Tráfico de obuses sin control

La noche del pasado 31 de mayo, una explosión en principio de origen desconocido hirió a dos trabajadores de la empresa Teruel Refinería de Aluminio, en la localidad turolense de Montalbán. Pese a que ambos trabajaban con trajes de protección, la explosión les causó quemaduras y uno de ellos fue ingresado en un hospital.

La Guardia Civil comenzó a investigar la deflagración y días después se supo que habían estallado obuses del Ejército que estaban entre la chatarra que se fundía. En la empresa aparecieron 50 obuses sin detonar. La Guardia Civil precintó los artefactos y el Ministerio de Defensa inició una investigación.

Pero de nuevo, el lunes pasado llegaron a la empresa turolense al menos 10 artefactos sin detonar. De lo que ha trascendido de la investigación de Defensa, se sabe que el pasado 31 de mayo, en la primera explosión, salieron despedidos entre 2.000 y 2.500 litros de metal líquido.

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Comisiones Obreras ha seguido el trayecto del material hasta la empresa de Montalbán, en la que trabajan unas 15 personas. Todo apunta a que llegó a la empresa de Catarroja en Valencia -Hierros y Metales Ferrer- procedente de Canarias y que de allí se envió a Montalbán mezclados con restos de chatarra para convertirlos en lingotes.

Los obuses no estaban desmontados y nadie se había percatado de su presencia. Benito Carrera, responsable de salud laboral de CC OO en Aragón, ha pedido mayor control sobre los materiales procedentes del Ejército. El sindicato ha denunciado el caso ante la Inspección de Trabajo. Por su parte IU, que pedirá la comparecencia del ministro de Defensa en el Congreso, quiere saber cómo se cumple la normativa vigente sobre la eliminación del explosivo del Ejército.

Defensa explicó el jueves que el material que explosionó fue robado de un campo de maniobras. El Estado Mayor del Ejército ha abierto una investigación para determinar de qué instalaciones militares salieron y cómo llegaron hasta una chatarrería valenciana. Fuentes de Defensa insisten en que sólo se vende material caducado para chatarra bajo control exhaustivo de destrucción. Por eso creen que, de forma temeraria, alguien se pudo internar en una zona de caída proyectiles delimitada, señalizada y alambrada. Descartan que sea personal de Ejército, que conoce el riesgo de adentrarse en un campo de maniobras.

Especialistas en desactivación del cuerpo de Pontoneros se desplazaron el día 8 a la empresa para inspeccionar los restos de chatarra que han llegado hasta la fundición. Tras la revisión, han concluido que el material, ya precintado judicialmente, es inerte.

Un juzgado de Calamocha instruye las diligencias sobre el caso. Pero en la localidad de las Cuencas Mineras, de poco más de 1500 vecinos, hay temor y los trabajadores no están tranquilos.

Mientras, los responsables de la empresa turolense están atónitos. Encontrar vainas y obuses ente la chatarra ha sido una sorpresa. Luis Galiana, gerente de la fundición, ha declarado que nadie se explica como han llegado los obuses y las balas y que desde la primera explosión hay muchos más controles.