Prada pide a la juez que interrogue a ocho presuntos espías de Aguirre
El miembro de la dirección del PP quiere reavivar la investigación judicial
El ex consejero de Aguirre y miembro de la dirección nacional del PP Alfredo Prada quiere agilizar la investigación judicial del espionaje que sufrió por agentes de la Comunidad de Madrid. Para ello, ha pedido la declaración como imputados de ocho agentes de la Consejería de Interior que dirige Francisco Granados y que se les someta a una prueba caligráfica para cotejarla con los partes del seguimiento. Tal iniciativa de Prada, que evitó realizar antes de los pasados comicios europeos para no perjudicar a su partido, tiene un claro contexto. La investigación del espionaje por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre al ex consejero de Justicia y ex vicepresidente madrileño Alfredo Prada y al vicealcalde de Madrid Manuel Cobo -ambos afines a Rajoy- avanza lentamente. Tres meses después de que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, solicitase a Telefónica los posicionamientos de los móviles de seis de los funcionarios sospechosos durante los meses del seguimiento a ambos políticos del PP (marzo a mayo de 2008, en vísperas del congreso por el liderazgo del PP), la respuesta aún no se ha incorporado al sumario que instruye la juez Carmen Valcarce por un presunto delito de malversación de fondos.
El ex alto cargo espiado reclama que se practique ya una prueba caligráfica
Tampoco ha sido citado ninguno de los sospechosos ante dicho juzgado, el número cinco de Instrucción de Madrid, que asumió la denuncia de Cobo y las pesquisas de la fiscalía a resultas de otra denuncia de Prada. Por último, tampoco ha sido ordenada una prueba pericial para cotejar los partes de los espías con la grafía de los agentes de Aguirre sospechosos. Ni siquiera Prada, víctima destacada de este espionaje, ha sido interrogado por la juez.
Por todo ello, Prada ha remitido un escrito al juzgado en el que solicita, como primera medida, que le tome declaración para ratificar y ampliar su denuncia de hace medio año ante Moix.
Prada pide que la juez interrogue como imputados a los siguientes ocho agentes de la Consejería de Interior, a las órdenes de Granados: José Manuel Pinto y José Palomo trabajadores de la Consejería que puso bajo su mando directo el ex director general de Seguridad Sergio Gamón; los ex guardias civiles fichados por Granados José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro; y tres ex policías con los que Gamón trabajó en anteriores destinos: Belén Esparteros, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles.
Pinto, de baja en el servicio junto con Palomo desde hace meses a raíz del escándalo, fue identificado por una doble pericial caligráfica encargada por este diario como el autor de varias anotaciones manuscritas que figuraban en los partes donde los espías relataban todas sus observaciones sobre los movimientos de Prada y Cobo. La lentitud del proceso es tanto más notable si se tiene en cuenta que Moix ordenó las primeras pesquisas policiales el 30 de enero a raíz de las informaciones publicadas por este diario que destaparon este escándalo.
Buena parte de los agentes cuyo interrogatorio judicial exige ahora Prada ya declararon ante la policía bajo las órdenes de Moix. Todos alegaron no recordar dónde estaban en los momentos descritos por los partes del espionaje a Cobo o a Prada, y que tampoco tenían una agenda a la que acudir para refrescar su memoria. Su tono fue calcado.
Ahora se verán en la tesitura de mantener tal versión ante la juez con el riesgo de que, si los posicionamientos teléfonicos o cualquier prueba colateral (repostajes, facturas, dietas...) la contradice, podrían verse en un serio problema jurídico en su afán por ocultar un delito del que no son presuntamente autores, ya que la malversación de fondos que persigue la juez salpica, en principio, sólo a sus jefes en la Consejería de Interior. Granados hasta ahora ha proclamado que él no ordenó tal espionaje, pero no pone la mano en el fuego por la actuación de todos sus agentes en torno a tales hechos. Cunde el desamparo entre el colectivo de espías.
![Alfredo Prada, diputado de la Asamblea de Madrid, sale ayer del Parlamento regional.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/UVBFETUZM2MM72TXSZMXX3YYNY.jpg?auth=66b8c5e89c5b0ec102f81d29a6098f75dae827452bc1a145157d58feeead7dfd&width=414)
Nombres propios del espionaje político en Madrid
- Noviembre de 2003-junio de 2007. Alfredo Prada es vicepresidente y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. En su mandato la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ficha a Sergio Gamón como director general de Seguridad Ciudadana. En la consejería ya estaban José Manuel Pinto y José Palomo.
- Junio de 2007. Francisco Granados, secretario general del PP madrileño y consejero de Presidencia, asume las competencias de Interior. Prada se queda sólo con Justicia. Gamón ficha a los policías Belén Esparteros, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles. [Los tres, junto a Pinto y Palomo, están en la lista que Prada ha remitido al juez para que les tome declaración].
- Septiembre de 2007. Granados ficha como asesores de seguridad a los guardias civiles de Valdemoro (de donde fue alcalde) José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro. [Prada también pide que se impute a los tres].
- Abril y mayo de 2008. Prada y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, son objeto de seguimientos que quedan plasmados en partes.
- Junio de 2008. Granados ficha a Marcos Peña como jefe del departamento de asesores de seguridad. Peña asegura en enero de 2009 que hace informes para Granados sobre tramas de corrupción, que afectan a municipios gobernados por alcaldes socialistas, y sobre diversos escándalos.
- Junio de 2008. Rajoy es reelegido presidente del PP. Prada le apoya. Aguirre le destituye como consejero de Justicia. En septiembre, Rajoy le da un cargo en la dirección del PP.
- Junio de 2008. Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, registra una sede de la Consejería de Justicia y requisa un ordenador donde había supuestamente informes confidenciales.
- Julio de 2008. Granados destituye a Gamón como director general de Seguridad Ciudadana.
- Agosto de 2008. Espionaje a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en un viaje oficial a Cartagena de Indias (Colombia).
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