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La familia del hombre en coma por una operación de nariz desmonta el campamento en el que vivía

Los padres de Antonio Meño regresan a su casa de Móstoles, embargada por una sentencia del Supremo

Hoy se cumple el día 522 en la calle, en la plaza Jacinto Benavente de Madrid, dos días después de que el Tribunal Supremo les diese la razón después de dos décadas de pleitos judiciales, la familia de Antonio Meño, de 42 años y en estado vegetativo desde una operación de nariz en 1989, ha decidido abandonar su protesta pública y ha vuelto a su casa de Móstoles, embargada desde que el Supremo condenó a la familia en 2008 a pagar los costes judiciales de la parte demandada, la clínica Nuestra Señora de América y el anestesista de la operación, a los que denunciaron durante todo este tiempo como responsables de una negligencia que dejó en coma a su hijo Antonio.

Los padres de Meño, Juana y Antonio, 65 y 66 años, empezaron a sacar sus bártulos sobre las once de la mañana rodeados del ambiente de los últimos días: los habituales de la plaza Jacinto Benavente, peatones, mujeres de la calle y hombres ociosos más las unidades móviles de televisión y las decenas de periodistas que los han seguido durante su batalla en la calle. La familia ha vuelto a su casa (sobre la que ha dejado de pesar el embargo) en Móstoles con su hijo Antonio, al que han trasladado en una cama dentro de una furgoneta. A su llegada, sus vecinos han aplaudido.

El pasado miércoles, el Supremo anuló las sentencias anteriores de este caso gracias a un nuevo testigo, el doctor Ignacio Frade, que estuvo como aprendiz en el quirófano y vio cómo, al final de operación, las constantes del paciente se alteraron en ausencia del anestesista. Este tardó cinco minutos en volver al quirófano tras ser avisado y entonces se dio cuenta de que el tubo de respiración había estado desconectado durante la intervención, por lo que Meño había ido perdiendo oxígeno hasta sufrir la lesión cerebral que lo dejó postrado para siempre. La nueva sentencia del Supremo permite reabrir la causa a instancia de las partes y exime a la familia de Meño de pagar 400.000 euros en concepto de costas judiciales.