El Supremo sugiere que Garzón no informó de sus ingresos en EE UU

El Tribunal Supremo decidió ayer no admitir a trámite una querella contra el juez Baltasar Garzón interpuesta por el abogado Antonio Panea que le imputaba haber cobrado 1,7 millones de dólares (1,3 millones de euros) del Banco de Santander por unos cursos en el Centro Rey Juan Carlos I en Estados Unidos, y haber archivado después una querella contra directivos de la entidad bancaria.

Pese a no existir indicios de delito, el Supremo remite la documentación al Consejo General del Poder Judicial para que determine si Garzón pudo incurrir en una falta disciplinaria "muy grave" por no haber notificado los ingresos percibidos por su actividad docente. Precisamente hoy este órgano tiene previsto archivar una denuncia del mismo abogado, que estaba a la espera de la decisión del Supremo.

El magistrado relaciona el asunto con su candidatura a presidir la Audiencia

Garzón fue invitado en calidad de visitante distinguido por el Centro Rey Juan Carlos I de Nueva York, que asumió el pago de sus gastos de viaje por 21.152 dólares (16.732 euros) y la escolarización de una hija del juez por 21.650 dólares (17.126 euros). El magistrado se encargó de coordinar y moderar coloquios sobre Diálogos Transatlánticos y Seguridad Jurídica. Por tal concepto no percibió retribución alguna.

Sin embargo, el Centro Derecho y Seguridad le entregó 160.333,14 dólares (126.835 euros) en concepto de "sueldo" por participar en una serie de eventos y publicaciones, además de impartir dos horas de docencia los martes, participando en todas las clases, y por haber actuado de profesor principal en dos ocasiones.

El Supremo rechaza que el magistrado cobrase 1,7 millones dólares por sus actividades o que el patronazgo del Banco Santander tuviesen nada que ver con haber desestimado una querella, y rechaza los delitos atribuidos a Garzón, pero en cambio, la resolución se dedica a investigar en profundidad los pagos percibidos por el magistrado de la Audiencia Nacional.

Según el Supremo, "no consta que el Poder Judicial tuviese en ningún momento conocimiento de que la actividad de docencia e investigación fuese a ser retribuida en concepto de sueldo mediante nómina".

En su solicitud inicial, el juez dijo que en "el momento actual" no existía "cantidad alguna sobre remuneración específica" y que estaba gestionando que la Universidad "cubriese los gastos de desplazamiento y vivienda". Además, advertía que incluiría "el pago de los impuestos por los ingresos aquí devengados". Pero para el Supremo, no consta que el Consejo autorizase la compatibilidad para la actividad docente retribuida.

Según el ponente de la resolución, el magistrado Luciano Varela, "no puede ignorarse que las instancias del querellado al Consejo del Poder Judicial no comunicaron la percepción de sueldo a través de nómina, limitándose a hacer referencia a sufragio de gastos". Y por otro lado, las cantidades percibidas "pudieran exceder de los límites fijados en la ley para el supuesto de actividades autorizadas para su compatibilidad con el cargo que el juez desempeña, incluso dando por supuesto que la licencia conllevase implícita tal compatibilidad". En consecuencia, la Sala deduce testimonio y remite la documentación al Poder Judicial, "a los efectos que estime pertinentes".

Fuentes del Poder Judicial indicaron que el mismo abogado que presentó una querella ante el Supremo denunció los hechos ante el Poder Judicial. Pero esta denuncia, que tenía una propuesta de archivo, estaba pendiente de la resolución del Supremo. Y ésta recayó ayer, precisamente la víspera del día en que iba a ser archivada.

El juez Baltasar Garzón, que se encontraba ayer de viaje, rechazó de forma contundente las supuestas imputaciones contenidas en el auto de la sala segunda del Tribunal Supremo, informa José Yoldi. El magistrado niega haber cometido cualquier infracción disciplinaria, asegura que nunca ocultó sus ingresos y que los declaró todos tanto a la Hacienda estadounidense como a la española. Garzón agrega que cuando solicitó la licencia de estudios al Consejo General del Poder Judicial no le pusieron ningún problema, ni tampoco en la prórroga o posteriormente, y se extraña de que este asunto salga cuatro años después, coincidiendo con los ataques generalizados que está sufriendo y justo en el momento en que se presenta como candidato a presidir la Audiencia Nacional.

Garzón llama la atención sobre un dato más: los hechos se produjeron en 2004 y 2005 por lo que de haber existido alguna infracción, ya habría prescrito.

Según informaciones procedentes del Poder Judicial, aunque la denuncia contra Garzón en el Consejo General del Poder Judicial iba a ser archivada hoy, la Comisión Disciplinaria, a la vista del auto del Tribunal Supremo, remitirá de nuevo tanto la resolución de éste como la documentación que lo acompañe a la Inspección para un nuevo estudio. Se da la circunstancia de que la próxima semana Garzón iba a ser examinado por el Consejo como candidato a la presidencia de la Audiencia Nacional.