Vendimia de miserias

Moral de Calatrava, a sólo 18 kilómetros de Valdepeñas, es un pueblo de casas blancas de dos pisos, cuyas puertas y ventanas, cubiertas por pesadas cortinas, suelen permenecer abiertas para dejar correr el aire. Las aceras tienen poco más de un metro de ancho. Y en el centro se levanta la iglesia, como una gran piedra a la que los vecinos acuden para lavar sus pecados. En la puerta del templo, una pila de Con vosotros, el semanario oficial de la Iglesia en Ciudad Real, recoge las biografías de 11 "mártires" fusilados en 1936 "por odio a la fe" que serán beatificados próximamente. Enfrente, el ayuntamiento lleva 25 años en manos del PSOE. La Mancha está llena de pueblos como éste. Estamos en el corazón de la vendimia.

"¿Mil inmigrantes en el pueblo? ¡Pero si sólo yo tengo empadronados a más de quinientos!"

"Las autoridades han dicho que nos solucionarán a tiempo las contrataciones"

Oficialmente, en Moral de Calatrava viven 5.500 personas. Pero cualquiera que levante de noche las cortinas de ciertas casas puede desmentir ese dato. Una vaharada de humanidad concentrada brota del interior y, al resplandor de una farola, es posible entrever decenas de cuerpos desnudos de hombres, mujeres y niños que duermen amontonados en colchones sobre el suelo. En la penumbra, destellan dientes de oro.

Esas personas forman parte del millar de extranjeros que han llegado para trabajar en la vendimia. La mayoría son búlgaros y rumanos de etnia gitana. Algunos han venido en autobuses, directamente desde sus países (cuatro días de viaje sin paradas). Otros se han desplazado desde otras regiones, siguiendo la ruta de la cosecha.

Durante el último mes, muchos de ellos han pasado de la incertidumbre a la desesperación: aún no saben si los agricultores se decidirán a contratarles, porque, aunque sus países ingresaron el pasado 1 de enero en la Unión Europea, la moratoria de dos años impuesta por el Gobierno les sigue considerando inmigrantes a efectos laborales. Y sólo algunos de los patronos de Moral -al igual que sucede en otros pueblos de la comarca- se han molestado en tramitar sus papeles.

Es el caso del rumano Varga Lucian, de 33 años, que ha llegado desde Murcia con su esposa, su hija, su hermano, su padre... En total, seis personas. El miedo de los agricultores a emplearle porque carece de papeles le obligó el mes pasado a pedir dinero prestado a su hermano en Rumania. "No tenía para pagar el alquiler", explica. "Si hay trabajo, todo tranquilo. Si no hay para comer, gente tiene que robar", profetiza Luvian en su precario castellano. "Ocurre siempre".

El problema no es la falta de trabajo. Al contrario. De las 18.543 hectáreas que ocupa el término municipal, más de 7.000 están cubiertas de cepas cargadas con 40 millones de kilos de uvas a punto de reventar. "Están para cogerlas después del Cristo [fiesta local que se celebra el 14 de septiembre]", precisa Roque Gutiérrez, de 43 años, presidente de la cooperativa Santiago Apóstol, que reúne a 500 socios.

Gutiérrez calcula que para esta vendimia harán falta "unas 2.000 personas, la mitad familiares y la otra mitad inmigrantes". La cifra coincide con la de los extranjeros del pueblo. "Nosotros necesitamos mano de obra. Resulta que tenemos el pueblo lleno de inmigrantes y no pueden trabajar por culpa de la moratoria", se queja.

Pero eso es una simplificación de la realidad. El alcalde, José María Molina, de 45 años, está personalmente implicado en el problema: tiene 30.000 vides. Molina está "en contacto diario" con la delegación del Gobierno. Reconoce que tanto el delegado, Máximo Díaz-Cano, como el representante del Ministerio de Trabajo en Ciudad Real, Áureo Ruiz, le advirtieron de la necesidad de contratar a los extranjeros con tiempo suficiente para que la Administración pudiera tramitar sus expedientes. Él justifica el desinterés de sus paisanos: "Es que entonces los inmigrantes todavía no habían llegado al pueblo".

Eso es cierto. Pero también lo que que, a través del mecanismo del contingente de temporada que el Gobierno puso a su disposición a principios de año, los agricultores tuvieron la oportunidad de contratar a los trabajadores en sus países de origen. "Es que, hasta el último momento, la gente no sabe a cuántos va a necesitar. Hay personas que con un inmigrante se arreglan, otros necesitan cinco...", se defiende Gutiérrez. También se escabulle cuando se le pregunta por qué la cooperativa que preside no contrató un cupo de trabajadores para luego repartirlos entre sus miembros. "Sí, se podría hacer. Pero hay socios que quieren contratar personalmente", replica.

Aquí la Ley de Extranjería se estrella contra una roca. Como la mayoría del pueblo, Roque confía en que el Gobierno acabará sacándoles las castañas del fuego: "Las autoridades nos han dicho que, Dios mediante, nos solucionan a tiempo el asunto".

La obstinación de los agricultores tiene más que ver con la ignoracia que con el deseo de explotar a los inmigrantes. Hace sólo 40 años todas las tierras de Moral de Calatrava estaban repartidas entre 18 personas. Pero la muerte de los terratenientes dividió los latifundios y muchos herederos vendieron. De ese modo, los antiguos jornaleros se convirtieron en pequeños propietarios. Hay más de mil. Basta ver sus rostros arados por la intemperie y sus manos grandes, duras y sucias como cepas recién arrancadas, para comprender que se trata de gentes acostumbradas a partirse la espalda trabajando.

El mismo alcalde es hijo y nieto de jornaleros. "En las viñas se trabaja de sol a sol", relata. "Arando, podando, abonando, regando... La viña es muy delicada". Sólo al final de un año de duro trabajo, llegan los beneficios con la vendimia. Y no son para echar las campanas al vuelo: una extensión de 18 hectáreas -18 campos de fútbol- puede rendir unos cuatro millones de pesetas -aquí todavía se habla en pesetas- limpios. Esto es: 24.000 euros.

Hay en el pueblo personas que han encontrado la forma de lucrarse con toda esta miseria. "Personas, por llamarles de alguna manera", matiza el alcalde. Durante los últimos años, muchos vecinos han ido vendiendo sus casas del centro y se han trasladado a la periferia. Los compradores de los antiguos inmuebles, muchos de ellos en estado ruinoso, los alquilan ahora a los inmigrantes a precios exorbitantes.

Josefa Mecinas es una de esas propietarias. Al comentarle que en el pueblo hay un millar de inmigrantes, responde con una carcajada: "¿Mil? ¡Pero si sólo yo tengo empadronados a más de quinientos!". La mayoría de sus casas están vacías: ni siquiera tienen cocina. A pesar de ello, cobra 100 euros por cada inquilino. Para asegurarse de que no se irán sin pagar, les retiene los pasaportes. Cuando un extranjero presentó una denuncia porque la mujer se había quedado con su documentación, ella respondió a los policías: "¿Para qué quiero yo un pasaporte? ¡Todavía si fuera dinero...!".