El Supremo maneja los tiempos para que Garzón pague antes por la Gürtel

La reciente reelección de Juan Saavedra al frente de la Sala Penal del Tribunal Supremo ha reactivado los tres procesos abiertos contra Baltasar Garzón, convencidos los magistrados de que el Poder Judicial les ha dado un espaldarazo a su actuación contra el juez de la Audiencia Nacional. Aunque Saavedra no haya sido el principal artífice, sí ha sido el cooperador más que necesario en la reconversión de la Sala Segunda del Supremo en un circo de tres pistas por las que van haciendo saltar a Garzón de proceso en proceso.

Desde la apertura del juicio oral a Garzón por su investigación del franquismo hace casi seis meses, el Supremo no ha realizado ningún movimiento significativo para juzgarle por esta causa. Antes bien, fuentes fiscales sostienen que el Supremo parece hacer malabarismos con los tiempos procesales y da la impresión de que tanto el caso de los patrocinios de Nueva York como el de las escuchas de la Gürtel pueden anticiparse al de los crímenes del franquismo, del que nadie se explica por qué no ha sido juzgado ya.

Los jueces Varela y Marchena no han admitido ninguna de las pruebas

Además, el retraso afecta a la situación personal del juez imputado, en tanto que permanece suspendido de funciones desde el 14 de mayo, hace casi seis meses, y que debe continuar en la misma situación hasta que sea juzgado por la causa sobre el franquismo.

El juicio que presenta más facilidades para que la Sala condene a Garzón es, según las fuentes consultadas, el de las escuchas a la trama Gürtel, a pesar de que entre los querellantes figuren Francisco Correa y Pablo Crespo, los cabecillas de la red de corrupción que ha salpicado a altos cargos del Partido Popular.

Aunque el juicio a Garzón por la investigación del franquismo está solo pendiente de fijar la fecha, el hecho de que compañeros de viaje tan indeseados como Falange Española de las JONS, -expulsada recientemente por defectos en su escrito de acusación-, y el pseudosindicato Manos Limpias hayan sentado en el banquillo a Garzón ha supuesto un importante desgaste, un desprestigio internacional y un alto coste de imagen para los magistrados de la Sala Penal, con el que no contaban. Condenar a Garzón por prevaricación por investigar el franquismo agrandaría la herida y la sentencia siempre pendería sobre el historial de quienes la firmasen.

El proceso por los patrocinios del Banco Santander a los cursos de Nueva York sería el más conveniente, porque nadie defendería a Garzón por haber metido la mano en la caja. Sin embargo, y a pesar de la investigación exhaustiva que sigue padeciendo sobre la totalidad de su patrimonio, no ha aparecido ninguna irregularidad en sus finanzas. Acusarle del delito de cohecho que le imputan los querellantes presenta la dificultad añadida de que habría que perseguir también a los banqueros y empresarios que patrocinaron los cursos. Patrocinadores de los que también han cobrado muchos magistrados del Tribunal Supremo por participar en conferencias y cursos académicos similares a los organizados por Garzón.

Es por tanto el tercero de los procesos, por las escuchas a los implicados en la trama Gürtel, el más factible de sustentar una sentencia condenatoria según las fuentes fiscales consultadas. Garzón está considerado en más de un continente como el gran perseguidor de crímenes contra la humanidad y defensor de los derechos humanos, así que nada más adecuado que una condena por vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos, aunque sean presuntos corruptos. Además, el juez instructor de este caso, Alberto Jorge Barreiro, ha desplazado sutilmente la causa por las escuchas a los acusados de la Gürtel, a unas escuchas a sus inocentes abogados, lo que permite imputarle a Garzón la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, al secreto profesional de los abogados, y al derecho de los imputados a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables.

El problema que se plantea es condenar a Garzón en solitario, ya que el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, prorrogó las escuchas ordenadas por Garzón, sin que la Fiscalía Anticorrupción se opusiera a la prórroga interesada. Sin embargo, con las prisas por avanzar en esta causa, el juez Jorge Barreiro no ha esperado a que se levante el secreto sobre la totalidad del caso Gürtel, y no ha tenido a la vista el auto de 20 de abril de 2009 en el que se prorrogaron las escuchas. Otra prueba más de las solicitadas por Garzón y de la que se ha prescindido, al menos por el momento, aunque como en todas las denegadas, es siempre Garzón el que sale perjudicado.

Y eso que Barreiro ha sido el único que ha admitido alguna de las peticiones de Garzón, aunque la del auto de prórroga de las escuchas no haya sido cumplimentada. Los otros dos magistrados instructores, Luciano Varela y Manuel Marchena, no han admitido ni una.