El Poder Judicial investigará los cobros de Garzón

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad investigar la estancia en Nueva York del juez Baltasar Garzón, durante la que cobró 200.000 dólares por su actividad docente, además de su sueldo. El CGPJ adoptó este acuerdo a la vista del auto del Tribunal Supremo que le atribuye una "falta muy grave" de faltar a la verdad al no haber pedido la compatibilidad para ejercer actividades retribuidas durante su licencia de estudios en Nueva York.

Fuentes del Poder Judicial explicaron que no se ha abierto ningún expediente disciplinario a Garzón y que a la vista de la documentación que remita el Supremo será cuando la Comisión Disciplinaria decidirá si abre expediente o archiva el asunto. La información previa del Consejo por denuncia de un abogado iba a ser archivada hoy, pero el auto del Tribunal Supremo, divulgado precisamente ayer, pese a estar fechado el 2 de febrero, ha determinado la apertura de diligencias informativas.

Al haber pasado más de dos años, la supuesta falta estaría prescrita

Fuentes cercanas a Garzón afirmaron que la petición de la licencia de estudios para realizar una actividad no jurisdiccional implica por sí misma una petición de compatibilidad para realizar actividades retribuidas. No lo entiende así el ponente del Supremo, Luciano Varela, que sostiene que Garzón no advirtió al Poder Judicial de los ingresos percibidos, ni consta que le autorizasen la compatibilidad para la actividad de docencia retribuida. Y añadía que las cantidades superarían con mucho los límites fijados en la ley 53/1984 sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Otras fuentes, sin embargo, indicaron que esa norma no sería aplicable al caso de Garzón, dado que se refiere a la compatibilidad entre dos puestos del sector público, mientras que los honorarios del juez procedían de un servicio del sector privado en el extranjero.

El propio juez desmintió ayer que haya tratado de ocultar las cifras que percibió como profesor en Nueva York y que actuara con mala fe o con afán de ocultar al Consejo información sobre sus retribuciones. Garzón indicó que si hubiera tenido intención de no informar de sus retribuciones no habría declarado sus ingresos al fisco de EE UU y al español, tal y como hizo. Y se extrañó mucho de que este asunto salga cuatro años después, coincidiendo con los ataques generalizados que está sufriendo tras presentar su candidatura a la presidencia de la Audiencia Nacional, informa José Yoldi.

Dado el tiempo transcurrido desde los hechos, la Comisión tendrá que estudiar si la supuesta falta apreciada por el Supremo está prescrita. Fuentes próximas a Garzón indicaron que las faltas disciplinarias muy graves prescriben a los dos años. La supuesta falta de no decir la verdad se habría cometido en noviembre de 2004 al pedir la licencia de estudios y al pedir la prorroga en diciembre de 2005. Incluso tomando como fecha la vuelta a España de Garzón, en junio de 2006, la falta habría prescrito en junio de 2008.