Rojo y Bono se replantean los 'privilegios' de diputados y senadores

El presidente del Senado, Javier Rojo, y el presidente del Congreso, José Bono, han abierto hoy consultas con los grupos de ambas Cámaras para reformar, o no, los complementos de las pensiones que cobran los diputados y los senadores en determinadas ocasiones. Además, Rojo y Bono han abierto el debate para modificar el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios e, incluso, a que su patrimonio sea público. Precisamente, esta tarde se vota en el Pleno de la Cámara baja una proposición de ley presentada por IU e ICV dirigida a endurecer dichas incompatibilidades así como las condiciones de los altos cargos para compatibilizar sueldos públicos y privados.

El anuncio lo ha hecho Bono en una comparecencia ante la prensa justo después de remitir una carta a cada uno de los portavoces parlamentarios en la cual les emplaza a explicarle, en un plazo de quince días, sus respectivas opiniones sobre aquellas cuestiones que tengan que ver "con la honra y honorabilidad", ha remarcado, de los diputados. Rojo ha enviado una misivia similar.

El Congreso y el Senado destinan más de un millón de euros al año para sufragar estos complementos de pensiones, según fuentes de la Cámara Baja.

En febrero del año pasado, solo recibieron el complemento 70 de los 3.609 parlamentarios que habían ocupado un escaño desde 1977, cifra que hoy se eleva a 81. Los representantes con más de 11 años en cada cámara reciben un complemento para alcanzar el 100% de la pensión máxima. Para los que han estado entre nueve y 11 años, el complemento alcanza hasta el 90% de esa prestación; y hasta el 80% si su presencia ha sido de entre siete y nueve años. El resto de ciudadanos necesita cotizar durante 35 años para acceder a la pensión completa.

José Antonio Alonso en rueda de prensa en el Congreso ha dicho que el PSOE está dispuesto a revisar el complemento de pensiones de los diputados y a eliminar los privilegios, si los hay. Alonso, sin embargo, ha asegurado que si se detectan situaciones de necesidad habrá que mantenerlos.

En relación con la pensión de los ex presidentes, el PSOE está a favor de mantenerla porque tienen unos gastos de representación y necesidades que derivan de su cargo y porque se han dejado "la piel" en su labor institucional. El portavoz socialista, por otro lado, ha concluido que si tienen ingresos para mantenerse, será una cuestión personal el renunciar a su pensión, que, en su opinión, no es tan alta.

Incompatibilidades y pensiones de ex presidentes

Mientras la propuesta de Bono tiene todos los visos de salir adelante, otra proposición de ley, esta vez del grupo de ERC, IU e ICV, será previsiblemente rechazada esta tarde por el Pleno de la Cámara. En ella se pide "mejorar la eficacia del régimen de incompatibilidades de los diputados y senadores y de otros cargos públicos".

Hace ahora algo menos de dos años, EL PAÍS publicó que casi las tres cuartas partes de los diputados (250 sobre un total de 350) cobraban dinero al margen de su retribución del Congreso (consulta la lista actualizada en la web del Congreso). Según un informe realizado con las propias declaraciones de los políticos, 214 de los 250 diputados pluriempleados tenían ingresos del sector privado. El resto, actividades públicas remuneradas. Otros 16 declararon actividades sin remuneración. Solo 84 diputados tienen dedicación exclusiva, o al menos no han comunicado a la Cámara ninguna actividad.

Con todo, los diputados españoles disponen de menos medios que los parlamentarios de otros países.

En la proposición que debate hoy el Pleno (PDF), presentada en 2008 por Gaspar Llamazares y el ya ex diputado Joan Herrera, se insta a endurecer el regimen de incompatibilidades para evitar "que haya diputados o senadores que legislen o altos cargos del Gobierno que decidan sobre determinadas materias, cobrando al mismo tiempo dinero, directa o indirectamente, en la empresa privada por labores de asesoría en esas mismas materias, ocasionándose evidentes colisiones entre lo público y lo privado".

Asimismo, la propuesta trata de poner coto a las jubilaciones que cobran los miembros del Ejecutivo y altos cargos que, tras abandonar sus puestos, pasan a la actividad privada "de forma que se establezca un mayor control y transparencia en las mismas".

Precisamente los dos últimos ex presidentes del Gobierno, Felipe González y José María Aznar, han fichado recientemente por dos grandes empresas energéticas españolas, Gas Natural y Endesa respectivamente, como asesores y con unos sueldos muy elevados, pese a lo que ambos se han negado a renunciar a su pensión como ex jefes del Ejecutivo.