Mutismo institucional sobre el bloqueo de Sol

No hay respuestas sobre cómo se va a proceder ni porqué se actuó de esa forma. Ni la Delegación de Gobierno ni el Ayuntamiento de la capital ofrecen información sobre el dispositivo conjunto que están llevando a cabo para impedir que el Movimiento 15-M vuelva a ocupar alguna plaza de la ciudad, sobre todo la de la Puerta del Sol. Desde que el pasado martes la policía desalojó a los últimos indignados de esta plaza, contra el criterio que se había seguido hasta el momento de tolerancia y mera vigilancia, ninguna de las dos administraciones acceden a contestar a preguntas sobre el operativo. No se pronuncian ni sobre cuál fue el motivo de elegir este momento para expulsarles de la plaza -tras 79 días de ocupación pacífica- ni porqué se decidió bloquear el acceso al kilómetro cero.

"Se han adoptado criterios de seguridad con carácter general que se van concretando según se desarrollan las circunstancias para garantizar la seguridad ciudadana", es la contestación que ofrecen desde la Delegación de Gobierno. En el consistorio se limitan a derivar al departamento que dirige Maria Dolores Carrión, y en la Jefatura Superior de Policía dicen que ellos se dedican a cumplir órdenes. Lo que sí se precisa desde la dirección policial es que, salvo una instrucción en sentido contrario, se continuará actuando como hasta ahora, lo que indica que se seguirán cortando los accesos a las calles y plazas.

El Gobierno: la policía hace lo correcto

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha roto el silencio sobre el asunto, pero lo ha hecho para pedir respeto y defender los pasos seguidos. "Hay que respetar la actuación de la policía, del ministerio del Interior que está haciendo lo correcto. En cuanto a las peticiones, a veces poco explícitas o poco coherentes que se hacen desde estos movimientos, hay que escuchar y tratar de dar respuesta a todo lo que sea razonable", ha dicho la ministra en la Cadena SER.

El Ministerio del Interior, sin embargo, se resiste a entrar en detalles. Una portavoz insiste en que "desde el primer momento el criterio es actuar con proporcionalidad y oportunidad, intentando siempre evitar males mayores". A su juicio, así ha actuado la policía desde que los primeros indignados se instalaron en el kilómetro cero en mayo. La portavoz asegura desconocer qué factores son los que han llevado a cerrar la Puerta del Sol y la estación del metro y cercanías que hay debajo, lo que supone un drástico cambio de actitud de las autoridades. "Concretamente no sé por qué se toma cada decisión", afirma y dice desconocer si estas medidas tienen alguna relación con la próxima visita del Papa Benedicto XVI a la capital. Recalca que la actuación de "la policía está siendo contenida".

"Errores políticos"

El bloqueo de la plaza ha sido cuestionado el principal sindicato de la policía. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ha asegurado en la SER que se han producido "errores políticos" al impedir el derecho a la libre circulación de los ciudadanos. "Alguien se ha empeñado en que como los indignados han tomado la Puerta del Sol como un símbolo, pues nosotros también tenemos que tomarla como demostración de que no les vamos a dejar instalarse allí", ha afirmado Fornet. A través de un comunicado, el SUP ha pedido que se busque un término medio entre dejar libre acceso a la plaza y no permitir que se instalen tiendas de campaña: "No podemos pasar de permitir una acampada chabolista durante meses a cortar el libre tránsito por la plaza, desviando los autobuses, cerrando el metro y acordonando la zona como si fuera el Congreso de los Diputados el 23-F".

No es la primera vez que el sindicato critica el dispositivo. Ayer, se solidarizó con las protestas de los indignados, acusó a la delegada del Gobierno de exigir que incumplan la ley y se quejó de las largas jornadas que suman los agentes, que no saben cuánto van a durar.

La decisión de desalojar a los últimos acampados se tomó "de manera conjunta" entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior, según informó ayer a este periódico un portavoz municipal. Ambas instituciones "decidieron, prepararon y ejecutaron" de común acuerdo la operación. Entre el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y el ministro, Antonio Camacho, hay una "total sintonía", se precisó.

Durante los dos meses y medio que ha durado la protesta, tanto el Ayuntamiento como el Gobierno regional han exigido a Interior que desalojara la plaza y que hiciera cumplir la ley y han llegado a acusar a la delegada y al ministro de negligencia y de incumplir el juramento que hicieron al jurar sus cargos. Una vez levantado el grueso de la acampada, el 13 de junio, seguían reclamando a Interior que terminara con los últimos vestigios de la protesta: el barracón informativo y las pocas tiendas de indignados que lo rodeaban. Sin embargo, la Delegación del Gobierno se escudaba en que era una cuestión municipal y que tenía que ser el Ayuntamiento el que concediera o no permiso al 15-M para mantener un puesto fijo en Sol. El Ayuntamiento, por su parte, pasaba el balón al tejado de la delegada, al afirmar que era un asunto de orden público. En los últimos días, Ayuntamiento y delegación se pusieron de acuerdo en acabar con el conflicto.