El Poder Judicial convoca un pleno urgente para suspender al juez

Más rápido, imposible. El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial se alió ayer con las prisas del Tribunal Supremo para suspender cuanto antes de funciones al juez Baltasar Garzón. Siete vocales del ala afín al PP forzaron ayer con sus firmas la convocatoria de un pleno extraodinario urgente para mañana, viernes, a las once. Con un único punto en el orden del día: apartar a Garzón de su juzgado de la Audiencia Nacional.

Nunca una resolución judicial había llegado con tanta velocidad a la sede del Consejo instando colateralmente la suspensión de un juez que, según distintas fuentes del Consejo, será automática: la ley obliga al Poder Judicial a suspender provisionalmente de funciones a los magistrados contra los que se abra formalmente un juicio oral. Habrá votación en el pleno extraordinario, pero quien se oponga "puede incurrir en prevaricación por votar a algo a sabiendas de que vulnera la ley", señalan fuentes del Consejo.

El Consejo discrepa sobre si cabe autorizarle como asesor y suspenderle

La Permanente demoró su reunión para recibir el auto del juez Varela

Ayer, se conjugaron todas las celeridades para apartar cuanto antes a Garzón de la judicatura. Como si una mano oculta guiase los momentos. A primera hora de la mañana, el juez del Supremo Luciano Varela -instructor de las diligencias contra Garzón por la causa de los crímenes franquista- difundió su auto de apertura de juicio oral contra el magistrado. Apenas dos horas después, esa resolución ya estaba en las manos del presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar. A Dívar, a su vez, se la había hecho llegar, ipso facto, el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra. Sorprendía tanta sincronización en una justicia que nunca se ha caracterizado por la celeridad. La Comisión Permanente del Consejo, que suele empezar sus sesiones sobre las once de la mañana, demoró el comienzo de la de ayer un par de horas. Empezó pasada la una de la tarde. Para entonces, a Dívar, que preside la permanente, ya le habían llegado varios documentos: el auto de Varela y siete firmas de vocales conservadores exigiendo el pleno urgente. ¿Por qué tantas prisas? Porque en el Supremo y en ciertos sectores del Consejo se ha interpretado como una maniobra dilatoria la petición de Garzón, concretada el martes, de pedir al Consejo que le conceda estar durante siete meses en comisión de servicio como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya.

La Comisión Permanente también acordó ayer solicitar con urgencia dos informes, uno a la citada fiscalía de La Haya para que concrete cuál sería el cometido de Garzón allí, y otro al Ministerio de Asuntos Exteriores, para que valore la conveniencia para España del traslado de Garzón.

Nunca antes el Consejo se había enfrentado a una situación similar, un juez abocado a la suspensión que pide permiso para irse en comisión de servicios. Y es importante qué decisión se adopta antes. Una puede influir sobre la otra. De momento, lo único que hay formalmente convocado es el pleno extraordinario, el de la suspensión. Pero no es descartable que los papeles urgentes pedidos a La Haya y Exteriores lleguen en cualquier momento antes del pleno del viernes. Algunos ya habían llegado anoche. Autorizar a Garzón la comisión de servicio en la Haya puede hacerlo la Permanente, que tiene plena competencia para ello (aunque sus decisiones son recurribles ante el pleno), y bastan 24 horas de antelación para convocar una permanente. Pero tanta celeridad sería anormal. Depende de Dívar. Fuentes del sector progresista entienden que también cabe suspender a Garzón (no quedaría inhabilitado como juez) y autorizarle a ir a La Haya. En el sector conservador señalan, en cambio, que si se le suspende como juez no cabe avalarle para estar en la Corte Penal.