. Nos remiten casos, cuando nosotros no tenemos ni para pagar Internet", ha declarado Carlos Agüero, coordinador del centro de atención a las víctimas de la ARMH, que graba en vídeo a los familiares. "Sin sus testimonios será imposible exhumar de dentro de diez años, o que los hijos de los nietos sepan qué pasó. Hay pasajes de la historia más negra de este país que sólo están en la memoria de las víctimas. Llevamos diez años diciendo que esto es urgentísimo pero nadie nos hace caso", ha añadido.

En esta oficina, donde han atendido a 103 personas, también ofrecen ayuda jurídica sobre las indemnizaciones que pueden solicitar "porque los octogenarios no entienden el lenguaje del BOE", explica Agüero. El desamparo en el que se encuentran los familiares ha propiciado la aparición de empresas que piden dinero a las familias para hacer exhumaciones.

Caso por caso, casa a casa, los voluntarios de la oficina se han entrevistado con familiares de víctimas, "algunas en situaciones insalubres" y han tropezado con muchos obstáculos en los archivos que guardan las pistas sobre el paradero de los desaparecidos. "El 99% de las parroquias nos han puesto problemas", ha denunciado Agüero.