Marruecos utiliza la religión para controlar a sus inmigrantes en España

Marruecos ha elaborado "una estrategia de gran magnitud" en España. "Diseñada y desarrollada por el régimen, su objetivo es extender su influencia e incrementar el control sobre las colonias marroquíes utilizando la excusa de la religión", subraya el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un informe secreto remitido en mayo por su director, el general Félix Sanz Roldán, a los ministros de Interior, Exteriores y Defensa.

Los ministerios del Interior y de Justicia comparten esta opinión del servicio secreto. Rabat "tiene como objetivos prioritarios el control de su colonia

[unas 760.000 personas, a las que hay que añadir otras 70.000 que adquirieron la nacionalidad] para detectar movimientos opositores al régimen y evitar la aparición de corrientes islamistas ajenas a la dominante" en Marruecos, señalan en otro informe confidencial elaborado conjuntamente en 2009.

Una fundación real imparte bajo cuerda clases de islam en colegios españoles

La "principal herramienta de control" que emplea Rabat es, según el CNI, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas cuyo presidente, Mohamed Ali, es un español ceutí que propugna la "devolución" de la ciudad a Marruecos.

La Federación distribuye sus fondos "no solo entre sus miembros, sino entre aquellas asociaciones que se muestran dispuestas a seguir las directrices de Rabat". En Cataluña, sin embargo, el principal destinatario de las subvenciones marroquíes es el Consell Islàmic Cultural de Catalunya.

Al dinero público se añade el de los particulares. "Empresarios marroquíes afines al régimen y afincados en España" hacen también sus contribuciones. "Las aportaciones de Marruecos a las comunidades musulmanas alcanzan cantidades sumamente importantes", concluye el servicio secreto, sin dar estimaciones globales.

En Marruecos se practica el Islam malekita, considerado moderado en relación al wahabita o salafista que rige en Arabia Saudí. Interior y Justicia señalan que Rabat controla centenares de las 998 mezquitas registradas en España, a las que se añaden cientos de oratorios cuyo rito es siempre el malekita.

Pero no ejerce tanto esa supervisión a través de la Federación, como sostiene el CNI, sino "a través de su Embajada y consulados (...), personal afín y de la Fundación Hassan II" que preside la princesa Lalla Meryem, hermana del rey Mohamed VI, y cuyo presupuesto no se somete al control del Parlamento marroquí.

En su informe de mayo sobre La financiación del islamismo en España, el CNI brinda otro ejemplo de la utilización del islam con fines políticos. En noviembre 2008, recuerda, "el Ministerio de Asuntos Islámicos de Marruecos convocó y financió íntegramente una reunión, en Marraquech, a la que asistió un gran número de imanes y responsables de comunidades islámicas en España".

Allí se les prometió "financiación para sus asociaciones y mezquitas a cambio de someterse al control del régimen y adherirse a sus postulados". La estrella de aquel encuentro fue Yassin Mansouri, jefe del principal servicio secreto exterior marroquí (DGED), que dio incluso una charla al clero.

Un buen número de imanes residentes en Europa rehusaron acudir a esa cita. Los Países Bajos protestaron incluso ante Marruecos por esa "intromisión" en sus asuntos internos, pero España optó por no hacerlo.

En el informe Los musulmanes y las comunidades musulmanas de España, Interior y Justicia se muestran, por su parte, muy críticos con las clases de lengua y cultura marroquí que, costeadas por la Fundación Hassan II, se imparten en más de un centenar de centros escolares públicos con fuerte proporción de alumnado inmigrante.

Esas clases obstaculizan, según el informe, la integración de los chavales inmigrantes en la sociedad española. "Es una herramienta para enseñar a los hijos de sus emigrantes a ser marroquíes" y no españoles, recalca.

"El carácter periférico de las clases (fuera del horario lectivo y con un alumnado compuesto solo por hijos de inmigrantes marroquíes), un profesorado exclusivamente marroquí y la utilización de materiales y pedagogías habituales en Marruecos, pero muy diferentes a las utilizadas en España, son elementos que contribuyen a que estos jóvenes interioricen profundamente la diferencia" con los españoles, constatan ambos ministerios.

"En definitiva, al Estado marroquí se le permite seguir manteniendo el control sobre sus ciudadanos en el exterior", prosigue el informe. "Control que, con respecto a los niños, se ejerce a partir del aprendizaje de la lengua y cultura oficial del Estado".

Pero esas clases llevan aparejada "la enseñanza religiosa musulmana". Para Interior y Justicia, ese añadido es "difícil de aceptar desde el punto de vista de la configuración de la enseñanza de la religión en nuestro sistema educativo".

Si Marruecos imparte subrepticiamente clases de islam es en parte debido a que ninguna de las comunidades autónomas que tienen la educación religiosa transferida cumplen con su deber, según el informe ministerial.

No lo hace ni siquiera Cataluña, donde están escolarizados decenas de miles de musulmanes pese a que la legislación estipula que basta con que haya diez solicitudes en un centro para que se proporcione a esos alumnos un profesor de religión.

Allí donde esa competencia no está transferida (Andalucía, Aragón, País Vasco, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla), el Estado sí tiene en su nómina a medio centenar de profesores de islam que no dan abasto.

¿Por qué hacen dejación de funciones las autonomías y dejan en manos ajenas la formación religiosa? Interior y Justicia dan cuatro razones: para ahorrar, porque desconfían del profesorado disponible, porque desconfían de los contenidos de los libros de texto (el grueso de los cursos solo están disponibles en árabe), y porque "se percibe al islam como amenaza y un asunto de extranjeros".

Los Ayuntamientos tampoco tienen, según el informe ministerial, un enfoque "positivo y acogedor" de las comunidades musulmanas. Les obligan con frecuencia a inscribirse en sus registros, algo innecesario si ya están apuntadas en el de Justicia. Cuando quieren dar de alta un templo, les aplican la normativa de locales de ocio, incluso la de discotecas, o les mandan al polígono industrial, algo que nunca harían con la Iglesia católica.