La acusación de falsificar permisos para herbicidas acerca a Fabra al banquillo

"Iba vestido con traje oscuro y corbata y no llevaba maletín ni carpeta". De esta manera se presentó el ex subdirector de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura Domingo Cadahía a un encuentro en el Hotel Palace de Madrid, entre finales de 1999 y principios de 2000, según el empresario Vicente Vilar. En la reunión estaba también el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. El objetivo era que el entonces ya jubilado cargo de Agricultura les asesorara ante los infructuosos intentos de que el ministerio aprobara herbicidas y plaguicidas. Los tres, junto a otras cinco personas, están ahora imputados.

La juez, que ha incoado procedimiento abreviado, decidirá en los próximos días si abre el juicio oral, lo que sitúa a Fabra más cerca del banquillo de lo que él mismo esperaba. De momento, a él y a los demás se les acusa de haber falsificado sellos y analíticas y de haberlas presentado "a sabiendas de su falsedad" ante el Ministerio de Agricultura, "con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones" de diversos plaguicidas. La sociedad beneficiaria era Artemis 2000, de la que eran socias las ahora ex esposas de Fabra y Vilar, ambas imputadas.

Las pesquisas de Agricultura acabaron en la retirada de los plaguicidas

Cadahía había montado una asesoría, Consultores Agroquímicos, para encarrilar los trámites para la obtención de permisos. Vilar, fabricante del sector, acudió a él y, según la versión del empresario, éste les sugirió falsificar la composición de las materias primas. Cadahía declaró ante la juez que, "seguramente", la reunión trató sobre las dificultades para obtener los permisos y la necesidad de presentar una "documentación adecuada", pero negó haber sugerido la falsificación de análisis.

El caso es que Vicente Vilar sostiene que "decidimos hacerlo". El sistema consistía en cambiar, sobre papel, la composición de las materias primas y firmar los análisis con rúbricas y sellos de firmas chinas e indias falsificados. Shengua Group Company, de Zheijang (China), o la india Sharda Internacional fueron algunas de las firmas utilizadas. También presentaron la acreditación falsa de un laboratorio, el Fredrik Institute, que avalaba los compuestos ante el Ministerio de Agricultura.

La trama precisó de un impresor jubilado, Manuel Martínez, ahora imputado, que recibía los logotipos en un folio y los transformaba en sellos de caucho. Vilar dice que los primeros fueron aportados por el chófer de Fabra. Mientras, dos químicos, Hadmi El Azouzi y Mohamed Chakir, también imputados, rehacían los análisis.

Los productos, aprobados con documentación falsa, fueron comercializados durante más de dos años. En 2005, el Ministerio de Agricultura inició una investigación que halló indicios de la manipulación. En 2006, el Gobierno suspendió su comercialización.