Prioritario para Batasuna, secundario para ETA

El reproche de Arnaldo Otegi al Gobierno por bloquear el registro de la nueva marca de Batasuna marca (ASB), pese a cumplir formalmente la Ley de Partidos, ni siquiera vale para sus incondicionales. Ese paso para recuperar la personalidad jurídica perdida con la ilegalización quizá habría tenido un significado positivo si ETA no hubiera metido en Barajas una bomba que mató a dos personas. Después de ese atentado y de otros movimientos de la organización terrorista que hunden las bases con que se inició el proceso de paz (véase la entrevista de ETA en Gara), los intentos de la izquierda abertzale de regresar a las instituciones del País Vasco y Navarra adquieren otra naturaleza. Esa vuelta ya no se plantea como consecuencia de la desaparición pactada de ETA, sino como un nuevo pulso al Estado con amenazas nada veladas.

No hay proceso, pero tampoco puede decirse que se haya vuelto a la situación anterior

Como en Euskadi todo lo que sucede tiene ya una referencia en el pasado, el actual culebrón de las listas electorales remite a lo sucedido en las tres consultas electorales celebradas desde la sentencia del Supremo de 2003. Lo que hace diferente el momento presente es la situación equívoca en que se encuentra el llamado proceso. Éste, en el diseño que el presidente Zapatero presentó en el Congreso para iniciarlo, ha quedado roto. Sin embargo, ETA no ha vuelto a atentar desde el 30 de diciembre, un dato que debe tenerse en cuenta. Al mismo tiempo, y quizá por ello, la respuesta política y policial del Gobierno ha sido muy medida y cautelosa.

El bombazo de Barajas no ha llevado, de momento, a una ofensiva sangrienta como la que clausuró en 2000 la tregua de Lizarra. Y el cuidado del Gobierno para no hacer nada que pueda empujar a los terroristas a volver a matar a mansalva dibuja un cuadro ambiguo. No hay proceso, pero tampoco puede afirmarse que se haya vuelto a la situación anterior a su arranque. Y lo ocurrido no ha pasado en vano. Tampoco para el mundo de ETA, que se ha quedado como único quiste terrorista en la Europa occidental y ha visto evaporarse sus últimos restos de credibilidad en Euskadi.

Sin embargo, la actual situación de no proceso tampoco fortalece la posición del Gobierno, que parece atrapado por la diabólica presunción enunciada por Rajoy: si Zapatero no cumple las exigencias de ETA "le pondrán bombas, y si no hay bombas, es porque ha cedido". Ante el marcaje sin cuartel del PP, de alguno de los gestos y decisiones del Gobierno se traduce la impresión de que ha interiorizado la idea de que un atentado de gran impacto sería gravemente dañino para sus expectativas electorales. Pero asumir subjetivamente esa posibilidad supone colocarse en una delicada posición de debilidad ante ETA y concederle una baza que sus dirigentes no podían soñar, tras haber dilapidado una oportunidad tras otra de llegar a un final dialogado: que se lleguen a creer que, aunque no son capaces de arrancar al Estado la independencia de Euskal Herria (su objetivo básico), sí está en su mano provocar un cambio de gobierno en España.

Para la izquierda abertzale, estar en las instituciones constituye una prioridad y verse expulsada de ellas representa una carga muy pesada. Para ETA, es un hecho secundario. Por eso durante el proceso nunca valoró como una muestra de generosidad del sistema democrático la disposición a readmitir a su brazo político en el debate institucional, si la violencia desaparecía para siempre. La ilegalización introdujo una potencial contradicción de intereses entre ETA y Batasuna, pero la posición tributaria de ésta respecto a la organización terrorista no le ha permitido otra cosa que secundar la línea marcada por ésta, aunque fuera tan perjudicial para sus intereses.

Si el pasado verano Otegi y los suyos no dieron el paso, más o menos previsto, de recobrar la legalidad perdida con otra marca y estatutos fue porque ETA se apalancó en la pretensión de cobrar íntegramente, y por adelantado, el precio político de la soberanía y la territorialidad. Desde entonces, con el proceso quebrado en su espíritu, los esfuerzos de Batasuna se han dirigido a reorganizar y movilizar a sus fieles, tratando de evitar una desbandada de hastío por la nueva oportunidad arruinada por ETA. Ése ha sido, más que el propósito sincero de participar en las instituciones, el objetivo del activismo desarrollado por la izquierda abertzale desde septiembre, cuando anunció que nunca pasaría "por el aro" de la Ley de Partidos.

Únicamente quien se cree que en los sombreros de copa de los magos se crían conejos puede pensar que el recurso a las oxidadas pero útiles siglas de ANV ha sido la respuesta improvisada de Batasuna a los obstáculos encontrados con sus planes A y B. En otras palabras, que el despliegue de esta nueva bandera de conveniencia (como los fue el Partido Comunista de las Tierras Vascas-EHAK en las autonómicas de 2005) no estaba preparado desde meses atrás. En los últimos días, desde la izquierda abertzale se ha advertido con reiteración de que obstaculizar el intento de Batasuna de regresar de matute a las instituciones tendría "consecuencias gravísimas". Es una forma de recordar que la organización terrorista sigue ahí, en semi-tregua, debatiéndose entre ponerle el fin abrupto que lleva meses amagando o prolongar la ambigüedad del no proceso hasta situar el momento de su voladura absoluta en fechas que pueden ser más dañinas para el Gobierno. Pero que ETA haga una cosa u otra no va depender, de ningún modo, de que pasen el filtro del Tribunal Supremo y del Constitucional cien o doscientas listas de ANV.