El Supremo estudia la condena al poeta Miguel Hernández

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo retoma hoy las deliberaciones sobre la sentencia del consejo de guerra franquista que al término de la Guerra Civil condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. Franco le conmutó la pena capital para evitar que se convirtiera en otro Lorca por otra de 30 años de prisión, pero el poeta de la generación de 1936 falleció en presidio el 28 de marzo de 1942 como consecuencia de las duras condiciones que padeció en la cárcel.

Según fuentes del Supremo, los magistrados están divididos entre los seguidores de la doctrina mayoritaria de la Sala de lo Militar, que considera que no hay hechos nuevos para sustentar un recurso de revisión y los que pretenden que la jurisdicción asuma por primera vez la Ley de Memoria Histórica y considere el consejo de guerra "ilegítimo" y la condena "inexistente" -por lo que esas sentencias se deberían anularse-, tal como recogió un decreto del fiscal del Estado Cándido Conde-Pumpido respecto al fusilamiento del presidente de la Generalitat catalana Lluis Companys. Según dichas fuentes, la Sala se inclina por rechazar la revisión.

El Supremo ha tumbado decenas de recursos similares, como el de la familia de Salvador Puig Antich -el penúltimo ejecutado a garrote vil del franquismo-, argumentando que los consejos de guerra aplicaban el derecho vigente. Los descendientes de Miguel Hernández, que piden la revisión de la sentencia desde hace años, son muy conscientes de esto, por eso en julio del año pasado optaron por una estrategia diferente. En lugar de ceñirse a esa "ilegitimidad" que declara la Ley de Memoria Histórica, buscaron nuevas pruebas con las que convencer al alto tribunal de que revise su caso. Y las han encontrado: un segundo sumario abierto en el Juzgado de Orihuela que contiene una carta exculpatoria escrita por el jefe de Falange de Valencia que no fue tenida en cuenta en el primer proceso.

Hace casi un año, al inicio del año del centenario del nacimiento del poeta, el Gobierno declaró oficialmente la reparación y el reconocimiento personal de Miguel Hernández. Ya en ese acto que se realizó en la Universidad de Alicante, ante la presencia de la ex vicepresidente María Teresa Fernández de la Vega y el ministro de Justicia, Antonio Caamaño, la nuera y heredera legal del poeta anunciaba que era solo el primer paso. La declaración de entonces del Gobierno, destacaba que Miguel Hernández fue un "defensor de la libertad y de los valores democráticos" que "ingresó injustamente en prisión el 4 de mayo de 1939 y fue condenado a muerte en virtud de una sentencia dictada, sin las debidas garantías por el ilegítimo Consejo de Guerra".