Tijeretazos tras las elecciones

A Antonio García, un paciente de 58 años, le suspendieron una operación de hernia discal en el hospital Joan XXIII de Tarragona, cuando estaba a punto de entrar en el quirófano, alegando la falta de quirófanos y de personal. El vecino de Reus contó su caso a este diario a mediados de abril, cuando el anuncio de un recorte draconiano del gasto sanitario en Cataluña puso a profesionales y pacientes en pie de guerra. Las protestas -este fin de semana hubo otra manifestación- llevaron a la Generalitat a aplazar las medidas más impopulares (como el cierre de quirófanos y la supresión de servicios en algunos centros) hasta después de las elecciones.

Al subir CiU al poder, tras las elecciones de noviembre, el nuevo Ejecutivo catalán elevó el déficit de 2010 al 3,6% (luego quedó en el 3,9%), frente al 3,1% calculado por el Gobierno tripartito y -dicho sea de paso- muy por encima de 2,4% fijado como objetivo por el Gobierno central.

Se desconoce casi todo de los planes de consolidación, aprobados o no

La vida después del 22-M plantea dos grandes interrogantes para las comunidades: uno es si los planes de equilibrio presupuestario que tienen pendientes incluirán nuevos recortes, inoportunos para el romance electoral; otro es si con el cambio de Gobierno aparecerán bajo las alfombras algunas sorpresas de contabilidad. El objetivo, en cualquier caso, pasa por recortar el déficit.

"Para nuevos Gobiernos la sorpresa será resultado de aflorar deuda de proveedores, mostrando gastos más elevados para reflejar herencias del pasado y deflactar responsabilidades propias", opina Guillem López-Casasnovas, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. A su juicio, "hará falta una sobredosis de gestión municipal, veremos subidas de IBI y hará falta sentido común autonómico de recortar gastos sin reducir impuestos", apunta.

La Generalitat catalana concentra casi un tercio de toda la deuda autonómica, según los datos del Banco de España. Las comunidades acumulan un pasivo de 115.455 millones de euros, prácticamente el doble que en 2007, y solo el año pasado se disparó un 32%, la mayor tasa desde 1993. El peso de la deuda en el PIB, no obstante, queda en el 10,9%, y la del conjunto de las Administraciones públicas en el 60%, aún 24 puntos por debajo de la media europea. Lo que inquieta a los mercados sobre la deuda es la velocidad de crucero.

La historia es sabida: los gastos se habían adaptado a un nivel de ingresos públicos que cayó en picado. La mayoría de comunidades se ha desviado del tope de déficit marcado por el Gobierno en 2010 (del 2,4%), que no permite endeudarse a largo plazo a aquellas autonomías que incumplan.

Para 2011 ha fijado un límite del 1,3%, y Cataluña, por ejemplo, ya advirtió el pasado viernes de que quedará en el 2,6%, el doble. Los mercados fían más caro el dinero las comunidades que al Estado y las agencias de calificación las tienen en su punto de mira. Moody's ha rebajado recientemente la nota de solvencia a Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

"Los Gobiernos regionales crean muchas suspicacias a nivel internacional, básicamente porque no se conocen bien", apunta, por otra parte, Javier Loscos, de la Universidad Complutense.

César Cantalapiedra, experto en sector público de Analistas Financieros Internacionales (AFI), destaca que, en general, los recortes regionales acaban pasando factura a lo social. "El Estado tiene más margen para frenar inversiones, y medidas fiscales, mientras que para las autonomías la parte más relevante es el gasto corriente, y eso son servicios públicos", señala. A su juicio, "sanidad, gasto farmacéutico, contratación y empresas públicas se llevan la peor parte".

En general, el 51% del gasto público en España corresponde a la Administración central, el 36% a las comunidades y el 13% a las corporaciones locales. Y sanidad, educación y servicios sociales se llevan seis de cada 10 euros de los presupuestos autonómicos.

En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno aprobó los planes de equilibrio para 2011 de siete comunidades (Galicia, Murcia, Castilla y León, Cantabria, Canarias, Asturias y Aragón), pero no los de las más delicadas: Cataluña, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana. Varias, además exigen al Estado que les pague el fondo de competitividad.

En general, se desconoce casi todo el contenido de los planes de consolidación, de los aprobados y de los pendientes. ¿Confiarán los mercados en ellos? "Los programas de consolidación no se conocen", recuerda López-Casasnovas, y advierte de que "esta falta de transparencia alimenta las dudas sobre su viabilidad y así su capacidad de cumplimiento".

Las comunidades han ido adoptando medidas, como los ajustes para los funcionarios en Murcia, con un déficit del 4,95% en 2010. Madrid (0,69%) ha reducido de 2.200 a 489 las plazas de maestro, por ejemplo. Andalucía impulsa una ley de Reordenación del Sector público que levanta ampollas. En sanidad, al margen de Cataluña, se conocen medidas para reducir la factura farmacéutica y otros gastos. "En el segundo semestre, las comunidades serán probablemente más activas en la comunicación de planes de austeridad", apunta Cantalapiedra