Las autonomías ganaron poder a costa de una bronca política y judicial

"Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán". Parecía que con esa sentencia, pronunciada con solemnidad el 13 de noviembre de 2003 ante la plana mayor de los socialistas catalanes en un mitin, y sepultada un segundo después bajo el estruendo de sus aplausos, José Luis Rodríguez Zapatero -que aún no era presidente del Gobierno- estaba solo echando una mano a Pasqual Maragall para ganar los comicios autonómicos catalanes de ese mes. Pero esa frase abrió el melón de las reformas estatutarias en cadena y también un gran enjambre de abejas que dio lugar a una de las mayores broncas de estas dos legislaturas.

Desde 2004, siete de las 17 comunidades autónomas (Cataluña, Baleares, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Extremadura y Comunidad Valenciana) han reformado su Estatuto, su ley fundamental sólo por detrás de la Constitución. Han ganado autonomía, poder y financiación, cedido todo por el Estado central.

El PP denunció que con el texto catalán se reconocía una "soberanía paralela"

El Constitucional aún debe dirimir varios recursos de unas regiones contra otras

Otra, Castilla-La Mancha, lo intentó pero acabó retirando el proyecto hace un año, ante la falta de consenso y entre acusaciones de traición del PSOE al PP. Y otra más, el País Vasco, tuvo que desistir cuando su propuesta, la más temprana, recibió un rotundo "no" nada más llegar a las Cortes en febrero de 2005. De aquel plan Ibarretxe, que tomaba su apellido del lehendakari que la impulsó, no se ha vuelto a saber.

El "no" rotundo al plan Ibarretxe se convirtió en un "no así" al plan catalán. Tras constatar que el proyecto de Estatuto que salió del Parlamento de Cataluña no podía ser aceptado tal cual como Zapatero había prometido -porque estaba lleno de artículos inconstitucionales-, el texto fue purgado en la Comisión Constitucional del Congreso; desbloqueado en una reunión secreta en La Moncloa entre el presidente Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas -que hoy es presidente de la Generalitat, pero entonces no lo era-; y aprobado finalmente en las Cortes el 10 de mayo de 2006. Después fue sometido a referéndum en Cataluña: con una participación del 49%, votó sí el 74%.

El PP denunció que con la luz verde al Estatuto se reconocía una "soberanía paralela" a Cataluña; ERC también votó en contra, pero porque el texto había quedado "descafeinado". "España no quiere ser plurinacional", protestó Josep Lluis Carod Rovira.

Al contrario de lo que proclamó en ese momento el PSOE, el Estatuto seguía sin ser "impecablemente constitucional" cuando entró en vigor, a tenor de la sentencia que el Tribunal Constitucional dictó cuatro años más tarde y que tumbó 14 artículos e interpretó otros 26 (de los 114 recurridos por el PP). Precisó, por ejemplo, que la referencia a Cataluña como "nación" en el preámbulo podía quedarse, pero no tendría "eficacia jurídica". Ese asunto había copado el debate político durante un lustro. La nación, argumentó Zapatero para defenderlo, es un concepto "discutido y discutible". "La Constitución no conoce otra que la nación española", sentenció el Alto Tribunal.

Después de todo ese proceso -que duró años, salpicado de manifestaciones en la calle, una campaña de recogida de firmas del PP por toda España y agrios debates parlamentarios- lo que resultó fue un Estatuto con más poder que ningún otro hasta entonces, y que, por primera vez, establece una relación bilateral con el Estado, blinda competencias exclusivas, condiciona la financiación común e impone a sus ciudadanos el deber de conocer el catalán -el Constitucional precisó que ese deber "no es jurídicamente exigible con carácter generalizado"-. Y comenzó la carrera del resto de autonomías por alcanzar ese mismo estatus.

En realidad, aunque el catalán fue el Estatuto que marcó la ruptura y centró la polémica, el valenciano fue el primero en aprobarse: en julio de 2005. En él, la Comunidad Valenciana se reserva el "derecho" a recibir agua de "cuencas excedentarias" (el Ebro), lo que provocó recursos de constitucionalidad de Castilla-La Mancha y Aragón. Además, el presidente Francisco Camps (PP) logró colar su enmienda por si acaso, que se arroga la capacidad de incorporar cualquier nuevo derecho que otra autonomía obtenga.

El PP fue muy beligerante con el Estatuto catalán; con el resto no, aunque algunos copian artículos enteros de aquél. Andalucía (PSOE) y Castilla y León (PP) copiaron los derechos propios; estas dos y Aragón (PSOE), el capítulo competencial. La "nación" catalana pasó a ser "realidad nacional" en el Estatuto andaluz (apoyado por el PP). Y todas exigieron una financiación especial.

Explotó, además, la guerra del agua. Varias comunidades reclamaron la gestión sobre las aguas que pasen por su territorio. Y todas han recurrido las pretensiones de las demás en ese punto. El Constitucional acaba de dictaminar que Andalucía no se puede apropiar del Guadalquivir. La "tercera descentralización" -tras la de 1978, que creó el Estado autonómico, y la de José María Aznar, que traspasó la educación y la sanidad a las comunidades- tiene aún recorrido en los tribunales.