Prada pide a la juez que interrogue a ocho presuntos espías de Aguirre

El ex consejero de Aguirre y miembro de la dirección nacional del PP Alfredo Prada quiere agilizar la investigación judicial del espionaje que sufrió por agentes de la Comunidad de Madrid. Para ello, ha pedido la declaración como imputados de ocho agentes de la Consejería de Interior que dirige Francisco Granados y que se les someta a una prueba caligráfica para cotejarla con los partes del seguimiento. Tal iniciativa de Prada, que evitó realizar antes de los pasados comicios europeos para no perjudicar a su partido, tiene un claro contexto. La investigación del espionaje por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre al ex consejero de Justicia y ex vicepresidente madrileño Alfredo Prada y al vicealcalde de Madrid Manuel Cobo -ambos afines a Rajoy- avanza lentamente. Tres meses después de que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, solicitase a Telefónica los posicionamientos de los móviles de seis de los funcionarios sospechosos durante los meses del seguimiento a ambos políticos del PP (marzo a mayo de 2008, en vísperas del congreso por el liderazgo del PP), la respuesta aún no se ha incorporado al sumario que instruye la juez Carmen Valcarce por un presunto delito de malversación de fondos.

El ex alto cargo espiado reclama que se practique ya una prueba caligráfica

Tampoco ha sido citado ninguno de los sospechosos ante dicho juzgado, el número cinco de Instrucción de Madrid, que asumió la denuncia de Cobo y las pesquisas de la fiscalía a resultas de otra denuncia de Prada. Por último, tampoco ha sido ordenada una prueba pericial para cotejar los partes de los espías con la grafía de los agentes de Aguirre sospechosos. Ni siquiera Prada, víctima destacada de este espionaje, ha sido interrogado por la juez.

Por todo ello, Prada ha remitido un escrito al juzgado en el que solicita, como primera medida, que le tome declaración para ratificar y ampliar su denuncia de hace medio año ante Moix.

Prada pide que la juez interrogue como imputados a los siguientes ocho agentes de la Consejería de Interior, a las órdenes de Granados: José Manuel Pinto y José Palomo trabajadores de la Consejería que puso bajo su mando directo el ex director general de Seguridad Sergio Gamón; los ex guardias civiles fichados por Granados José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro; y tres ex policías con los que Gamón trabajó en anteriores destinos: Belén Esparteros, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles.

Pinto, de baja en el servicio junto con Palomo desde hace meses a raíz del escándalo, fue identificado por una doble pericial caligráfica encargada por este diario como el autor de varias anotaciones manuscritas que figuraban en los partes donde los espías relataban todas sus observaciones sobre los movimientos de Prada y Cobo. La lentitud del proceso es tanto más notable si se tiene en cuenta que Moix ordenó las primeras pesquisas policiales el 30 de enero a raíz de las informaciones publicadas por este diario que destaparon este escándalo.

Buena parte de los agentes cuyo interrogatorio judicial exige ahora Prada ya declararon ante la policía bajo las órdenes de Moix. Todos alegaron no recordar dónde estaban en los momentos descritos por los partes del espionaje a Cobo o a Prada, y que tampoco tenían una agenda a la que acudir para refrescar su memoria. Su tono fue calcado.

Ahora se verán en la tesitura de mantener tal versión ante la juez con el riesgo de que, si los posicionamientos teléfonicos o cualquier prueba colateral (repostajes, facturas, dietas...) la contradice, podrían verse en un serio problema jurídico en su afán por ocultar un delito del que no son presuntamente autores, ya que la malversación de fondos que persigue la juez salpica, en principio, sólo a sus jefes en la Consejería de Interior. Granados hasta ahora ha proclamado que él no ordenó tal espionaje, pero no pone la mano en el fuego por la actuación de todos sus agentes en torno a tales hechos. Cunde el desamparo entre el colectivo de espías.