¿Reforma laboral? Sí, pero otra

La crisis económica no tiene sus causas ni sus respuestas en la regulación del mercado de trabajo. En todo caso, la relación es inversa, y el mercado de trabajo termina reflejando algunas de las consecuencias y efectos de las crisis.

Las causas -y por tanto, las respuestas- hay que buscarlas en la caída en picado de los sectores que propiciaron una burbuja de empleo, en los problemas de liquidez y financiación de las empresas, en el colapso de la función del sistema financiero y en la falta de confianza de los empresarios, como sucede con los consumidores. Sin olvidar los efectos que la crisis ha provocado en un tejido productivo que tiene grandes debilidades estructurales, que todo el mundo conoce y reconoce, pero que se ignoran deliberadamente en el momento de diseñar estrategias de salida.

Por tanto, la reforma laboral introducida por el Gobierno no camina en la dirección correcta, sobre todo porque insiste en la idea de que la regulación de las relaciones laborales ha contribuido a empeorar las cosas por su rigidez. Eso no es cierto. En el año 2009, en plena recesión, se hicieron más de 13 millones de contratos temporales, y los empleadores no tuvieron especiales problemas para reducir sus plantillas, lo que llevó al desempleo a más de cuatro millones de personas, mientras que solamente unos 500.000 trabajadores quedaron sujetos a medidas más defensivas (suspensión o reducción de jornada).

No hay dato que demuestre que los empleadores tuvieron problemas para contratar y despedir, más bien todo lo contrario; esa facilidad a la entrada y salida es lo que les llevó a anteponer los ajustes de plantilla a las medidas de flexibilidad interna.

Si no se reduce esa flexibilidad, devolviendo la contratación temporal a una estricta causalidad, y no se restringe el despido a supuestos de necesidad, nuestros empleadores seguirán instalados en la cultura de la precariedad, afrontando la crisis mediante reducciones de plantilla, e incluso acudiendo al despido express de trabajadores de poca antigüedad, pues resulta muy barato.

Esta reforma facilita el despido, abaratándolo, reduciendo los supuestos actuales de nulidad y socializando parte de la indemnización, lo que no tiene sentido en general.

Pone en evidencia que la orientación dada ha sido no solo la de eliminar las garantías legales sino rebajar las causas por las que la empresa puede echar a sus trabajadores.

No se actúa sin embargo con la misma intensidad en lo que a la contratación temporal se refiere: no se desvincula el contrato de obra de las contratas y subcontratas -como hubiese sido necesario-, y no se incide sobre la rotación de distintos trabajadores en un mismo puesto.

La reforma no es acertada y resulta regresiva. Es ineficaz porque no aborda los problemas reales del mundo laboral. Es injusta socialmente porque hace recaer las consecuencias de la crisis sobre la mayoría de la población que no la ha provocado y que padece sus consecuencias, renunciando a que la paguen quienes la han provocado, que además en muchos casos se han enriquecido con ella. Y además, desbarata el sistema de pactos y de acuerdos de empresa, y los subordina al interés empresarial, fijado unilateralmente.

En definitiva, medidas laborales sí, pero no las que se han adoptado.

Carlos L. Alfonso es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia