PSOE y PP, dispuestos a ceder en una de las reivindicaciones de los jueces

El PSOE y el PP están dispuestos a acceder a una de las principales reivindicaciones de los jueces en su conflicto contra el Gobierno: el mantenimiento de su potestad para establecer los señalamientos en el juzgado.

El proyecto de ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial establece que esa competencia pasaría de los jueces a los secretarios judiciales. El proyecto se tramita en este momento en la Comisión de Justicia del Congreso y el plazo de enmiendas terminará el 10 de febrero.

Fuentes socialistas de esa Comisión aseguran que están dispuestos a negociar con el resto de grupos parlamentarios en la Cámara una enmienda a ese precepto para que los jueces mantengan el control de la agenda de señalamientos de los juzgados o, al menos, no lo pierdan totalmente. De hecho, ya trabajan para encontrar una salida.

Por su parte, el PP coincide con las asociaciones de jueces en el rechazo a este precepto, a pesar de que comparte el conjunto de la norma, que se incluye en las líneas generales del pacto de Estado de la Justicia cerrado por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy hace seis meses.

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, negocia estos días con las asociaciones de jueces y con los secretarios judiciales para lograr un punto de encuentro sobre esa reforma. La intención del PP es buscar una solución intermedia entre el texto del proyecto y la situación actual, de tal forma que se desactive el rechazo de los jueces a este cambio de funcionamiento de las oficinas judiciales

El resultado de esa negociación se plasmará en una enmienda que prepara el PP al proyecto de ley que tramita el Congreso.

Modificación pactad a

Trillo rechaza la huelga, pero avala gran parte de las reivindicaciones, incluida esta objeción al proyecto de ley. Por eso, negocia estos días de forma reservada para llevar al Congreso, en forma de enmienda, la posición pactada con las asociaciones de jueces y con los secretarios judiciales.

El Gobierno sostiene que la nueva regulación no anula la supervisión del juez. Añaden que lo que se busca es descargar al juez de tareas organizativas para que se concentre en sus funciones jurisdiccionales. Explica que en el sistema actual, no hay nadie que sea responsable de los señalamientos de juicios, lo que da lugar a un alto número de suspensiones. No obstante, los socialistas están dispuestos a mejorar el texto que remitió el Gobierno en diciembre.

El proyecto de ley, que recibió el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial, responsabiliza al secretario de la fijación de fechas de juicio, de las citaciones de testigos y peritos. Intenta también racionalizar el uso de las salas de vistas para que las pueda utilizar un tribunal cuando no esté juzgando otro. Para ello se establece que lo haga un servicio centralizado o con la gestión de una agenda programada.

Sin embargo, las asociaciones judiciales se oponen, hasta el punto de convertirlo en uno de los principales puntos de sus reivindicaciones.

Consideran que debe ser el juez el que decida la disponibilidad de las salas de vistas y marque la agenda del juzgado, ya que es el que tiene el control del proceso.