Multa de 2.700 euros por prender fuego a fotos del Rey

Los independentistas catalanes Jaume Roura y Enric Stern fueron condenados ayer a pagar una multa de 2.700 euros como autores de un delito de injurias a la Corona. El juez de lo Penal de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia resolvió in voce que los acusados, encapuchados, quemaron varias fotografías de los Reyes el pasado 13 de septiembre en la plaza del Vino de Girona para protestar por la visita oficial de don Juan Carlos a la ciudad.

Los hechos no revistieron ninguna duda, puesto que los propios independentistas reconocieron en el juicio que habían quemado las fotos de los Reyes como un acto simbólico de protesta en el curso de una manifestación antimonárquica. Como la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene establecido que la quema de fotografías del Monarca constituye un delito de injurias, porque la acción está destinada al descrédito y menosprecio de la Monarquía, la condena era obvia.

Lo que no fue obvio fue que el juez se negó a suspender la vista, a pesar de que lo pidieron la defensa y el fiscal, por no haber traductor de catalán para que los acusados pudieran expresarse en su propia lengua.

El idioma

Desde hace más de 20 años, los etarras hablan en euskera en la Audiencia Nacional sin ningún problema, pero el juez Vázquez Honrubia alegó que el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga al uso del castellano en los tribunales, salvo que se esté en una comunidad cuya lengua también sea oficial, lo que no ocurre en la de Madrid.

Si eres español, dijo el juez, no tienes derecho a intérprete fuera del territorio de la comunidad autónoma a la que perteneces. Los imputados conocen perfectamente el castellano, por lo que a su entender, no les causa indefensión.

Sin embargo, la Audiencia Nacional es un órgano con jurisdicción en toda España y los hechos que se juzgaban habían ocurrido en Cataluña. El derecho constitucional de los acusados parecía evidente, pero el juez no lo estimó así. Instó repetidamente a los acusados a que hablaran en castellano, pero ellos se negaron. "Este es un juicio político. Se nos juzga por nuestras ideas y lo está haciendo un tribunal de excepción", dijo Stern en catalán.

El fiscal había reclamado inicialmente una pena de 15 meses de prisión, que luego sustituyó por una multa de 5.460 euros para cada uno de los acusados. El juez apreció que uno de los acusados es estudiante y el otro está en el paro, por lo que aún avisándoles de que la sentencia que merecían era los 15 meses de prisión, sustituyó el encarcelamiento por una multa de 2.700 euros, atendiendo a su situación económica.

El abogado defensor, Benet Salellas, anunció que recurrirá en apelación y fuentes de la Audiencia aseguran que la sentencia acabará siendo anulada o por la propia Audiencia o por el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, como es el caso del idioma.