Veinte años en punto muerto

Va para veinte años desde que el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, vislumbrara lo que denominó la "Castellana del Sur", un gran bulevar que uniría el barrio de Aluche con Alcorcón, tras demoler los cuarteles de Campamento. Dos décadas después, el proyecto sigue ahí, embarrancado en los despachos. En uno u otro momento, un sinfín de responsables políticos de todas las administraciones implicadas no ha dudado en alentar su puesta en marcha, pero lo cierto es que los avances han sido mínimos.

Al margen de protocolos y convenios suscritos y las previsiones sin base alguna realizadas acerca del inicio de este desarrollo, la única realidad sobre la mesa pasa por las dos actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Defensa. Tres contratos adjudicados a Construcciones Arribas Gozalo, por un total de 2,58 millones de euros, para demoler nueve instalaciones militares y la presentación de un plan parcial para acometer la primera fase de la denominada Operación Campamento, documento que fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Madrid hace justo dos años.

La Comunidad de Madrid obtendrá, por 33,6 millones de euros, suelo para 2.000 pisos del Plan Joven

A partir de aquí, palabras y más palabras. El pasado mes de junio, durante el debate del Estado de la Ciudad, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguraba "que podría haber noticias sobre esta operación en poco tiempo", y la nueva titular del Ministerio de Vivienda, Beatriz Corredor, como sus dos antecesoras en el cargo, María Antonia Trujillo y Carme Chacón, viene insistiendo, cada vez que tiene oportunidad, sobre la necesidad de desbloquear en los próximos meses. Y poco más.

Lo único cierto que, sin poner un ladrillo ha sucedido en estos veinte años, han sido las sucesivas modificaciones relativas para aumentos de edificabilidad. Muy lejos han quedado ya aquellas 3.500 viviendas contempladas en 1993 durante la elaboración del vigente plan general. En 1995, el proyecto hacía ya referencia a la construcción de 16.270 viviendas, y en 1997, cuando ese plan quedó definitivamente aprobado, el número de pisos a construir quedó cuantificado en 18.371. No paró ahí la cosa. El último dato conocido, el derivado del convenio suscrito en noviembre de 2005 entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Madrid, y plasmado posteriormente en el plan presentado por Defensa, fija en 22.100 las viviendas a construir, 10.700 en la primera fase. A partir de aquí, lo dicho. Demoliciones pausadas de los cuarteles -quedan varias instalaciones pendientes de derribo- y un plan parcial que no verá la luz definitiva hasta que el Ayuntamiento estudie toda la documentación requerida a Defensa -iban a ser tres o cuatro meses y ya llevan dos años-. Cuando lo haga, y antes de que pueda iniciarse la construcción de viviendas, habría que urbanizar los terrenos, proceder a su reparcelación y constituir la junta de compensación entre los definitivos propietarios.

Cuestión no precisamente baladí en este caso, pues hablamos de reordenar 2,11 millones de metros cuadrados a ambos lados de la autovía de Extremadura (A-5), desde su cruce con la avenida de los Poblados y hasta la colonia militar de Cuatro Vientos, cuyo coste inicialmente estimado rondaba los 620 millones de euros, a financiar a partes iguales entre el Ayuntamiento y los propietarios finales de los terrenos que sean adquiridos al Ministerio de Defensa. De momento, para el próximo año, ninguna de las administraciones tiene previsto invertir ni un euro en esta actuación.

De Angoso a Opecam

Mientras tanto, muchos de los vecinos más jóvenes de los barrios y municipios aledaños siguen teniendo en esta actuación la esperanza de contar con una vivienda a precio asequible, aunque de momento no existe posibilidad alguna de que alguien disponga de terrenos para levantarlas, mientras que el Ministerio de Defensa, propietario de los mismos, no los otorgue a la Comunidad de Madrid -existe un protocolo firmado para que el Gobierno regional obtenga, por 33,6 millones de euros, suelo para 2.000 pisos del Plan Joven-, a promotores privados y a las sociedades cooperativas que pudieran estar interesadas.

A pesar de esta circunstancia, han sido varias las iniciativas llevadas a cabo en los últimos años. Desde aquella que hace una década promovió Tomás Gonzalo Angoso, funcionario jubilado de 75 años y presidente de la cooperativa Río Duero, que llegó a cobrar 10.000 pesetas de entonces a medio millar de familias por un supuesto derecho de inscripción para optar a pisos en el futuro desarrollo, a esa otra de hace cuatro años en la que la Asociación de Vecinos Las Águilas confeccionó un listado al que se apuntaron 4.000 posibles demandantes.

La última, la de la Asociación Opecam, presidida por Jesús María Álvarez Plaza -director general del despacho de abogados Vila & Asociados-, a la que se han inscrito de forma gratuita y a través de Internet unos 10.000 vecinos. De momento, los asociados no se han constituido en cooperativa. Pretenden obtener el máximo número de viviendas posibles para los vecinos de las zonas limítrofes con el desarrollo de la Operación Campamento.

En el año que lleva funcionando, los responsables de Opecam han mantenido contactos con ejecutivos de Defensa para hacerles llegar su reivindicación de que la adjudicación de los terrenos se haga a compañías de acreditada solvencia y que se limiten los plazos para ejecutar las obras. A través del despacho de abogados, Opecam ofrece también asesoría respecto a los posibles derechos de reversión a que hubiera lugar de aquellas personas cuyos bienes fueron en su día expropiados o cedieron suelo para los cuarteles.