Los abogados argentinos contra el franquismo piden más presión social

"Nuestro objetivo al presentar esta querella en Argentina es que el franquismo termine juzgándose en España del mismo modo que Garzón abrió el camino a que se juzgara la dictadura argentina en Argentina. Esperamos que en todo el mundo, los españoles que sufrieron estos crímenes presenten querellas similares en distintos países de forma que se vayan recogiendo pruebas para ese proceso", aseguró ayer Carlos Slepoy, abogado de la querella por genocidio interpuesta en Buenos Aires por familiares de víctimas del franquismo y una docena de asociaciones de defensa de los derechos humanos.

Reunidos en la Casa del Barrio de Carabanchel (Madrid) Slepoy, el abogado de la vía abierta en Argentina, y Fernando Magán, el de la vía cerrada en España, hablaron ayer de sus metas el primero, y de sus frustraciones el segundo. Magán atribuyó la paralización del proceso abierto por Garzón a la vicepresidenta De la Vega, "a través de la Fiscalía General del Estado" y al propio Zapatero, que a su juicio, "poco antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anulara las exhumaciones ordenadas por Garzón, lanzó un mensaje a los jueces al asegurar que "al franquismo ya lo había juzgado la historia". Slepoy recordó que ya hay 60 condenados y más de 600 procesados por las dictaduras argentina y chilena. "En Argentina ya han sido juzgados todos los torturadores, todos los que apretaron el gatillo, y ahora se empieza a juzgar a los responsables económicos. En España aún hay responsables vivos de los crímenes del franquismo porque fueron crímenes que continuaron hasta las primeras elecciones democráticas en 1977".

La querella sufre en Argentina su primer revés por la oposición del fiscal

Silvia Carretero, viuda de José Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados del franquismo, explicó: "He acudido a la justicia argentina porque los guardias civiles que me torturaron estando embarazada de dos meses de mi hija y los miembros del pelotón de voluntarios que fusilaron a mi marido siguen vivos. Durante 35 años he estado callada, nunca presenté una querella aquí porque pensé que no obtendría justicia, pero cuando pedí la indemnización de la Ley de Memoria Histórica por el fusilamiento de mi marido y me la negaron diciéndome que era un terrorista y cuando después vi lo que le ocurrió a Baltasar Garzón, pensé: hasta aquí. Quiero que un juez interrogue a los que me torturaron y a los que fusilaron a mi marido y si decide que son culpables, los encierre".

La querella en Argentina acaba de sufrir su primer revés. El fiscal se opone a que los hechos sean juzgados allí porque "aunque piensa que son imprescriptibles y que no se puede aplicar la Ley de Amnistía, están siendo juzgados en España", aseguró Slepoy. El abogado, pese a todo, cree que la causa puede prosperar. "Este no es un proceso de españoles en Argentina, es un juicio de todo el mundo porque si esta querella sale adelante, Argentina estará lanzando un mensaje a la humanidad: que los crímenes de genocidio tienen castigo".

Tanto Magán como Slepoy coincidieron en que en cualquier caso el proceso es imparable por la demanda de la sociedad civil. "En Argentina fueron las abuelas las que buscaban a sus nietos y en España son los nietos los que buscan a sus abuelos", recordó el argentino.