El Poder Judicial margina en el reparto de cargos a los jueces no asociados

Los jueces no asociados, la mitad de los 4.500 que trabajan en España, tienen escasas posibilidades de ocupar altos cargos en la administración de Justicia. En el último año y medio, el Consejo General del Poder Judicial no ha elegido a ningún juez sin adscripción a una asociación para el Supremo, la Audiencia Nacional o las presidencias de Tribunales Superiores de Justicia (aunque sí de sala) o Audiencias Provinciales.

La denuncia de José Manuel Gómez Benitez, vocal del Poder Judicial, sobre los amaños entre miembros del sector progresista y del sector conservador para elegir a amigos o afines a sus asociaciones en los principales cargos judiciales ha desatado una tormenta en el órgano de gobierno de los jueces. Gómez Benítez presentó el martes su dimisión por escrito como miembro de la Comisión de Calificación (la que hace una primera selección de jueces aspirantes a alto cargo) y denunció el mercadeo que existe entre una facción de su propio grupo y el conservador para repartirse los altos cargos de la judicatura.

Las entrevistas a los candidatos a altos cargos serán con audiencia pública

La vocal progresista Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior con el Gobierno de Felipe González, a la que distintas fuentes del Consejo atribuyen los amaños con el sector conservador, acusó ayer a Gómez Benítez de "mentir" y defendió que a los cargos judiciales se les nombra por su mérito y su capacidad. Insinuar, como hizo Gómez Benítez, que los nombramientos esconden otros intereses supone una "falta de respeto" a los jueces, según Robles.

Ella es la líder del subgrupo de vocales progresistas (Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Carles Cruz) que suele pactar con los conservadores los nombramientos sin atenerse a la disciplina del grupo. Y es también la vocal que se jactaba en una carta que ella misma envió al secretariado de Jueces para la Democracia de haber colocado a 18 altos cargos de su asociación, la tercera en afiliados pero la segunda en nombramientos.

Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial, Robles aprovecha el buen entendimiento que mantiene con los dos portavoces del sector conservador, el vicepresidente Fernando de Rosa y Manuel Almenar, para repartirse cargos judiciales. Precisamente, desde el sector de vocales de la derecha, el vicepresidente De Rosa terció ayer en la polémica de los amaños y calificó de "intolerables" los ataques de Gómez Benítez a vocales del Consejo. "En este Consejo somos más de 20 vocales y votamos libremente, y decir que dos personas pueden manipular al resto de vocales para poder determinar los nombramientos hace un flaco favor a la institución".

El ex vocal progresista y actual secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, señaló, por su parte, que "el encaje interno" del Poder Judicial "es complejo, y que es precisamente esa complejidad en la que reside su grandeza". Sobre la dimisión de Gómez Benítez afirmó que es una cuestión "organizativa que debe ventilarse en el seno" del órgano de gobierno de los jueces.

Detrás de la polvareda levantada subyace la crisis que atraviesa el grupo progresista del Consejo y la frecuente indisciplina de Robles y otros vocales que suelen unir sus votos a los nueve que tiene el sector conservador para sumar los tres quintos (13 votos) que permiten elegir a los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de tribunales superiores de justicia, las plazas más codiciadas.

Algunos vocales progresistas suscriben las quejas de Gómez Benítez, pero otros señalan que su enfado obedece a que "se ha quedado solo y sin apoyos en el Consejo y no rasca bola en los nombramientos". La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, también irrumpió ayer en la gresca desatada y calificó la dimisión de Gómez Benítez de "rabieta de niño". La APM tiene asociados al 29% de los jueces pero se lleva el 45% de los nombramientos.

Para acabar con estos amiguismos, el Consejo pretende aprobar el jueves un reglamento que establece que las entrevistas de jueces que aspiren a altos cargos serán públicas. La publicación por este periódico de algunas entrevistas, entre ellas, la del aún presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa, que aspira a la reelección, o la de todos los candidatos a la presidencia de la Audiencia Nacional, enfadó a los vocales conservadores y alentó la petición de los progresistas para que los exámenes sean públicos. En el pleno de mañana se le dará luz verde definitiva.

La portavoz del Consejo, la vocal progresista Gabriela Bravo, defendió ayer los nombramientos, el mérito y capacidad de los elegidos, y el nuevo sistema de entrevistas públicas, "una apuesta firme y decidida por la transparencia en la elección de los mejores".