Las aseguradoras se oponen a pagar 1,6 millones de euros a los Meño

La familia de Antonio Meño se ha visto las caras esta mañana con las aseguradoras de la clínica en la que se practicó la operación que dejó al chico en estado vegetativo a los 21 años. Diez minutos ante la jueza han bastado para terminar el acto de conciliación sin llegar a un acuerdo. Las seis partes demandadas se han negado a pagar 1.650.000 euros porque alegan que se ha producido "fraude procesal" en el caso que llegó al Tribunal Supremo. La familia Meño reclama esta cantidad, equivalente a los 175 millones con los que condenaron a la clínica Nuestra Señora de América de Madrid la primera vez que acudieron a juicio en 1993. Más los intereses correspondientes a las casi dos décadas transcurridas.

La familia Meño pedirá al menos un millón de euros a las aseguradoras

El abogado dejó el caso a las dos semanas de ganar ante el Supremo

El abogado de la familia, José Carlos Izquierdo, ha declarado a la salida de la sala que que espera llegar a un acuerdo en próximas reuniones. Son optimistas y confían en que la semana que viene o la próxima puedan pactar la cantidad que pide la familia con las aseguradoras. La familia, sin embargo, no ha quedado satisfecha con el acto de conciliación. No entienden que los abogados de los seis demandados hayan dicho que se había producido fraude procesal. El padre de la víctima, también de nombre Antonio Meño, ha considerado "humillante" lo sucedido esta mañana. "Se puede llegar a un acuerdo o no llegar, pero hay palabras...", ha criticado a la salida de los juzgados de plaza de Castilla.

Ambas partes han acudido a las 9.15 al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, en plaza de Castilla, para el acto de conciliación que estaba previsto y que pretende evitar el inicio de un nuevo proceso judicial, después de que el Tribunal Supremo les diera la razón en noviembre.

El alto tribunal acordó anular las sentencias que en su día condenaron a los padres de Antonio Meño a pagar 400.000 euros en costas judiciales. Ante esta decisión, el padre y la madre se echaron a la calle y pasaron 522 días viviendo en una caseta con su hijo en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid.

Hace cinco meses y 12 días que la madre, Juana Ortega, recuperó su rutina. Se reencontró con la "lavadora, la compra y la ducha" al volver a casa después de desmontar su campamento de Jacinto Benavente. Creía que después de la sentencia del Supremo, tras dos décadas de juicios, se había hecho justicia con su hijo, que quedó en estado vegetativo desde que en 1989 se sometiera a una rinoplastia. "La vida nos dio un vuelco", aseguraba la mujer pensando que a partir de ese momento todo iría bien. Pero la vida "volvió a dar otro vuelco".

"No hay compensación para esto, no se puede pagar con cuatro monedas cómo han dejado a un chico durante 22 años y cómo han roto la vida de una familia", se quejaba ayer a este periódico Ortega, que prefiere que los culpables vayan a la cárcel o les obliguen a atender a personas como mi hijo para que "vean lo que han hecho". Lo que le haría feliz es que la Justicia impusiera "un castigo ejemplar para el anestesista y el resto del equipo médico que permitieron que Antonio Meño se quedara sin oxígeno".

Antonio Meño, de 42 años, descansa en una habitación con la televisión encendida y un espejo inclinado que permite a su madre vigilarle desde el sofá del salón. Juana Ortega, de 65 años, dedica todo el día al cuidado de su hijo desde hace dos décadas. Duerme en chándal directamente porque tiene que levantarse muchas veces. Se despierta alrededor de las ocho y le da un zumo a su hijo mientras ella toma el café. Después le limpia, recoge la casa, hace la comida...

Como si nunca hubiera pasado nada. Pero permanecer más de un año durmiendo en la calle como forma de protesta le ha pasado factura ahora. No quiere salir de casa. No puede, dice, y no sabe por qué. "Salvo que me vea obligada", asegura. Se limpia las lágrimas de los ojos hablando de las cuatro paredes de su casa como si fueran una "cárcel". Se deja llevar por el pesimismo: "Soy un familiar molesto". Por eso, ha decidido no acudir a la comunión de una de sus nietas. "En la calle me veía más fuerte", reflexiona.

Uno de los que apareció por la casa provisional de los Meño frente al ministerio de Justicia fue un testigo crucial. El doctor Ignacio Frade que asistió como ayudante en la operación y vio como el tubo de oxígeno que debía mantener con vida al paciente estuvo desconectado durante más de cinco minutos. Con su testimonio el Tribunal Supremo reabrió el caso y dio la razón a la familia Meño. Desde entonces, Antonio Meño recibe la visita de un fisioterapeuta tres veces por semana y está en revisión neurológica. Cosa que, según ella, antes de la sentencia todo el mundo se negaba a prestar a la familia "por miedo" a resultar implicados en el caso. Pero toda ayuda es poca. Más allá de la indemnización que pide, lo que Juana Ortega quiere es "poder dormir una noche tranquilos".

Antonio Meño vuelve a casa

La familia Meño no logra acuerdo con las aseguradoras