Sobornos para una moción de censura

El juez Miguel Ángel Torres de Marbella desató ayer la segunda fase de la Operación Malaya. Si en la ofensiva contra la corrupción municipal que activó el pasado abril metió en la cárcel a la alcaldesa, Marisol Yagüe, a varios concejales, y, sobre todo, al asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, amén de sus presuntos testaferros, ayer ordenó la detención de gran parte de la corporación marbellí disuelta y de 13 constructores y promotores que pagaron a cambio de favores en forma de contratos o de apoyos para derribar a gobiernos poco amigos, según la investigación.

La sospecha global que cubre la mayoría de las detenciones ordenadas ayer por el juez tienen un nexo común: pagaron o recibieron sobornos. Algunas de tales dádivas tuvieron un fin muy especial.

La mayor parte de los empresarios detenidos se dedica a la promoción inmobiliaria

Las declaraciones de algunos 'arrepentidos' han permitido las nuevas detenciones

Determinados ediles del Partido Andalucista cobraron por su voto contra Julián Muñoz

La investigación ha reunido indicios de que determinados concejales, singularmente del Partido Andalucista, cobraron de empresarios por favorecer con su voto la moción de censura que derribó en agosto de 2003 al alcalde Julián Muñoz, maniobra que fue apoyada por concejales del Gil, del PSOE -que acabarían expulsados del partido- y del Partido Andalucista.

La sombra de Roca aparece, a juicio de los investigadores, detrás de la canalización de esos pagos para derribar a un alcalde. Buena parte de los empresarios imputados ingresaron sus aportaciones a través de la empresa Maras Asesores.

Las agendas secretas de dicha sociedad, con notas manuscritas de Roca, daban cuenta del trasiego de dinero entrante y saliente que minuciosamente anotaba día tras día. Unas agendas que han brindado al juez un amplio listado de personajes que han acabado viendo su nombre impreso en órdenes de detención. Prueba del papel estrella que sigue asignando el juez a dicha sociedad es que ha ordenado la detención de dos contables de dicha sociedad, Salvador Gardoqui Arias y Sergio Santana Domínguez.

La nómina de ex concejales detenidos, más los presos en la anterior operación, casi alcanza a las tres cuartas partes de la corporación municipal. Sólo quedaría fuera, como grupo, el PP, única formación que no sostuvo el gobierno de Marisol Yagüe.

Pero las adjudicaciones o tramitaciones irregulares que algunos de los imputados promovieron a cambio de tales sobornos requería la intervención de cualificados técnicos municipales.

Es el caso del secretario municipal, Leopoldo Barrantes Boyer, que fue detenido en la primera fase de la operación, puesto en libertad con cargos, y volvió a ser detenido ayer. El jefe de la policía municipal marbellí, Rafael del Pozo Izquierdo, que ya fue interrogado en la primera fase, acabó siendo detenido también ayer. La sospecha de los investigadores es que más que proteger los intereses municipales, erigió una guardia pretoriana en torno a Roca, el asesor de urbanismo que, según la investigación, edificó un patrimonio de decenas de miles de millones de euros a base de negociar comisiones a cambio de facilitar trato de favor en el Ayuntamiento de Marbella.

La mayor parte de los empresarios detenidos por pagos de presuntos sobornos tienen como vocación la promoción inmobiliaria. Francisco García Lebrón es apoderado en Aifos, una poderosa inmobiliaria con presencia en Marbella, y, a su vez, ha figurado en diversas sociedades olivareras, hosteleras y de actividades recreativas y acuáticas en Madrid (Instalaciones Acuáticas, Instalaciones Parques Atracciones, ENH Hostelería, Cooperativas Olivareras Sierra Sur, Cooperativa Agrícola y Caja Rural Nuestra Señora del Rosario del Saucejo...).

Francisco Aranda Núñez, otro promotor inmobiliario, vinculado a firmas como Factoría de Mercados, Dome Construcción Spain o DMI Real Estate. Uno de los más significados empresarios detenidos es Tomás Olivo, un murciano que estuvo muy vinculado con Roca hasta su ruptura. Su abanico de empresas es amplio: Emasa, Europea de Complejos Comerciales, General de Galerías Comerciales, Cartagena Parque, Prourge Gestión Comercial, Tressa, Provicar, etcétera.

Completan el listado el empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez (Arenal 2000), el pontevedrés Miguel Rodríguez Bugallo (Construcciones Salamanca, Franchipolis, Comunicaciones Valle Sión o Destilerías del Bajo Miño), el guipuzcoano Gonzalo Fernández-Castaño Elduayen (Micro Dealer Ibérica, Promociones Inmobiliarias Soki, GFC Inmobiliaria, Aserfinance de Inversiones Sicav, SQ Ediciones); el zamorano Fidel San Román Morán (Promotora Monte Lomas, Promociones Anfisa, Manrosan, Zoco Centro, Residencial Los Torreones, Madoal, FR Promociones del Suroeste, Proyectos y Análisis de Mercado, Construcciones Elemar); el malagueño Cristóbal Peñarroya Sánchez (Inmobiliaria Peñarroya, Parque Residencial La Fuente, La Reserva de Marbella, Golf Reserva de Marbella, Marbella de Restauración, Marbella Explotaciones Turísticas, Inmobiliaria Hogarfur, Omara Promociones...); el abulense Enrique Ventero Terleira (Viviendas Empresariales Madrid Urbano, Las Lomas de Pozuelo, Inversiones Berkano, Las Dehesillas de Cebreros, Hotel Velada Mérida, Ventersur, Ventero Muñoz Internacional, Puerta de Gredos, Hotel Velada, Promociones Miralfoz, Castelec, Construcciones Nuevo Ambles, Ávila Inversiones y administrador del club Atlético de Madrid y Mirador del Calderón); los hermanos sevillanos Ignacio González Sánchez-Dalp y Manuel González Sánchez-Dalp (Fincaquinto, Nagueles, Terramares de Maysoc, Promotora Punta Umbría, Huerta Mure, Sierra Vaquera, Funda Plata, Soma, Facultades 2000, Feten Toros, Manolo González Asuntos Taurinos, Dalpquin, Correlunas, Expovillas, Promonagueles, Pinares de Nagueles); y el ciudarrealense Carmelo Armenta Rodríguez (Recuperaciones Technimetal, Metales Bolaños, Recuperaciones Metalstar).

Fuentes de la investigación que comparten el juez Torres, el fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero y expertos policiales en la lucha contra este tipo de delitos económicos de Málaga y de la Comisaría General de la Policía Judicial que dirige Juan Antonio González coinciden en que para llegar a esta segunda fase de la operación se han entrecruzado declaraciones de detenidos y se han confirmado datos sobre supuestos pagos. Juez y fiscal han conseguido el testimonio de varios arrepentidos que han ilustrado sobre las entrañas de los modos mafiosos que han regido Marbella en los últimos años.

Tras cada licencia o adjudicación de los últimos años en el Ayuntamiento de Marbella hay una sospecha. Los indicios son muchos. Pero no siempre el declarante lo sostiene o puede aportar la prueba de su acusación.

Ahora comienza un nuevo trabajo: el análisis de los documentos incautados a los detenidos en los registros efectuados ayer que, según la investigación, podía arrojar nuevas luces sobre el entramado de corrupción que ha tenido como principal centro de distribución de negocios millonarios el Ayuntamiento de Marbella.